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Proceso para cancelar partido político en Guatemala hace tambalear al gobierno de Morales

ÉLITES Y CRIMEN / 15 JUN 2018 POR FELIPE PUERTA ES

La resolución emitida por el TSE de Guatemala para comenzar con el proceso de cancelación del partido gobernante FCN-Nación será una prueba de fuego para la debilitada institucionalidad del país y podría dejar al presidente Jimmy Morales sin la plataforma que sustenta su atribulada carrera política.

El vocero del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Luis Ramírez anunció sobre la decisión unánime de los magistrados del tribunal de ordenar al Registro Civil que dé inicio al trámite para cancelar al partido FCN-Nación, por haber utilizado aportes anónimos durante la campaña electoral de 2015.

En abril, la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) informó que solicitaría al TSE la cancelación del partido, que habría recibido financiamiento ilícito por al menos 15 millones de quetzales (más de US$2 millones), según revelaron recientemente la exfiscal general Thelma Aldana y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Al menos la mitad de ese dinero, que supuestamente estaba destinado al pago de fiscales de mesa y fue aportado por algunos de los empresarios más importantes del país, fue canalizado a través de la empresa Novaservicios S.A y no fue registrado en la contabilidad del partido ni fue reportado como gasto de campaña.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Guatemala

El partido solo reportó haber destinado 103.706 quetzales para el pago de los fiscales de mesa, pero las investigaciones revelaron que en realidad para la primera vuelta se habrían destinado 3,9 millones de quetzales (más de US$500.000) y para la segunda otros 4,4 millones (US$580.000).

Según los testimonios de empresarios vinculados al caso, que fueron corroborados por el MP y la CICIG, Morales sugirió a los empresarios realizar los aportes de forma anónima porque el partido ya no podía reportar más ingresos al TSE.

Análisis de InSight Crime

A pesar de la presión institucional que podría generar la decisión unánime de los magistrados del TSE y de las creciente pruebas sobre el esquema de financiamiento electoral ilícito —en parte gracias a la colaboración de los aportantes—, esta no es la primera vez que el Presidente parece estar tan cerca de ser procesado.

En septiembre del año pasado, Morales consiguió el apoyo del Congreso en un escándalo conocido como el Pacto de Corruptos, que previno que el mandatario fuera investigado por financiamiento electoral ilícito.

En octubre de ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia rechazó otro antejuicio contra el Presidente por haber recibido un bono mensual de 50.000 quetzales del Ministerio de Defensa.

En esta oportunidad, la decisión de cancelar o no el partido que llevó a Morales a la presidencia quedará en manos del Registro Civil, cuyo director, Leopoldo Armando Guerra Juárez, es cercano a los círculos militares que impulsaron la candidatura del actual mandatario. Y además ya ha beneficiado los intereses del presidente y de su partido en el pasado.

Por el otro lado, como señaló la exfiscal general Thelma Aldana —antes de finalizar su mandato hace poco menos de un mes— si bien es cierto que existe una posibilidad cada vez mayor de que se realice un antejuicio contra el presidente, que no fue descartada por su sucesora María Consuelo Porras. Sin embargo, la actual jefa del MP aún no se ha pronunciado públicamente sobre la decisión del TSE.

Por su parte, el secretario general del FCN-Nación alertó que, si se da vía a la cancelación del partido, esto podría dificultar aún más la búsqueda de acuerdos políticos en el Congreso, pues, según él, habría más de 30 diputados que tendrían que declararse "independientes". El partido también anunció que tomará acciones legales para revertir la solicitud del TSE, a cuyos magistrados acusó de "criminales".

La posibilidad latente de la cancelación del partido que llevó a Morales al poder, y que desde el Congreso ha luchado por mantenerlo ahí, representa un golpe letal tanto para su ya menguado capital político, como para la legitimidad que ha tenido su cuestionado mandato.

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