Las estadísticas sobre homicidios recién dadas a conocer en México confirman que 2017 fue sin duda el año más mortífero en la historia reciente del país, lo que pone de manifiesto la persistencia de los problemas en torno a las estrategias usadas para combatir a los grupos del crimen organizado.
Las autoridades en México registraron 25.339 homicidios en 2017, equivalentes a una tasa de homicidios de 20,5 por 100.000 habitantes —un incremento de 23 por ciento sobre los 20.547 homicidios registrados en 2016. Esa cifra representa el conteo nacional de homicidios más alto desde que empezó a llevarse un registro en 1997, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
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En 2017, 26 de los 32 estados mexicanos presentaron un alza en los homicidios en comparación con 2016. Los estados de Colima y Baja California Sur, sobre el Pacífico, tuvieron las tasas de homicidios más altas del país —93,61 y 69,15 por 100.000 habitantes, respectivamente. El estado de Nayarit, oeste del país, presentó el mayor incremento en su tasa de homicidios, al dispararse en 542 por ciento, de 3,1 por 100.000 habitantes en 2016 a 20,1 en 2017, según información de Animal Político.
Los homicidios en México han tenido un aumento constante desde 2014, con incrementos de 58,2 por ciento entre ese año y finales de 2017, según Animal Político.
La extrema brutalidad de la violencia criminal en México tuvo una manifestación especialmente virulenta en el año que pasó, con las primeras planas de los periódicos llenas de noticias de fosas clandestinas, brutales decapitaciones, ejecuciones de jóvenes y la presunta participación de las fuerzas de seguridad en asesinatos y desapariciones a lo largo de 2017.
Análisis de InSight Crime
Pese al anuncio de su año más mortífero de los últimos años, México parece dispuesto a seguir usando la controvertida y contraproducente estrategia que lo lleva a depender cada vez más de la militarización en la lucha contra los grupos del crimen organizado que operan en el país.
En diciembre de 2017, el senado mexicano aprobó la Ley de Seguridad Interior, que consolida efectivamente la participación del ejército en la lucha contra los grupos del crimen organizado y convierte en ley la facultad de las fuerzas armadas de intervenir en asuntos de seguridad interna, aunque durante años, se ha vinculado a las fuerzas armadas mexicanas a abusos contra los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales.
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Sin embargo, parece estar tomando fuerza la idea de buscar otra estrategia para combatir el crimen y la violencia. Varias organizaciones de las sociedad civil y senadores de la oposición han presentado una serie de recursos legales contra esa ley, aduciendo que es inconstitucional. Además, Alfonso Durazo, consejero de seguridad del candidato presidencial de izquierda Andrés Manuel López Obrador, expresó su respaldo a la búsqueda de nuevas formas de acabar la violencia en México, incluyendo la idea de conceder amnistía condicional a los cabecillas de los carteles de la droga en México.
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