El organismo encargado de inspeccionar los sitios mineros e incautar el mineral extraído de manera ilegal en Brasil tiene graves problemas de falta de personal, como consecuencia de las libertades que el gobierno ha otorgado al sector minero.
El 2 de marzo, O Globo informó que la Agencia Nacional de Minería (Agência Nacional de Mineração, ANM) de Brasil solo emplea a 250 inspectores para monitorear unos 35.000 sitios mineros en todo el país. Las inspecciones en terreno también se han reducido considerablemente, debido a los riesgos para la salud que implica viajar a lugares con alta incidencia de COVID-19.
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La ANM tiene la tarea de garantizar que las empresas mineras legales permanezcan dentro de sus límites de producción y utilicen tecnología aprobada para extraer minerales como hierro, cobre y oro.
Debora Puccini, directora de la ANM, dijo a O Globo que los inspectores de la entidad también trabajan con la policía para cerrar minas ilegales, pero que tales operaciones vuelven a reaparecer tan pronto las autoridades abandonan la zona.
Puccini afirma que se necesitan mayores labores de vigilancia, y agrega que la entidad planea utilizar drones y satélites para complementar los esfuerzos de monitoreo.
Análisis de InSight Crime
Debido a sus pocos recursos, la agencia minera brasileña enfrenta una dura batalla, dado el gran tamaño de las regiones mineras del país y los intentos del presidente Jair Bolsonaro de relajar las regulaciones mineras en las regiones protegidas.
Los parques nacionales del país, donde abunda la delincuencia ambiental, abarcan unos 25 millones de hectáreas. Solo en la Amazonía brasileña se han descubierto más de 450 sitios mineros ilegales, según una investigación de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada.
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El aumento de los precios del oro y la falta de oportunidades de empleo durante la pandemia de COVID-19 también han aumentado la cantidad de mineros ilegales que operan en Brasil, como señaló Puccini anteriormente.
Los conservacionistas afirman que el presidente Bolsonaro está restringiendo deliberadamente a agencias como la de Puccini, dedicadas a la protección del medio ambiente y los recursos naturales. El instituto brasileño del medio ambiente (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA) ha sufrido recortes presupuestales y de personal durante la administración de Bolsonaro, y los empleados denuncian que el gobierno ha obstaculizado la labor de los organismos de seguridad en los últimos años.
El brazo administrativo del Ministerio del Medio Ambiente (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio) también emplea apenas un puñado de agentes para supervisar vastas extensiones de tierras protegidas. La falta de recursos lleva a que estos organismos fracasen y sean presa de la corrupción. Por ejemplo, los inspectores de ANM están encargados de detener el uso de mano de obra esclavizada en las minas. Sin embargo, una reciente investigación de Mongabay reveló que una familia que usa mano de obra esclavizada para extraer oro en el estado norteño brasileño de Pará había seguido obteniendo permisos de la ANM, a pesar de que durante una redada en 2018 fue sorprendida esclavizando trabajadores.
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