Tras recibir diversas amenazas, los guardaparques de las zonas protegidas en la Amazonía colombiana abandonan las áreas que resguardan. Estos territorios podrían convertirse en lugares cada vez más controlados por grupos criminales, luego de la decisión de los funcionarios.
Según informaron El Tiempo y Semana en febrero 2020, 20 funcionarios de los Parques Nacionales Chiribiquete (Caquetá y Guaviare); Cahuinarí (Amazonas); Yaigojé Apaporis (Amazonas); La Paya (Putumayo) y Puré (Amazonas) fueron citados por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (ex-Farc mafia) con la intención de comunicarles que debían abandonar dichos territorios, amenazando sus vidas en caso de no acatar la orden.
“No se necesita su presencia porque el control ambiental lo hacemos nosotros. Ya tenemos los respectivos manuales de manejo de los recursos, de pesca, caza y tumba. No queremos a Parques Nacionales aquí”, fue el mensaje que integrantes del grupo Frente Carolina Ramírez de las ex-Farc mafia, dejaron a funcionarios del parque Chiribiquete antes de marcharse.
Lo más preocupante para la comunidad de guardabosques es que esta situación no se limita a estas áreas protegidas. Según un reporte de Mongabay elaborado en noviembre de 2019, desde 2017 grupos legales e ilegales han propiciado campañas de deforestación en zonas protegidas en los departamentos de Meta, Magdalena, La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca y Nariño.
Sumado a esto, el asesinato del guardaparques Yamid Silva en el parque El Cocuy, Boyacá, aumentó la preocupación por la llegada de actores armados a territorios que habían permanecido por fuera del radar y las amenazas de estos grupos.
Según la Fundación Paz y Reconciliación, "las Áreas Protegidas y sus respectivas zonas de amortiguamiento son objeto de quemas y talas ilegales por parte de campesinos que ya no encuentran a su paso el freno de un actor armado en la zona y tampoco su regulación".
VEA TAMBIÉN: Cómo la deforestación sirve al crimen organizado en Colombia
Además, la falta de presencia estatal en esas zonas deja a los guardaparques vulnerables a los criminales que allí operan y se dedican a actividades como la siembra de cultivos ilícitos, la extracción ilegal de minerales y la deforestación para la apertura de vías por donde transportar sus mercancías, entre otros.
Análisis de InSight Crime
Con la salida de los guardaparques y la lejana probabilidad de intervención de otras autoridades, el escenario más probable es que los grupos criminales operen con mayor impunidad, poniendo en riesgo la ya vulnerable riqueza natural de Colombia.
En entrevista con InSight Crime, funcionarios del Parque Nacional Natural Amacayacu en Amazonas —que pidieron reservar su identidad por seguridad—aseguraron que después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el tráfico de drogas se incrementó en esa zona.
Los ríos Cotué, Amacayacu y Putumayo se han convertido en las principales rutas de narcotráfico y contrabando de gasolina destinado al procesamiento de droga y la minería ilegal.
Las ex-Farc Mafia ejercen un fuerte control sobre estas economías ilegales, asegurando el paso de cargamentos de cocaína y marihuana, a la vez que supervisan las dragas que buscan sacar minerales preciosos de los lechos de los ríos.
VEA TAMBIÉN: Contaminación con mercurio de minería ilegal afecta a indígenas de Colombia
Esta dinámica, sin embargo, no es nueva. Los grupos disidentes están reciclando viejas tácticas de control sobre estas zonas que, aunque están protegidas por la ley, siempre han estado abandonadas por el Estado.
Como respuesta, el Gobierno de Iván Duque creó una serie de operaciones especiales como la Operación Artemisa, que busca, a través de un gran despliegue militar, atacar a estas redes criminales.
Hasta ahora, estas operaciones se han enfocado en la incautación de algunos de bienes y la captura de algunos miembros del grupo de bajo rango, y no han dado golpes serios a las redes criminales en los parques nacionales.
SUSCRIBIRME