La renuncia del ministro de petróleos de Venezuela Tareck El Aissami, pocos días después de la captura de uno de sus principales aliados, puede ser una señal de un distanciamiento político entre algunas de las más poderosas redes criminales enquistadas en el gobierno.
El 20 de marzo, El Aissami anunció su renuncia por Twitter, aduciendo que dejaba su cargo en orden para ayudar a las investigaciones de corrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA).
La dimisión de El Aissami ocurrió pocos días después del arresto del director de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho. Este era, según la prensa venezolana, la mano derecha de El Aissami. Dos jueces y un alcalde municipal también fueron puestos en custodia por otros cargos de corrupción en ese mismo lapso de tiempo.
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Poco después del anuncio de El Aissami, el presidente venezolano Nicolás Maduro apareció en una reunión política televisada de su partido donde afirmó que las capturas hacían parte de una campaña anticorrupción dirigida a "desmembrar mafias de corrupción que han alterado el importante aparato económico, judicial y político de Venezuela", que se habían "infiltrado en PDVSA y en la Sunacrip".
Maduro añadió que aceptó la renuncia presentada por El Aissami para facilitar las investigaciones.
Análisis de InSight Crime
La renuncia de El Aissami configura una guerra de titanes. La corrupción en los más altos niveles y los nexos con el crimen organizado no solo son un lugar común en Venezuela, son una característica inherente del gobierno en cabeza de Nicolás Maduro. En esa medida, es mucho más probable que la operación contra la red de El Aissami sea un juego político y no un intento genuino por erradicar la corrupción.
A lo largo de los últimos 15 años, El Aissami, quien también hizo de vicepresidente, se ha posicionado como una de las figuras más poderosas en Venezuela a pesar de las acusaciones constantes contra él y su red, entre ellas numerosas sanciones e imputaciones de Estados Unidos.
Políticos y analistas políticos consultados por InSight Crime antes de estos recientes hechos, quienes pidieron que se reservara su identidad por temor a las represalias, dijeron que si bien se consideraba que El Aissami era fiel a Maduro, había logrado crear una base de poder propio y encabezaba su propia facción política dentro del chavismo.
Por su parte, Ramírez era un actor central en esta facción, junto con otros destacados chavistas y empresarios con conexiones políticas, como Samark López.
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"Es inconcebible que un alto funcionario estuviera implicado en corrupción sin que Maduro estuviera enterado", señaló un diputado de la oposición en la Asamblea Nacional, quien solicitó que se mantuviera su anonimato por temor a la persecución política. "Creo que esto es un tema de lealtades y de discusiones por el poder. Es por eso que están montando todo el show, con lo que sacarán al bloque de Tareck El Aissami y cualquier pretensión que pudieran tener".
El bloque criminal de El Aissami es formidable y activo.
En 2017, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense declaró a El Aissami como traficante de narcóticos designado especialmente, y lo acusaron de trabajar con los narcos venezolanos Walid Makled y Hermágoras González Polanco, así como con organizaciones narcotraficantes mexicanas y colombianas.
En 2019, el Distrito sur de Nueva York imputó a El Aissami por cargos de violación y evasión de las sanciones de la OFAC mediante el uso de aviones privados. En marzo de 2020, el mismo tribunal emitió otra imputación, en la que acusaba a El Aissami de nuevas violaciones a las sanciones y de lavado de dinero mediante el trasiego de dinero en efectivo a granel.
La segunda imputación también mencionaba a Ramírez como acusado. Según las acusaciones presentadas por le Departamento de Estado estadounidense, Ramírez mantenía "fuertes lazos políticos, sociales y económicos” con El Aissami y estaba involucrado en el uso de monedas digitales para evadir las sanciones.
Estados Unidos ofreció una recompensa de US$10 millones por información que permita la captura o condena de El Aissami y US$5 millones para Ramírez.
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