Uruguay ha anunciado muchos de los detalles más sutiles de su legislación sobre la legalización de la marihuana, con regulaciones que demuestran un esfuerzo concertado para reducir al mínimo el riesgo de tráfico a gran escala.
Según las regulaciones oficiales de la nueva ley (pdf), los ciudadanos uruguayos y los residentes permanentes podrán cultivar un máximo de seis plantas de cannabis por hogar -basándose en una producción de 480 gramos por año- para su uso personal. También pueden unirse a un club de cannabis y comprar hasta 10 gramos por semana en una farmacia autorizada para vender la droga. El gobierno también está ofreciendo una amnistía que permitirá a los cultivadores individuales registrar las plantas existentes.
Durante una rueda de prensa explicando los recientemente consensuados detalles de la ley, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Julio Calzada, anunció que estos también limitarán la producción comercial de marihuana a 10 hectáreas de tierra estatal que cubrirán un consumo nacional anual estimado entre 18 y 22 toneladas, informó El País. Entre dos y seis empresas privadas recibirán permisos para la producción de marihuana, informó El Observador.
Los cultivos comerciales serán vigilados por las fuerzas de seguridad del Estado, y los productores pagarán la factura por su presencia.
Análisis de InSight Crime
Las garantías de seguridad y los límites demuestran un intento alentador para permitir una producción suficiente, al tiempo que evitan que los criminales se aprovechen del estatus legal de la droga. El uso de tierras del Estado para la producción a gran escala actuará como un escudo contra el cultivo ilegal, al tiempo que hará de la identificación de plantaciones legales un proceso perfectamente definido. Sin embargo, tanto el cultivo no autorizado como la posibilidad de tráfico a gran escala siguen siendo un riesgo.
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Como lo señaló en diciembre InSight Crime, controlar el equilibrio de la producción de marihuana será crucial. Demasiadas restricciones podrían alentar a los consumidores a recurrir al mercado negro -incluyendo a las importaciones ilegales por parte del primer productor de Latinoamérica, Paraguay, que ya ha expresado preocupación frente a la ley– mientras que una libertad excesiva reforzaría los argumentos de muchos críticos de la legislación y aumentaría el riesgo de tráfico.
El principal desafío para el gobierno en un futuro próximo será acabar con el cultivo sin licencia y fomentar la participación en el mercado legal, lo que debería ser facilitado por el razonable precio de la marihuana controlado por el Estado -alrededor de US$ 1 por gramo. A pesar de las preocupaciones del presidente José Mujica con respecto a la entrada al país de marihuana paraguaya, el precio fijado es comparable con el actual precio de venta en el país, según las Naciones Unidas.