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El Estado venezolano, la primera estructura mafiosa que enfrentan los migrantes

ÉLITES Y CRIMEN / 29 NOV 2018 POR UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE VENEZUELA ES

La descomunal estructura de sobornos y extorsiones que enfrentan los venezolanos para salir legalmente del país ha dejado en evidencia, una vez más, la organización criminal que opera dentro del Estados y se aprovecha de los ciudadanos que intentan desesperadamente emigrar de Venezuela.  

Una lista con los montos en dólares, supuestamente cobrados por “gestores” – intermediarios con aparentes conexiones dentro de las instituciones del Estado- a los venezolanos para obtener o renovar pasaportes, legalizar títulos universitarios, recibir o borrar registros criminales y hasta lograr una visa chilena, fue publicada por Bloomberg.

“Hay una lista de sobornos que circula por WhatsApp… al estilo del menú de un restaurante, con las tarifas vigentes: US$4.500 para un pasaporte, US$400 para una visa chilena, US$7.000 para borrar un registro criminal, US$100 para la estampilla que valida los títulos universitarios. Esas son las últimas ofertas de uno de los ‘gestores’ que tienen una gran demanda en toda la ciudad”, dice el reporte de Bloomberg.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Venezuela

En el artículo, que forma parte de una serie de historias que documentan irregularidades y casos de corrupción en Venezuela, se especifica que no es común que los gestores anuncien abiertamente las tarifas, pues saben que lo que hacen es ilegal. “Pero la circulación de esta lista con el cobro por las gestorías de los trámites, pone de relieve hasta qué punto el soborno se ha generalizado aquí”, refiere la publicación.

A mediados de 2018, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, reconoció la existencia de mafias dentro del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), que exigían pagos extraordinarios a los usuarios para entregarles los pasaportes. Incluso en junio de 2018 fue destituido el director de esta institución, Juan Carlos Dugarte, por orden del presidente Nicolás Maduro.

Análisis de InSight Crime

Para poder salir de su país de origen e ingresar legalmente a otra nación todo ciudadano necesita un pasaporte, sin embargo desde hace más de dos años es casi imposible para los venezolanos obtener este documento de identidad con validez internacional mediante las gestiones oficiales.

Desesperados por huir de la difícil situación económica que atraviesa Venezuela, muchos ciudadanos optan por vías no formales e incluso ilegales para obtener el preciado documento. Transparencia Venezuela ha registrado 195 casos de cobros ilegales de pasaportes desde enero de 2017, aunque la cifra real de casos no denunciados parece incalculable.

Funcionarios del SAIME y los intermediarios exigen a los venezolanos astronómicos montos, que van desde US$2.500 hasta US$4.500 (300 veces más que el valor real del documento), a cambio de acelerar el trámite o sacarles el pasaporte sin pasar por el trámite formal. Esto pese a que desde octubre de 2018 el costo oficial de un pasaporte nuevo es de 7.200 bolívares (US$15,6 calculado con el cambio del mercado negro). En ambos casos las cifras son impagables para la mayoría de los venezolanos que reciben un salario mínimo de 1.800 bolívares (US$3,9 al cambio del mercado negro).

La situación es similar para la obtención de certificado de antecedentes penales, legalización de títulos universitarios y otros documentos exigidos por otros países para poder solicitar un estatus migratorio legal y conseguir trabajo.

VEA TAMBIÉN: Restricciones a migrantes de Venezuela estimulan redes criminales en la región

De esta manera, el propio Estado venezolano se ha convertido en el principal victimario de los venezolanos que intentan emigrar. Las estructuras mafiosas y corruptas que operan dentro de las instituciones encargadas de la tramitación y entrega de los documentos necesarios para salir del país se aprovechan de la desesperación de los potenciales migrantes.

Estas estructuras criminales parecen estar tan bien aceitadas que siguen operando, aunque se sustituyan algunas de sus piezas. Por esa razón la destitución del jefe del SAIME hace seis meses no acabó con la corrupción en la institución.

Es así como la migración forzada de venezolanos -que no para de crecer- no solo es un lucrativo “negocio” para el crimen organizado transnacional, dedicado al tráfico y la trata de personas, o para las organizaciones irregulares de Colombia.

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