Una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia estaría buscando ser incluida en el proceso de paz que adelantan el gobierno y el principal grupo guerrillero del país, una decisión que puede haber sido influenciada por la mayor presión de las fuerzas de seguridad del estado.

En un panfleto sin fecha que llevaba el nombre y el logo de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, mejor conocidas como Los Gaitanistas, el grupo elogió los esfuerzos del gobierno por llegar a un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“El proceso que condujo a la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera es beneficioso para el país”, dice el panfleto, al parecer firmado por el comando central de Los Urabeños, conocido como el “Estado Mayor”.

“Sin embargo”, continúa el documento, “también hemos hecho saber [que] para que pueda darse el objetivo de una paz integral, estable y definitiva se deben incluir [en el proceso de paz a] todos los actores armados generadores de violencia”. (Ver imagen abajo)

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El panfleto también hace un llamado a otros grupos armados para que se unan a Los Gaitanistas, también conocidos como Clan del Golfo, Urabeños y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), haciendo un alto a la extorsión y a los homicidios entre el 16 y el 18 de octubre como demostración de buena voluntad hacia el proceso de paz.

“Invitamos a todo el país y a todas las clases sociales a decir ‘sí’ a la continuación de los diálogos y refrendación de los acuerdos… con la inclusión de todos los actores violentos en Colombia”, concluye el mensaje.

El documento no aparece en el sitio web del grupo ni en las plataformas de las redes sociales del grupo, y según múltiples medios de noticias el gobierno aún no ha confirmado o negado su autenticidad.

Análisis de InSight Crime

La aparente solicitud de las AGC para que se los incluya en el proceso de paz —que ofrecería beneficios judiciales a militantes acusados de delitos relacionados con el prolongado conflicto civil en Colombia — podría reflejar una preocupación del mando del grupo por la intensificación de las operaciones de seguridad contra su organización.

Ahora que el conflicto con las FARC ha disminuido su intensidad, la administración del presidente Juan Manuel Santos ha dirigido cada vez más recursos de seguridad a combatir a los grupos del crimen organizado, en particular a las AGC. De hecho, el gobierno ha emprendido un operativo masivo con el fin de desmantelar el estado mayor de las AGC, que ha reportado las capturas de varias de las figuras importantes del grupo, incluido el miembro del Estado Mayor Walter Leguía Moscote, alias “Javier”.

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Santos ya había rechazado anteriormente la posibilidad de incluir a grupos como las AGC en el proceso de paz, porque, al contrario de las FARC, su gobierno considera a tales grupos simples organizaciones criminales sin fines políticos. Sin embargo, algunos analistas no están de acuerdo en este punto, y destacan intentos anteriores de las AGC por mostrarse como movimiento paramilitar con un aspecto político.

Aunque las credenciales de las AGC como movimiento político son debatibles, es claro que el grupo mantiene una influencia importante sobre la vida cotidiana en muchas zonas en las que opera. Por ejemplo, a comienzos de este año las AGC impusieron un “paro armado” en casi 36 municipios del departamento de Antioquia, que paró completamente negocios, escuelas, infraestructura de transporte e incluso oficinas de gobierno en varios pueblos.

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