El Salvador omitirá datos y dificultará conteo de homicidios

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El gobierno de El Salvador ha dicho que los datos sobre homicidios solo incluirán la “violencia social” y no los casos relacionados con enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, una medida que dificulta el análisis preciso de la precaria situación de seguridad del país.

Según un informe de El Mundo, la Policía Nacional de El Salvador le explicó al presidente Nayib Bukele que el registro de homicidios del país ya no incluirá a las víctimas de presuntos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y supuestos pandilleros, ni tampoco los cuerpos que se encuentren enterrados en fosas.

En los primeros 45 días del gobierno de Bukele, 35 presuntos pandilleros han muerto en los que se cree fueron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad —22 en junio y 13 en la primera quincena de julio—. Según El Diario de Hoy, estos incidentes ya no se incluirán en el recuento diario de muertes violentas.

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La aclaración se hizo durante la presentación de un informe de las fuerzas policiales sobre los homicidios cometidos durante los primeros 25 días de un plan de seguridad mediante el cual se enviaron militares y policías a las calles para retomar los territorios dominados por las pandillas MS13 y Barrio 18.

Además de los 2.500 agentes de policía y 3.000 soldados que se enviarán a San Salvador, la capital del país, así como a otras ciudades como parte de la operación, otros 2.000 soldados se desplegarán hacia finales del año para intentar recuperar el control sobre las 14 capitales de los departamentos del país.

La tasa de homicidios de El Salvador ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años. Aunque sigue siendo uno de los países más violentos de Latinoamérica, los 3.340 homicidios registrados en 2018 representaron una disminución del 15 por ciento con respecto a los 3.947 homicidios de 2017.

Análisis de InSight Crime

La decisión de la administración Bukele de reportar datos incompletos de los homicidios parece ser un claro intento de maquillar una situación de seguridad que trata de controlar, o de ocultar posibles abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad del país.

Las fuerzas de seguridad de El Salvador tienen un largo historial de uso de la fuerza excesiva e incluso letal. En 2017, se reveló que una unidad especial de la policía, a manera de escuadrón de la muerte, utilizó las redes sociales para coordinar al menos tres asesinatos extrajudiciales de presuntos pandilleros. Al año siguiente, conversaciones telefónicas interceptadas revelaron que algunos miembros de alto rango del ejército del país dirigían un escuadrón de la muerte clandestino, mediante el cual ejecutaban a presuntos pandilleros.

En el pasado, Estados Unidos ha proporcionado financiación a estas unidades élite acusadas de cometer graves abusos de poder.

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Además, el nuevo método para el recuento de homicidios no incluye incidentes como la infame masacre por parte de la policía, en marzo de 2015, en una finca de San Blas. La policía aduce que un “intercambio de disparos” fue lo que condujo a la muerte de ocho presuntos pandilleros. Pero las investigaciones demostraron que los hombres fueron ejecutados y luego sus cuerpos se dispusieron de manera que pareciera que habían muerto en un tiroteo con la policía.

Y aunque al parecer los homicidios en El Salvador están disminuyendo, las desapariciones están aumentando. Los 3.514 casos de desaparición registrados por la Fiscalía General en 2018 fueron más que la cantidad de homicidios registrados ese mismo año. Los desaparecidos que fueron encontrados muertos, lo cual incluye a los que se encontraron en tumbas clandestinas —una táctica que solían utilizar las pandillas del país— no se incluirían en los nuevos registros oficiales de homicidios.

Aún más, las nuevas directrices podrían generar una situación caótica, dado que los homicidios registrados por la administración Bukele diferirán significativamente de los datos recabados por los médicos forenses del país o por la Procuraduría General.

Los contradictorios datos harían cada vez más difícil entender cabalmente las posibles tendencias de los homicidios, lo cual podría, entre otros obstáculos, complicar o retrasar la implementación de políticas efectivas para detener la violencia y la inseguridad.

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