Al norte del Guaviare, departamento de Colombia donde inicia la selva amazónica del país, los cultivos ilícitos no son la única causa de la deforestación. Investigaciones recientes aseguran que gobernantes y terratenientes se han unido para arrasar con los bosques en un negocio en el que todos ganan.
La captura de los exalcaldes de Calamar y Miraflores, Pedro Pablo Novoa y Jhonivar Cumbe, reveló que durante sus mandatos se propició la deforestación de territorios protegidos en Guaviare para la construcción de una carretera que conecta ambos municipios.
Por este delito la Procuraduría y la Corporación Autónoma Regional emitieron una millonaria multa para los dos alcaldes y el exgobernador del departamento, Nevio Echeverry, quien también estaría implicado en los hechos, según reveló Semana.
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Además del reporte realizado por Semana, el programa Zona Franca desenmascaró la acelerada deforestación en el departamento por cuenta de cultivos ilícitos, siembra de palma de aceite y ganadería extensiva en territorios como la sabana de La Fuga.
“Lo que se está haciendo es una apropiación ilegal de baldíos de la nación de parte de gente que tiene mucho capital y que es capaz de derribar 100 o 200 hectáreas”, declaró Rodrigo Botero, experto ambientalista que visitó la zona recientemente.
Aunque 90 por ciento del departamento es área protegida, el Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) reportó un aumento en la deforestación de al menos 23.071 hectáreas entre 2015 y 2018, un asunto preocupante que todavía no parece tener solución.
Análisis de InSight Crime
En Guaviare, todas las partes parecen ganar con la deforestación. Producto de las economías legales e ilegales que grupos criminales, empresarios, gobernantes y hasta la misma población civil adelantan en el departamento, esta actividad va acabando progresivamente con las opciones de la selva.
Los gobernantes locales son quienes tienen más vínculos con la deforestación. Nebio Echeverry, exgobernador de Guaviare, ha sido señalado de tener fuertes vínculos con terratenientes según documentos entregados a la Fiscalía en 2019.
Echeverry, además de haber estado incluido en la Lista Clinton entre 2010 y 2015, es cercano a Jorge Gaitán, alias “Coco”, Ramón Rojas, alias “Carechimba”, y Saúl Aguirre, quienes fueron durante su administración beneficiarios de jugosos contratos asignados por la gobernación e incluidos en el documento presentado a la Fiscalía, que Zona Franca reveló durante su programa.
De acuerdo con este documento, estas personas, a expensas del aval del ex-gobernador, se habrían apropiado de grandes terrenos para llevar a cabo proyectos agroindustriales de alto impacto que requieren la deforestación del bosque natural.
Sin embargo, no son los únicos culpables. Personas de distintas partes del país llegan para comprar tierra a los campesinos e incurrir en las mismas prácticas. Como consecuencia, cuando los campesinos se desplazan, amplían la frontera agrícola, volviendo a deforestar en el territorio al cual llegan, por lo que el fenómeno sigue en crecimiento.
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El resultado de esta expansión es que campesinos y terratenientes tienden a adentrarse más en la selva, donde aumentan las probabilidades de encontrarse con grupos disidentes de las FARC, conocidos como ex-FARC mafia. Las ex-FARC mafia ganan con esta dinámica, pues pueden cobrar extorsiones a los grandes terratenientes que llegan hasta sus territorios.
Con la deforestación, todas las partes involucradas ganan, ya sea a través de rentas legales o ilegales. Por lo pronto, este fenómeno seguirá en aumento en 2020 si el gobierno no hace lo necesario para detener esta catástrofe.
La respuesta del gobierno de Iván Duque ha estado enfocada en culpar a los cultivos ilícitos, pero en tanto no se reconozca que la ganadería extensiva y el cultivo masivo de palma son también responsables, no habrá actuaciones que permitan detener a quienes compran tierras para estos propósitos.
En el otro extremo, las ex-FARC mafia seguirán dejando que esto pase porque ya no tiene códigos que impidan la deforestación. En tanto puedan cobrar extorsiones y trazar rutas de narcotráfico, todo seguirá funcionando en un interminable círculo vicioso.
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