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¿Juicio por narcotráfico logrará romper los lazos entre EE. UU. y Honduras?

CACHIROS / 15 MAR 2021 POR ALEX PAPADOVASSILAKIS ES

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, volvió a ser el centro de atención en un importante juicio por narcotráfico en Estados Unidos, lo que genera serias dudas sobre la futura cooperación entre ambos países.

En la candente primera semana del juicio del presunto narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, que comenzó el 8 de marzo en Nueva York, surgieron testimonios condenatorios según los cuales el presidente Hernández habría recibido sobornos de narcotraficantes, pero dichos testimonios fueron mucho más directos de lo que quizás incluso el mismo presidente lo habría esperado.

Desde el principio, los fiscales federales lanzaron acusaciones en contra del presidente Hernández, diciendo incluso que había recibido un soborno de US$25.000 por parte del acusado a cambio de proporcionar protección política y legal para operaciones de narcotráfico.

Como parte de dicho acuerdo, Hernández —no acusado como coconspirador en el caso— habría obtenido acceso a una "fábrica de cocaína" con capacidad para producir cientos de kilos de cocaína al mes, como alegan los fiscales.

Estos también señalan que Hernández, conocido generalmente por sus iniciales JOH, había dado instrucciones a Fuentes Ramírez para que trabajara con su hermano, Juan Antonio "Tony" Hernández, quien fue condenado por narcotráfico en Nueva York en octubre de 2019.

VEA TAMBIÉN: Senadores de EE. UU. buscan sancionar a presidente de Honduras por crímenes

Entre los testigos que ofrecieron su declaración se encontraba un rostro familiar: el narcotraficante hondureño Devis Leonel Rivera Maradiaga, exjefe del cartel de Los Cachiros que en 2019 testificó en el juicio de Tony Hernández. Durante el interrogatorio del 11 de marzo, Rivera Maradiaga afirmó que Fuentes Ramírez le había pagado dos sobornos al presidente Hernández a cambio de que le ofreciera protección para no ser arrestado en Honduras.

Rivera Maradiaga también implicó a los familiares y aliados de Hernández. Dijo que Los Cachiros le pagaron un soborno en efectivo de US$250.000 a la hermana del presidente, Hilda Hernández, cuando él era candidato presidencial en 2012, a cambio de "protección de que no nos fueran a arrestar en Honduras" y "para que mi hermano y yo no fuéramos a ser extraditados a Estados Unidos".

Como parte del acuerdo, Hernández también les proporcionaría a Los Cachiros contratos estatales que estos utilizaban para lavar dinero de la droga, según afirmó Rivera Maradiaga.

Los Cachiros también le pagaron un soborno de US$500.000 en 2012 al actual vicepresidente de Honduras y entonces candidato presidencial, Ricardo Álvarez, de nuevo con el fin de obtener protección contra arrestos, así como contratos estatales, como testificó Rivera Madariaga.

“Álvarez prometió que iba a anular la ley de extradición entre Honduras y los Estados Unidos”, afirmó el testigo.

Álvarez negó inmediatamente las acusaciones mediante un comunicado en Twitter.

Antes del testimonio de Rivera Madariaga, la fiscalía mostró fotos del presidente Hernández, en los que se le ve sonriente con el hijo y el hermano de Fuentes Ramírez. Las fotos fueron halladas en el teléfono celular de este último, el cual fue confiscado por la policía en el momento de su detención.

En el teléfono también se encontraron un número de teléfono y una dirección de correo electrónico de Hernández, aunque no se hallaron comunicaciones directas entre los dos hombres, según declaró un testigo experto de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA).

El presidente Hernández ha negado en repetidas ocasiones cualquier conexión con el narcotráfico, alegando que las acusaciones se basan en testimonios de criminales convictos que buscan una "llave mágica" para reducir sus condenas —expresión que repitió en Twitter el día de apertura del juicio.

Unas semanas antes del juicio, un grupo de senadores estadounidenses propuso un proyecto de ley para sancionar al presidente hondureño por corrupción y abusos contra los derechos humanos.

Análisis de InSight Crime

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha alegado en numerosos documentos judiciales que el presidente Hernández recibió millones de dólares en sobornos para proteger narcotraficantes. Pero ahora también está en la mira de funcionarios del Departamento de Estado y del Congreso de Estados Unidos, tras las últimas declaraciones en corte abierta.

El gobierno de Trump consideró a Honduras como un aliado clave en la lucha contra el crimen organizado —lo suficientemente importante como para compartir información confidencial antinarcóticos—. Durante la administración Trump, la Casa Blanca y el Departamento de Estado mantuvieron a Hernández de su lado; incluso después de que fue mencionado como coconspirador en el juicio de su hermano por narcotráfico en 2019.

Pero la nueva administración del presidente Joe Biden y las crecientes acusaciones contra Hernández por parte de fiscales federales han abierto la puerta para que el Departamento de Estado y el Congreso tomen una postura mucho más firme con respecto al presidente hondureño.

"Parece que el Gobierno de Estados Unidos ha decidido que su relación con JOH es insostenible", dijo un exfuncionario de alto rango del Departamento de Estado que fue consultado por InSight Crime.

Las recientes declaraciones del funcionario del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, y de su homólogo de la era Obama, Dan Restrepo, "dejan claro que Estados Unidos ha decidido que no negociará con líderes centroamericanos que están acusados de graves actos de corrupción", señaló el funcionario.

VEA TAMBIÉN: Un partido, muchos crímenes: el caso del Partido Nacional de Honduras

Roberta Jacobson, quien por mucho tiempo se ha desempeñado como funcionaria del Departamento de Estado y es actualmente embajadora de la frontera sur, concuerda con dichas afirmaciones. Cuando en una rueda de prensa en la Casa Blanca el 10 de marzo se le preguntó sobre las acusaciones de narcotráfico contra el presidente Hernández, dijo que los fondos de un paquete de asistencia propuesto por US$4.000 millones para Centroamérica no se les entregarían a los líderes gubernamentales.

La representante Norma Torres, demócrata de California, fue mucho más contundente: "Reserve su cocaína y sus mentiras sobre la lucha contra la corrupción de la que usted hace parte para alguien más tonto que se las crea", dijo en un tuit durante el juicio.

El senador Patrick Leahy, demócrata de Vermont que hizo parte de un grupo de senadores que firmaron el proyecto de ley para sancionar a Hernández, también emitió un comunicado de prensa durante el juicio, en el que decía que "la administración Biden y el Congreso de Estados Unidos deberían reevaluar nuestras relaciones con gobiernos (centroamericanos) que son la antítesis de socios confiables".

Sin embargo, es posible que el gobierno de Biden sea reacio a cortar completamente sus relaciones con el presidente Hernández, en las que parece confiar el asediado mandatario. Al inicio del juicio, Hernández amenazó con romper lazos con Estados Unidos, diciendo en un tuit que la cooperación internacional antinarcóticos de Honduras colapsaría si las autoridades estadounidenses continúan creyendo en el "falso testimonio" de narcotraficantes. Honduras, uno de los puntos de tránsito más importantes de América Latina para la cocaína con destino a Estados Unidos, ha trabajado durante mucho tiempo con el país norteamericano en operaciones antidrogas.

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