Un reporte sobre la trata de personas en el estado Bolívar en Venezuela muestra que los campos de trabajo forzado y las redes de tráfico sexual parecen crecer en las minas ilegales de esa región.
De acuerdo con el informe publicado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), hombres, mujeres y niños están siendo traficados en el estado Bolívar, en una zona que pertenece a la región minera conocida como el Arco Minero del Orinoco.
Venezolanos desesperados que vienen a esta región en busca de trabajo son forzados a trabajar en las minas bajo condiciones similares a la esclavitud, según los autores del informe. A esto se suma que las mujeres se enfrentan a la explotación sexual.
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Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se ha advertido que la prostitución forzada en las zonas mineras viene en aumento desde 2016. Y a medida que esta economía criminal se expande, también lo hace la violencia de género.
Muchas mujeres son obligadas a ejercer la prostitución en condiciones deplorables, e incluso cuando son contratadas para realizar este tipo de trabajos, no reciben el pago acordado. De acuerdo con un reportaje del medio Crónica Uno, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en las zonas mineras obligan a las mujeres a prestarles servicios sexuales sin pagarles lo acordado.
La mayoría de víctimas de las redes de trata son mujeres (74%), de las cuales el 25% son niñas y adolescentes. Sin embargo, debido al alarmante subregistro, las cifras podrían ser más altas.
Análisis de InSight Crime
La confluencia entre campamentos de minería ilegal y el alto número de mineros, como es el caso de Venezuela, a menudo dan lugar al tráfico sexual.
A lo largo del Arco Minero, que cubre los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, cerca de las minas, se establecen “currutelas”, como se conoce a los prostíbulos improvisados, y en los pueblos cercanos crecen los establecimientos que prestan también este tipo de servicios sexuales. Sin embargo, no todas las mujeres que trabajan allí lo hacen de forma voluntaria.
Con el auge de la minería ilegal en Bolívar, el estado se ha convertido, no solo en punto de tránsito y origen, sino también en un destino para la trata de personas, especialmente los municipios de El Callao, Roscio y Sifontes, donde se concentra la actividad minera, según el reporte.
La trata de personas se ha hecho más visible, y si bien hay pocos datos disponibles, el fenómeno es alarmante, según señaló una fuente del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y la Oficina del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello-Guyana, quien pidió anonimato por razones de seguridad.
La mayoría de las ganancias van a parar en manos de los dueños de los establecimientos o de los grupos criminales que ejercen control sobre la zona e imparten justicia. Muchas de las mujeres involucradas en prostitución no solo deben pagar a estos grupos por protección, sino que también deben usarlos para mediar disputas de pago, según la fuente.
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Adicionalmente, los servicios sexuales que proveen las mujeres se pagan en oro. De acuerdo con RunRun, en El Callao, Bolívar, las mujeres ganan 1.5 gramos de oro por pasar la noche con un cliente, de los cuales 0.5 va para el dueño del establecimiento donde trabajan. Sin embargo, entre más cerca a la mina, mayor es el pago por estos servicios. Por otro lado, la Organización de Mujeres Amazónicas Wanaaleru ha denunciado que las mujeres son “vendidas” por entre 5 y 10 gramos de oro.
La situación en Venezuela replica las dinámicas de las minas ilegales en la región. En Madre de Dios, Perú, donde las constantes operaciones de las fuerzas de seguridad no han reducido el fenómeno. Tampoco en Antioquia y Chocó en Colombia, donde se han registrado situaciones similares. Las operaciones de las autoridades contra estas economías criminales a menudo descubren redes de tráfico sexual, pero no logran acabar con la actividad delictiva.
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