Un poderoso paro armado del grupo narcotraficante más importante de Colombia, dejó varios departamentos afectados. La extradición de su principal líder sería el detonante del accionar violento que dejó paralizado una tercera parte del país.
Entre el 4 y 10 de mayo, un paro armado anunciado por Los Gaitanistas, también conocidos como Clan del Golfo, Urabeños y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en alrededor de 178 municipios colombianos, dejó a comunidades enteras sin poder movilizarse, niños y niñas no asistir a los colegios y establecimientos comerciales obligados a cerrar, en gran parte del norte del país, según reportó la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP). Estas afectaciones fueron el resultado de la orden que se extendió por medio de panfletos que circularon en las redes sociales de 11 departamentos.
La estrategia del grupo criminal, uno de los más importantes de los últimos años, también tuvo consecuencias mortales: 24 personas fueron asesinadas, 15 sufrieron atentados contra su vida y más de 138 comunidades fueron confinadas, reportó la JEP. Además, 118 de vehículos fueron incinerados y varias poblaciones quedaron incomunicadas por bloqueos en las vías. La medida fue tomada luego de que el principal líder del grupo, Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, fuera extraditado el 4 mayo a los Estados Unidos.
En octubre de 2021, Otoniel fue capturado en el departamento de Antioquia luego de comandar a las AGC por más de una década. Ahora enfrenta cargos en suelo estadounidense por participar en una empresa criminal y conspiración para fabricar y distribuir cocaína.
VEA TAMBIÉN: ¿Qué significa realmente el arresto de Otoniel para Colombia?
Como respuesta a estas acciones criminales, el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, anunció el 6 de mayo la creación de un “Bloque de Búsqueda” para capturar a quienes tienen “responsabilidades o mando” dentro del grupo. Un día después, el 7 de mayo, en algunas regiones se incrementaron los patrullajes por parte de la policía, y el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, incrementó la recompensa a 5.000 millones de pesos (1 millón de dólares) por Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo” y Wilmer Antonio Giraldo, alias “Siopas”, quienes serían los sucesores de Otoniel.
El último registro de un paro armado por parte del grupo se presentó en septiembre de 2017, tras la muerte de alias Roberto Vargas Gutiérrez alias “Gavilán”, el segundo al mando de las AGC y el encargado de las rutas de narcotráfico del grupo. En ese entonces, la subregión del Bajo Cauca antioqueño quedo paralizada.
Sin embargo, el paro armado que se evidenció en los últimos días podría considerarse como la manifestación de poder más extensa que el grupo ha tenido desde su creación en el 2007 aproximadamente.
Análisis de InSight Crime
Si bien hay indicios de que las AGC podrían fracturarse en ausencia de Otoniel, su extradición parece haber incitado a las facciones principales a unirse, lo que resultó en un ataque aterrador.
Existen rumores de que hay diferencias entre las facciones de Chiquito Malo y Siopas, los máximos líderes del grupo que estarían disputándose el poder. Estas rencillas internas hacen que las AGC estén cada vez más lejos de ser un grupo unificado, dejando a los mandos medios con el control de las franquicias.
Sin embargo, la intempestiva extradición de Otoniel también podría haber generado el ambiente perfecto para que se unieran en aras de hacer sentir el poder y el control de la marca de las AGC ante las extradiciones y, además, visibilizarse como un actor real y político dentro del conflicto.
Para Sergio Guzmán, director de la consultora Colombia Risk Analysis, el paro armado se vio precipitado por la extradición de Otoniel y es una demostración de que la sociedad civil está “supeditada a su accionar y que ellos son quienes mandan”.
“Aquí lo que cambia notablemente es el direccionamiento de la violencia. Antes era hacia las autoridades y ahorita es hacia los ciudadanos. Antes habían cometido actos para aterrorizar, pero estaban enfocados en las autoridades. Ahí se ve un paralelismo con lo que ha hecho el ELN (Ejército de Liberación Nacional) en otros territorios”, explicó Guzmán en entrevista con InSight Crime.
VEA TAMBIÉN: Extradición de Otoniel anuncia el fin de una generación de traficantes colombianos
El analista también aclaro que, aunque el paro fue una demostración de organización sofisticada por parte del grupo, es probable que las disputas internas continúen emergiendo y agravándose con el tiempo.
Como InSight Crime reportó recientemente, el grupo ha ejercido mayor influencia en algunas zonas del norte del país, justo donde el paro tuvo mayor fuerza, y donde se disputa economías criminales con otros grupos armados ilegales. Sin embargo, no es claro si estas facciones están alineadas con la columna vertebral de Los Urabeños dirigida por el heredero criminal de Otoniel: Chiquito Malo, o si se trata acciones independientes.
El paro, que desestabilizó por 6 días la región noroccidental del país, podría ser la última acción colectiva del principal grupo narcotraficante de Colombia que atraviesa un proceso de fragmentación interna, o también abre la posibilidad de que las AGC resurjan como unidad, tras el masivo alcance que tuvo el despliegue de fuerza realizado por el grupo.
“El mensaje que están enviando [Los Urabeños] es muy fuerte porque amenaza la integridad del Estado y amenaza al monopolio del uso de la fuerza, porque el Estado no lo está teniendo”, concluyó Guzmán.
SUSCRIBIRME