Un registro gubernamental en Brasil ha sido utilizado para declarar millones de hectáreas de selva amazónica como tierras rurales, en un proceso que, según los críticos, promueve el acaparamiento de tierras y la deforestación, con aprobación oficial, por parte de actores criminales.
Según un estudio del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM), en el año 2020, cerca de 19 millones de hectáreas fueron apropiadas en el Amazonas brasileño. Gran parte de estas tierras fueron legalizadas de manera fraudulenta por los denominados grileiros (o "ladrones de tierra"), quienes invaden terrenos para deforestarlos y luego venderlos a terceros inversores.
De acuerdo con dicho estudio, los grileiros aprovechan el Catastro Ambiental Rural (CAR) de Brasil. Mediante este registro, los ocupantes de las tierras que aún no han sido designadas para un uso en particular, como la minería, o como un parque nacional, pueden reclamar dichas tierras como suyas, sin importar si hacen parte de la selva amazónica.
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Una vez apropiadas, estas tierras se destinan principalmente a la ganadería extensiva y el monocultivo de productos como la soya, además de actividades ilegales como la tala y la minería, según reportó el medio Mongabay en 2019.
Según un informe escrito por investigadores del IPAM y otros expertos en 2020, unos 50 millones de hectáreas de selva amazónica permanecen en el limbo, en tanto el gobierno espera definir a quién pertenecen y con qué propósito se utilizarán.
De estas, 11,6 millones de hectáreas han sido registradas ilegalmente como propiedad privada.
Análisis de InSight Crime
La falta de acción del gobierno brasileño en la Amazonía se ha convertido esencialmente en un apoyo tácito a los grileiros y a su creciente acaparamiento de tierras.
La invasión ilegal de tierras, y la deforestación concomitante, no es un problema nuevo en esta región. Pero es difícil imaginar un nivel tal de acaparamiento de tierras sin la colaboración de intereses mayores.
Los críticos han prendido las alarmas desde que Bolsonaro ganó la presidencia en 2018. Tras expresar que la política ambiental estaba “asfixiando” al país, Bolsonaro dejó claro que “no habría un solo centímetro cuadrado demarcado como reserva indígena”.
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Los planes que el Ministerio de Minas y Energía anunció en marzo de 2019, relacionados con permitir la minería en territorios indígenas sin el consentimiento de estas poblaciones, fueron la primera evidencia de esta tendencia.
Según el IPAM, los territorios indígenas Ituna/Itatá y Cachoeira Seca presentan un 94% y 15% de ocupación ilegal, respectivamente.
La decisión de Brasil de hacerse el de la vista gorda frente al acaparamiento de tierras es una dádiva para los actores criminales que han dejado claro que llegaron a la Amazonía para quedarse.
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