A pesar de ser uno de los países más violentos del mundo, el mes de julio fue para El Salvador uno de los más pacíficos en años, pero puede ser muy prematuro para que el presidente Nayib Bukele se lleve los aplausos.
Con un promedio de cinco homicidios diarios, para un total de 154, julio de 2019 fue el segundo mes menos violento del siglo XXI en El Salvador, solo superado por abril de 2013, cuando se registraron 143 homicidios, según datos de la policía citados por El Faro. Desde enero de 2001, en un mes promedio en El Salvador se contaban más de 300 muertes violentas.
El país incluso terminó el mes con un día sin homicidios, el 31 de julio, algo que solo ha sucedido ocho veces en los últimos 19 años. La última vez que eso pasó fue el 13 de enero de 2017.
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Nayib Bukele, presidente de El Salvador recién investido, se apresuró a atribuir esta victoria a su nuevo plan de seguridad. Ese plan, denominado Plan Control Territorial, busca reforzar la presencia de ejército y policía en zonas controladas por pandillas, y algunos lo consideran un retorno a las políticas de mano dura implementadas por anteriores administraciones.
“Para serte sincero, no pensábamos que la reducción iba a ser tan rápida y grande”, declaró en entrevista con El Faro, aunque admitió que era probable que otros factores hubieran incidido.
El descenso de la elevada tasa de homicidios del país marca la continuación de una tendencia a la baja desde 2016.
En el primer semestre de 2019, El Salvador registró 1.407 homicidios, una reducción de 12,2 por ciento en relación con 2018.
Análisis de InSight Crime
Aunque Bukele se intente llevarse el crédito de la caída de los homicidios, es demasiado pronto para atribuirle la victoria a su recién implementado plan de seguridad. Ese nuevo plan entró en vigor el 20 de junio, pero el nuevo descenso de la tasa de homicidios en El Salvador sigue una tendencia a la baja de varios años.
Por el contrario, la aparente inclinación de Bukele por las políticas de seguridad represivas, conocidas localmente como “mano dura”, podrían revertir el reciente avance que ha hecho El Salvador en la disminución de su número de homicidios.
La política de seguridad de Bukele consiste en enviar fuerzas militares y de policía a las calles para retomar los municipios controlados por las pandillas. Hasta el momento, el presidente ha ordenado el despliegue de 3.000 efectivos militares para reforzar los operativos de seguridad.
En un inicio, el presidente había prometido presentar un plan de seguridad más completo, pero sus propuestas para contener la violencia de pandillas hasta el momento se han reducido a medidas de fuerza, que nunca faltaron en administraciones anteriores. Una y otra vez esas estrategias han fracasado en su objetivo de causar impacto en El Salvador, y más bien han contribuido a que se propague la violencia.
Bukele también ha sorprendido con la designación de jefes de policía con un historial de represión. El nuevo director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, ha sido investigado en el pasado por las autoridades salvadoreñas por presuntos abusos contra los derechos humanos, y durante la administración anterior supervisó las unidades especiales de policía que están señaladas de contener escuadrones de exterminio de pandillas.
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Además, es difícil fiarse de las estadísticas del gobierno, luego del reciente anuncio de que dejarían de registrarse los homicidios resultantes de confrontaciones entre organismos de seguridad y presuntos pandilleros.
Aunque el gobierno parece haber echado marcha atrás en esta política, al incluir 22 homicidios cometidos por fuerzas de seguridad del estado en las cifras de julio, el anuncio ha suscitado dudas de que el gobierno pueda buscar una reducción artificial de la tasa de homicidios en el país, u ocultar posibles abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.
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