El lucrativo negocio de domicilios secretos que tenían varios guardias penitenciarios en Colombia ofrece otro ejemplo de la diversidad de servicios a los que pueden tener acceso los privados de la libertad.
Siete guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) fueron arrestados por supuestamente proveer un servicio clandestino de entregas en la prisión Tramacúa, del departamento de Valledupar, noreste de Colombia, según un comunicado de la Fiscalía.
Los guardias del INPEC estarían utilizando un dron para hacer entregas de drogas, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, licor y comidas a los presos de este centro de mediana y máxima seguridad.
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Los bienes de contrabando se ofrecían con un jugoso sobreprecio. Al parecer la entrega de una hamburguesa se cotizaba en unos US$64 y un pedido de arroz chino podía costar un ojo de la cara a los reclusos, por US$100; el alcohol rondaba los US$255; un pedido de marihuana ascendía a unos US$385; y las tarjetas SIM, unos US$515.
Según la Fiscalía General de la Nación, las entregas en la cárcel generaban una renta de poco menos de US$9.000 mensuales, que se repartían entre los siete guardias.
Todo indica que la operación quedó en evidencia por un error de cálculo, cuando el dron, cargado con 18 celulares, aterrizó en el pabellón equivocado. Como resultado, los guardias del INPEC ahora se encuentran del otro lado de las rejas con sus antiguos clientes.
Análisis de InSight Crime
El uso de drones para mover bienes de contrabando en las prisiones se ha generalizado en Latinoamérica y el resto del mundo.
En toda la región se han reportado casos parecidos al de los guardias del INPEC. Además de Colombia, se han conocido incidentes en Ecuador, Chile y Puerto Rico, así como en Estados Unidos, Canadá, Italia, Escocia, Irlanda, Reino Unido y Francia.
En los últimos años, el sistema penitenciario nacional de Colombia ha enfrentado numerosos escándalos de corrupción. Se ha conocido que los funcionarios cobran a los reclusos por beneficios, aceptan sobornos y extorsionan a los privados de la libertad. Pero el uso de drones por parte de guardias carcelarios para hacer despachos al margen de la ley sienta un precedente más exótico.
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Los magros salarios de los guardias carcelarios, que perciben en promedio entre US$208 y US$625 al mes, los hacen blancos fáciles para los reclusos que buscan introducir artículos de contrabando a la prisión y pasar por encima de las normas carcelarias.
En una entrevista con El Tiempo en 2019, Elkin Cárdenas, un guardia con más de veinte años al servicio del INPEC, afirmo que existen varios factores que determinan la corrupción entre los guardias, entre ellos un inadecuado proceso de selección, la temprana edad a la que entran a la institución y la inexperiencia de los reclutas, que pueden ser contratados con 18 años cumplidos. A esto se le suman las largas jornadas de trabajo. Hasta 2021, los guardias podían tener turnos hasta de 24 horas seguidas, pero un decreto aprobado en abril de este año limitó esas jornadas a 12 horas para un total de 44 horas semanales.
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