El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha relajado las leyes de posesión de armas, lo que genera el temor de que empeore la violencia en el país. Oficialmente, la nueva medida pretende ayudar a los ciudadanos a defenderse, pero también puede permitir que las organizaciones criminales adquieran más armas de fuego.
El decreto, firmado el 7 de mayo, elimina la prohibición de importar ciertas armas de fuego, aumenta la cantidad de municiones que se pueden adquirir anualmente y elimina la necesidad de registrar cada arma de fuego de manera individual.
Poco tiempo después de tomar posesión en enero, Bolsonaro, cuya campaña electoral se basó en una plataforma de defensa de la ley y el orden, ya había formado una ley a favor de la posesión de armas.
Grupos como el Foro Brasileño de Seguridad Pública (Fórum Brasileiro de Segurança Pública) sostienen que el decreto ignora la evidencia que demuestra que la existencia de más armas de fuego no conduce a la reducción de la violencia. La organización también cuestiona las motivaciones de Bolsonaro, señalando que este decreto busca aumentar el apoyo de sus partidarios, pero no contribuye a mejorar la seguridad pública.
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Según el Estudio de Armas Pequeñas en Brasil, la mayor parte de las armas pequeñas que se producen en Brasil son exportadas. Muchas de estas armas luego son traficadas ilegalmente al país a través de las fronteras terrestres. Estas armas producidas en el país son las más utilizadas en los crímenes violentos. Sin embargo, las armas más poderosas que poseen los grupos del crimen organizado provienen del extranjero.
Estados Unidos es el principal proveedor de armas ilegales a Brasil, principalmente de pistolas de alto calibre y rifles de asalto, según un estudio de la Policía Federal de Brasil al que accedió Reuters. El documento también indica que las laxas leyes de armas en Estados Unidos han permitido que los ciudadanos brasileños adquieran armas de fuego de manera legal, para luego transferirlas a los criminales mediante lo que se denomina “compras al por menor”.
Análisis de InSight Crime
Las medidas de Bolsonaro para liberalizar el mercado de armas de Brasil caen bien entre sus partidarios de la seguridad nacional, pero podrían tener graves consecuencias. Eliminar el requisito de registrar cada arma de fuego de manera individual podría permitir que las pandillas compren armas en el país mediante “compras al por menor”, en lugar de tener que importarlas.
Ello significaría un reto adicional para el control de las armas en un país donde las regulaciones para poseer armas de fuego han sido tradicionalmente estrictas.
Las solicitudes para poseer armas iban en aumento antes de este decreto, y al parecer continuarán creciendo. En los últimos cinco años, las solicitudes de licencias de armas aumentaron 879 por ciento, según datos de un informe de Soudapaz. El temor de que las armas legalmente registradas sean adquiridas por criminales contribuyó a este aumento, y los propietarios de armas legales han expresado el temor de que pueden ser objeto de robos por parte de las pandillas.
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Las nuevas normas también podrían agravar el problema de la adquisición de armas de la policía por parte de los grupos criminales. En junio de 2017 se emitieron 95 órdenes de arresto contra agentes de la policía de Río de Janeiro acusados de vender armas y suministrar información a los narcotraficantes.
Los vínculos entre policías y criminales se hacen más preocupantes cuando se habla del aumento de las milicias de Río de Janeiro. En el mes de marzo, un agente de policía, miembro de una milicia, sospechoso de haber asesinado a la concejala Marielle Franco, fue hallado en posesión de 117 rifles M-16 nuevos.
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