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¿Puede nueva norma de EE. UU. detener el flujo de armas hacia América Latina?

ESTADOS UNIDOS / 24 AGO 2022 POR ANASTASIA AUSTIN ES

Una nueva legislación en Estados Unidos pretende solucionar varias lagunas que han posibilitado la proliferación del tráfico de armas, pero ¿puede realmente ayudar a reducir el número de armas ilegales que fluyen hacia México, el resto de América Latina y el Caribe?

La Regla final de marco o receptor comenzará a regir en Estados Unidos el 24 de agosto. La acción ejecutiva, que fue anunciada en abril, busca ampliar la definición de lo que es un arma de fuego, y tomar medidas más drásticas contra la proliferación de las “armas fantasma”. Dicha regla sigue los pasos de la Ley bipartidista de comunidades más seguras, más expansiva y vinculante, promulgada en el mes de junio por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la cual intenta limitar la violencia armada corrigiendo la laguna legal de las ventas privadas y apuntando a los compradores testaferros (straw buyers).

Sin embargo, esta legislación podría tener un impacto real por fuera de Estados Unidos. El tráfico de armas ilegales es uno de los principales causantes del constante aumento de las tasas de homicidios en América Latina y el Caribe, pues pone armas de alto calibre a disposición de los civiles. Los expertos señalan que la mayoría de las armas utilizadas en estos crímenes provienen de Estados Unidos.

A continuación, InSight Crime explora tres posibles consecuencias de estas nuevas leyes y describe cuáles serían los principales desafíos para detener el tráfico de armas ilegales hacia América Latina y el Caribe.

Estados Unidos aumenta las sanciones para los testaferros

En mayo de 2022, un tribunal de Texas sentenció a Charles Anthony Lecara, alias “Bloodhound”, a más de 7 años de prisión por liderar una red de tráfico de armas ubicada en San Antonio, Texas. La red suministraba rifles y pistolas a diversos carteles mexicanos.

La red de Lecara en Estados Unidos contaba con personas sin antecedentes judiciales quienes, siguiendo las instrucciones de Lecara, compraban “armas de fuego populares entre los carteles”, pero mentían en la documentación diciendo que las armas eran para su uso personal. Lecara les recibía las armas a estos “compradores testaferros”, las almacenaba y luego se las enviaba a sus contactos en México.

Según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), un gran número, tal vez incluso la mayoría, de las armas ilegales que terminan en manos de los carteles mexicanos son adquiridas en Estados Unidos por redes de compradores testaferros como la de Lecara.

“Las compras ficticias en Estados Unidos son el canal más común [para el tráfico de armas hacia México]”, dijo a InSight Crime John Lindsay-Poland, quien coordina el proyecto Stop US Arms to Mexico, “porque la mayoría de los hacen compras actuando como testaferros no son atrapados”.

Hasta hace poco, en caso de ser atrapados, los testaferros no solían ir a la cárcel, solo recibían libertad condicional. Por eso su uso resultaba increíblemente barato para traficantes como Lecara. Según el autor de Blood Gun Money, Ioan Grillo, a los compradores testaferros se les suele pagar entre US$50 y 100 por cada arma.

La “Ley bipartidista de comunidades más seguras” busca, como mínimo, aumentar la presión sobre quienes compran armas ilegales actuando como testaferros.  No solo le asigna más recursos a la ATF para la investigación en torno al tráfico de armas, sino que crea delitos específicos relacionados con las compras ficticias, con penas significativas de entre 15 y 25 años de prisión, si el arma se usa en un delito grave.

Los traficantes de armas son traficantes de armas

En agosto de 2020, las autoridades de Florida detuvieron un avión privado con el fin de realizar un control de aduanas rutinario, y descubrieron que iba “repleto” de rifles de asalto, escopetas, pistolas semiautomáticas y más de 63.000 municiones de varios calibres. Arrestaron a dos ciudadanos venezolanos, quienes habían registrado un plan de vuelo falso hacia San Vicente y las Granadinas, pero realmente se dirigían a Caracas y su robusto mercado negro de armas.

En teoría, los venezolanos, quienes estaban en Estados Unidos con visas de turista y que, por lo tanto, no habrían podido pasar una verificación de antecedentes, no deberían haber podido comprar ningún arma, y mucho menos un arsenal de esta magnitud. Pero la consultora de inteligencia Armament Research Services (ARES) informó que los sospechosos venezolanos compraron las armas en sitios de ventas de armas en internet, que se sabe que aprovechan la misma “laguna de las ventas privadas” utilizada por las exhibiciones de armas.

Según la ley federal de Estados Unidos, los particulares pueden vender armas de fuego sin adquirir licencia o pasar por verificación de antecedentes. El propósito de esto es permitir la venta de armas entre familiares y amigos sin una gran cantidad de papeleo o trabas, y a la vez requiere que cualquier persona involucrada en el “negocio de venta de armas de fuego” se registre.

Pero, hasta hace poco, la ley era ambigua en cuanto a la diferencia entre vendedores privados y empresas. Dependía de si los ingresos que obtenía una persona por vender armas de fuego constituían su sustento, algo que es bastante difícil de probar para las autoridades, según el análisis de Trace, una organización de noticias que se enfoca en la violencia armada. La mayoría de los vendedores sabían que podían salirse con la suya si no hacían verificación de antecedentes, siempre y cuando hicieran las ventas en ferias de armas o en tiendas en línea, como las utilizadas por los dos presuntos traficantes venezolanos.   

Los traficantes de armas también han aprovechado los vacíos legales para traficar armas hacia México y República Dominicana, y aún más hacia Puerto Rico. En algunos casos, las pandillas utilizaron las ventas en línea para ingresar miles de armas en el mercado negro.

La Ley bipartidista de comunidades más seguras no corrige la laguna de las ventas privadas, que requeriría verificaciones de antecedentes universales. Sin embargo, la ley cambia las definiciones, de manera que quienes venden armas con ánimo de lucro tengan que registrarse. Según el análisis de Trace, si esta ley se aplica adecuadamente, las autoridades tendrían más campo de acción para atacar y desmantelar las redes que trafican las mayores cantidades de armas ilegales, incluso a América Latina.

¿Qué es entonces un arma de fuego?

En enero de 2022, las autoridades estadounidenses arrestaron a un hombre de Rhode Island acusado de traficar armas fantasma —armas fabricadas por individuos, que carecen de número de serie y son casi imposibles de rastrear—. Esto se debe a que, durante décadas, Estados Unidos solo ha regulado y otorgado números de serie a una parte del arma: el receptor o marco inferior. Los comerciantes particulares han evadido esta regla vendiendo marcos o receptores casi completos, que se conocen como “partes inferiores al 80 por ciento”.

Según los expertos, no se requiere mucha habilidad o equipos complejos para ensamblar este tipo de armas fantasma: “se puede hacer una parte inferior en casa, todo lo que se necesita es un torno”, dijo a InSight Crime Andrei Serbin Pont, analista internacional y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), un think thank de políticas públicas para Latinoamérica.

Eso parece ser exactamente lo que hizo el acusado de Rhode Island, quien supuestamente “manufacturó” más de cien de estas armas utilizando diversas piezas, entre ellas partes inferiores al 80 por ciento, que él adquirió en línea, y luego envió los productos terminados a República Dominicana.

Los expertos coinciden en que este fácil acceso ha hecho que las armas fantasma sean una fuente creciente de armas de fuego del mercado negro en toda la región.

“Sigue aumentando la proliferación [...] de este tipo de armas ensambladas artesanalmente y compradas sin verificación de antecedentes”, dijo Grillo en comunicación con InSight Crime.

Al parecer, esta propagación no se da en un país o subregión más que en otro, como afirma Serbin Pont, quien afirma que “este tipo de armas surgen en las favelas de Río, en manos de organizaciones criminales colombianas y, en cierta medida, también en México”.

Su opinión se ve respaldada por casos recientes, que también señalan el papel central que desempeña el mercado civil estadounidense en el tráfico de armas fantasma. Si bien se han documentado casos de armas fantasma que se ensamblan en Venezuela y Brasil, los kits sin regulación solo se pueden comprar en Estados Unidos.

Pero la Regla final de marco o receptor, que entra en vigor el 24 de agosto, busca corregir esta laguna legal de las “armas fantasma” al expandir la definición de “arma de fuego” en Estados Unidos, con el fin de incluir las armas operativas, así como los bloques básicos para la fabricación de las armas, y las armas y kits casi completos si se pueden convertir fácilmente en armas de fuego operables. También exige que los distribuidores con licencia registren todas las armas de fuego en sus inventarios y que les asignen un número de serie.

Aún hay trabajo por hacer

Si bien la legislación reciente es un avance concreto, los expertos coinciden en afirmar que todavía hay trabajo por hacer.

El eslabón más débil en el nuevo paquete legislativo es la Regla final de marco o receptor, que es efectiva, pero no permanente. A diferencia de la Ley bipartidista de comunidades más seguras, la regla es una acción ejecutiva, no una ley, y los expertos dicen que, por lo tanto, puede ser fácilmente revertida por una nueva administración.

“Las armas fantasma son un reto en continuo crecimiento”, afirma Grillo, “y en este momento ha fracasado el intento básico de hacerle frente a dicho reto. Necesita que exista una regulación”.

De hecho, ya ha habido intentos, tanto en el Senado como en los tribunales, de bloquear o detener la implementación de la norma.

Los expertos también están divididos en cuanto a la Ley bipartidista de comunidades más seguras. “Es un considerable intento de atacar el flujo de armas ilegales”, dijo Grillo a InSight Crime. 

Pero Lindsay-Poland es más escéptico: “Dudo que [la nueva ley] cambie la economía del tráfico de armas [...] Es muy difícil saber si afectará el tráfico transfronterizo”, dijo a InSight Crime, y agregó que “los fiscales tendrían que estar más motivados para destinar más recursos a la investigación”, para que la ley realmente tenga un impacto sobre la dinámica del tráfico de armas.

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