En solo dos meses, 906 personas fueron detenidas en Jamaica durante los estados de emergencia que se decretaron en todo el país, pero es probable que esta estrategia para reducir los crímenes violentos no produzca resultados a largo plazo.
Los datos de la Policía de Jamaica indican que, durante los estados de emergencia pública que se han implementado en Hannover, St James y Westmoreland, se han detenido 906 personas, de las cuales 811 han sido liberadas después de su enjuiciamiento, según un informe de The Gleaner. Como resultado de esta ola de detenciones masivas, solo 17 personas fueron acusadas de participar en homicidios o tiroteos, y solo dos presuntos pandilleros fueron enjuiciados.
Desde el 30 de abril, los estados de emergencia han otorgado poderes adicionales de manera temporal a las fuerzas de seguridad en esos tres distritos jamaiquinos, lo que le ha permitido al gobierno desplegar el ejército y aumentar la presencia de la policía en ciertas zonas. Además, los agentes pueden parar a las personas, registrarlas y arrestarlas sin que medie una orden judicial.
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La utilización de estas medidas por parte del gobierno de Jamaica no es algo nuevo; en St. James, un estado de emergencia que se extendió por un año expiró en el mes de enero y fue renovado a finales de abril, junto con los de Westmoreland y Hanover. El 7 de julio, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, anunció que se haría lo mismo en la región de St. Andrew South.
El uso de estados de emergencia hace parte de la estrategia del Gobierno para reducir las altas tasas de homicidio en Jamaica: en 2018 se registraron 47 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que representa un total de 1.287 asesinatos. Esta cifra es casi tres veces más que el promedio de América Latina y el Caribe. Holness afirma además que el 70 por ciento de los asesinatos que se cometen en Jamaica están relacionados con pandillas.
Análisis de InSight Crime
A pesar de algunos resultados alentadores a corto plazo, el represivo plan de seguridad de Jamaica podría ser contraproducente en cuanto al control de la delincuencia a largo plazo. Las detenciones masivas durante los estados de emergencia son utilizadas por otros gobiernos latinoamericanos, pero rara vez se han logrado avances sostenibles.
Jamaica tuvo una disminución del 21,7 por ciento en la tasa de homicidios en 2018, y St. James experimentó un descenso del 70 por ciento en los homicidios durante el estado de emergencia que se decretó allí por un año. Sin embargo, durante una conferencia de prensa, Holness dijo que el plan de seguridad actual podría ser insuficiente para detener la violencia criminal. “La verdad es que el nivel de criminalidad está por encima de la capacidad de las fuerzas del orden para responder [de manera efectiva]. En los últimos ocho años ha habido 11.000 asesinatos, y no tenemos suficientes investigadores”, afirmó el primer ministro.
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El ex vicecomisario de policía de Jamaica, Mark Shields, está de acuerdo en que los estados de emergencia y las detenciones masivas tienen limitaciones. “Las empresas de servicios estatales fracasarán si no se implementan planes a largo plazo para mejorar la educación, el empleo y la seguridad, respaldados por un sistema de justicia eficiente”, le dijo a InSight Crime.
Recurrir a los estados de emergencia produce objetivos solamente a corto plazo, como detener temporalmente a las pandillas y tranquilizar a los habitantes al desplegar uniformados en las calles.
Las grandes operaciones que involucran detenciones masivas han sido utilizadas por otros gobiernos en toda la región de América Latina y el Caribe, y sus pocos resultados demuestran la ineficiencia del uso de dicha estrategia.
En El Salvador, detrás de la reciente ola de enfrentamientos con la policía se oculta un patrón de asesinatos extrajudiciales; por su parte, en Argentina, el alto aumento en los arrestos y decomisos de drogas ha sido criticado porque no se enfoca en los grandes narcotraficantes.