Tras el asesinato de tres oficiales navales en una región dominada por el crimen organizado, el gobierno de Guatemala ha instaurado la ley marcial, y a la vez ha llamado la atención sobre el hecho de que el país se está convirtiendo en un productor de cocaína.
Los tres miembros de la marina guatemalteca fueron asesinados el 3 de septiembre pasado en la aldea Semuy 2 de El Estor, Izabal, por un grupo que, según el Gobierno, está ligado al narcotráfico y al crimen organizado, reportó Prensa Libre. Al día siguiente, el presidente Jimmy Morales decretó los estados de sitio que luego fueron ratificados por el Congreso.
Las versiones oficiales sobre lo ocurrido en El Estor han sido confusas y han cambiado. El presidente Morales incluso dijo que algunas organizaciones comunitarias de la zona están vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado, aunque no presentó prueba alguna de sus afirmaciones.
Si bien las versiones oficiales de los hechos se han puesto en duda, el gobierno ha afirmado que el estado de sitio ha permitido revelar que hay cultivo de coca y producción de cocaína. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, dijo el 19 de septiembre pasado que esto indica que Guatemala ha pasado de ser un país de tránsito a un país productor de cocaína.
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El 30 de septiembre, el Ministro de Defensa, Luis Ralda, dijo que desde que el estado de sitio está en pie, el ejército ha incautado un millón y medio de plantas de coca y cerca de 223.000 matas de marihuana, además de ubicar y destruir cuatro narcolaboratorios con capacidad para producir entre 300 y 500 kilos de clorhidrato de cocaína diarios, según una nota de la oficialista Agencia Guatemalteca de Noticias.
La mayoría de los plantíos han sido localizados en zonas montañosas del departamento de Izabal, donde se ubica El Estor, en la costa atlántica de Guatemala.
En Izabal, fronterizo con Honduras, desembocan las rutas del narcotráfico que llegan desde el atlántico hondureño, uno de los corredores centroamericanos más activos para la cocaína en la última década. Y a su puerto principal, Puerto Barrios, también ha llegado la droga que recala de las rutas que pasan por el Caribe.
Tras los asesinatos en El Estor, el presidente Morales ha afirmado que las organizaciones comunitarias indígenas de la región participan en el comercio de drogas, aunque no presentó evidencias que sustenten su afirmación. Desde hace décadas, la región ha sido foco de turbulencia social por la oposición de poblaciones indígenas locales a proyectos de extracción minera. Estos desencuentros han provocado el arresto, e incluso el asesinato, de líderes comunitarios y periodistas.
Análisis de InSight Crime
El gobierno de Guatemala no ha sido claro en cuanto a lo que sucedió en El Estor; sus declaraciones tras los asesinatos han puesto de manifiesto que el país no solo es una de las principales escalas del narcotráfico en Centroamérica, sino que allí también hay actualmente productores de cocaína.
Si lo que dice el ministro Ralda es cierto, los cuatro narcolaboratorios desmantelados en Izabal tendrían capacidad de producir entre 20 y 30 toneladas de cocaína cada 40 días, de acuerdo con investigaciones que InSight Crime ha hecho sobre la producción en laboratorios similares en Colombia.
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Si se toma en cuenta que, según la ONU, el precio del kilo de cocaína en Guatemala era para 2017 de US$13.000 por kilo, estamos hablando de que esos cuatro laboratorios representarían una producción mensual que rondaría los US$293 millones.
A esto hay que añadir que, de acuerdo con información de la División Antinarcotráfico (DAN) de la Policía de El Salvador, a Guatemala siguen llegando 45 por ciento de las lanchas rápidas que transportan cocaína desde Suramérica. (La DAN obtiene su información, en buena medida, de las trazas o viajes que detecta el radar de la marina estadounidense instalado en el aeropuerto internacional de El Salvador, que es el que monitorea toda la región centroamericana).
Durante la gestión presidencial de Jimmy Morales, que termina en enero próximo, el tema del combate al narcotráfico estuvo prácticamente ausente de su agenda de seguridad, que más bien se enfocó en deshacerse de la comisión internacional contra la impunidad que lo investigó a él y a otros expresidentes y líderes políticos y empresariales de las élites guatemaltecas.
Morales incluso desvió recursos estadounidenses donados en teoría para el combate al narcotráfico, como jeeps J-8 artillados, para acosar a sus adversarios políticos. Esos jeeps también fueron utilizados a finales de 2018 en la frontera con México para intentar detener una caravana masiva de migrantes que se dirigía a Estados Unidos.
La situación que hoy describen Degenhart y Ralda, de Guatemala como posible productor de cocaína, lleva años gestándose en las montañas y costas mal vigiladas del país. Los confusos hechos ocurridos en la aldea Semuy 2 de El Estor han sacado a la luz los plantíos de coca.
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