Un reciente informe publicado por la Facultad de Derecho de Harvard y un Observatorio de investigación en Haití sostiene que las pandillas recibieron apoyo de funcionarios estatales y policías para llevar a cabo diversos ataques que dejaron cientos de muertos, lo que demuestra que el gobierno ha promovido la violencia criminal en los barrios de más bajos ingresos.
Los investigadores afirman que el gobierno del presidente Jovenel Moïse estuvo detrás del patrocinio de masacres, al proporcionarles a las pandillas dinero, armas, uniformes policiales y vehículos gubernamentales que fueron utilizados en tres ataques prolongados en barrios de Puerto Príncipe entre 2018 y 2020, según el informe publicado por el Consultorio Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard (Harvard Law School’s International Human Rights Clinic) y el Observatorio Haitiano de Crímenes de Lesa Humanidad (Observatoire Haïtien des Crimes contre l'humanité – OHCCH).
Según los autores del informe, en la planeación de estos ataques también participaron funcionarios del gobierno, así como agentes de policía fuera de servicio que ayudaron en su ejecución.
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Los ataques más graves ocurrieron entre mayo y julio de 2020, cuando las pandillas asaltaron la comuna de Cité Soleil —ubicada en el área metropolitana de Puerto Principe— matando al menos 145 personas. Las pandillas involucradas en el ataque presuntamente hacían parte del "G9 an Fanmi" (G9 y Familia), una alianza de por lo menos nueve pandillas de la capital haitiana. Esta agrupación de pandillas está dirigida por Jimmy Chérizier, alias "Barbecue", un exagente de policía que tiene antecedentes por haber cometido ejecuciones extrajudiciales.
De acuerdo al informe, a principios de julio del año pasado, dos vehículos blindados pertenecientes a la Policía Nacional "pasaron por una zona que estaba siendo atacada por el G9 y, apuntando a las casas, dispararon contra los transeúntes", matando al menos a cinco civiles.
En noviembre de 2019, Chérizier y miembros de cuatro pandillas —Delmas 6, Base Nan Chabon, Krache Dife y St Martin Street Gang— incendiaron casas y mataron al menos a 24 personas en un ataque que se extendió por cuatro días en el barrio de Bel-Air. El informe indica que varios agentes de policía encubiertos atacaron indistintamente a civiles y pandilleros en los hechos que se registraron en Bel-Air.
Y un año antes, siete bandas armadas al mando de Chérizier llevaron a cabo una masacre en el barrio de La Saline, en la capital, en la que fueron asesinadas al menos 71 personas. En el momento del ataque de La Saline, Chérizier todavía era agente de policía, a la vez que lideraba la banda Delmas 6. Para ese entonces ya era conocido por sus métodos violentos, pues en 2017 había sido vinculado a una masacre en el barrio de Grand Ravine, como señala el informe.
Según algunos testigos, Joseph Pierre Richard Duplan, exfuncionario del gobierno, fue visto durante el ataque de La Saline, hablando con Chérizier y otros líderes de pandillas, como se lee en el informe. En ese momento, Duplan era el "delegado" del departamento de Occidente, uno de los diez representantes gubernamentales nombrados por el presidente Moïse en todo el país. Duplan permaneció durante un año más en el cargo después del ataque.
Chérizier —quien al parecer desempeñó un "papel central" en la planeación y ejecución de cada uno de los ataques en mención— opera con la ayuda de agentes de policía, que "facilitan su movilización y garantizan su seguridad, incluso durante el curso de actividades criminales", según señala una organización haitiana defensora de derechos humanos, conocida como Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (Réseau National de Défense des Droits de l’Homme, RNDDH).
Análisis de InSight Crime
Las conclusiones del informe, según las cuales indican que los asesinatos fueron orquestados por el gobierno, ponen de relieve que el deseo de reprimir a la disidencia política por parte del ejecutivo ha servido de pretexto para estrechar los vínculos entre agentes del Estado y las pandillas locales en la nación caribeña.
Los ataques coordinados han beneficiado tanto a funcionarios estatales como a líderes de pandillas. Mientras que el gobierno ha podido reprimir a la oposición, las pandillas ampliaron su control territorial. De igual forma, los criminales también se fortalecieron gracias al uso de recursos estatales y pagos bajo cuerda por parte de funcionarios.
Como informó InSight Crime el año pasado, varios grupos de derechos humanos sostienen que las maniobras criminales del G9 se han visto beneficiadas por la protección del presidente Moïse.
Las protestas contra el gobierno y las posteriores negociaciones a puerta cerrada entre funcionarios y líderes de pandillas precedieron a ambos ataques, el de los barrios de La Saline y Bel-Air.
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Con base en declaraciones de testigos, el informe señala que Duplan y Fednel Monchéry, exdirector general del Ministerio del Interior de Haití, supuestamente "suministraron armas, uniformes policiales y vehículos gubernamentales a Chérizier y su pandilla", los cuales fueron utilizados en el ataque de La Saline. Los autores del ataque usaron armas automáticas y machetes para atacar a los residentes del barrio.
Naciones Unidas advirtió que la falta de rendición de cuentas contribuyó a que en 2020 aumentaran las ofensivas de las pandillas, incluidos los ataques contra Cité Soleil, donde al parecer se utilizaron recursos policiales en múltiples ocasiones, destaca el informe.
Sin embargo, ese apoyo gubernamental ha llevado a que las pandillas crezcan hasta tal punto que ya no pueden ser detenidas, lo que ha facilitado la expansión de la criminalidad. A principios de este año, InSight Crime informó que los secuestros por parte de las pandillas en Haití han ido en aumento.
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