Un caso judicial en Estados Unidos busca compensar a las víctimas de las FARC con activos incautados a la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, lo que constituye el más reciente intento de fiscales estadounidenses por establecer la responsabilidad legal de entidades vinculadas al Estado venezolano por las acciones del grupo guerrillero colombiano.
Según El Pitazo, con base en un informe de Redd Latam, los fondos en mención incluyen US$117 millones adeudados por un banco de Nueva York a Petrocedeño, empresa hermana de PDVSA; US$41 millones en la cuenta de inversiones de una filial de PDVSA en El Salvador, y una cantidad no precisada, relacionada con Petrowarao, empresa adscrita a PDVSA.
Aunque el artículo no da los nombres de las víctimas, el caso recuerda el de Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes, tres contratistas estadounidenses que fueron secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2003. Las FARC se desmovilizaron en 2016 tras un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, pero hay elementos disidentes del grupo que continúan operando en Colombia y Venezuela.
En 2012, un tribunal de Florida dictaminó que los hombres eran acreedores a una compensación por US$318 millones, que debían provenir de activos incautados a narcotraficantes relacionados con las FARC. El fallo desencadenó apelaciones durante varios años, dado que los afectados trataron de impugnar las afirmaciones según las cuales tenían vínculos financieros con las FARC.
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Las víctimas obtuvieron una importante victoria en agosto de 2020, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que podían ser recompensados con activos de cuentas en poder del empresario Samark López Bello. Este fue sancionado en febrero de 2017 por presuntamente ayudar al político venezolano Tareck El Aissami a lavar ganancias de las drogas de las FARC.
Sin embargo, la misma naturaleza de este caso ha sido criticada. En su cuenta de Twitter, José Ignacio Hernández, exfiscal y asesor del líder de la oposición, Juan Guaidó, señaló que este caso había sido manipulado por Estados Unidos para crear otro método legal e ir tras los activos de PDVSA.
Análisis de InSight Crime
Si este último caso logra establecer vínculos financieros entre PDVSA y las FARC, crearía un precedente jurídico significativo, que podría invalidar la protección sobre los activos extranjeros de la empresa estatal.
PDVSA ha sido por mucho tiempo un vehículo para la malversación por parte del gobierno de Nicolás Maduro, lo que dio lugar a considerables sanciones en enero de 2019. Sin embargo, los términos de dichas sanciones protegen los activos de la empresa, de modo que no sean utilizados para compensaciones por valor de US$150 mil millones a beneficio de acreedores y sectores de la oposición venezolanos que buscan recuperar fondos malversados.
El entonces secretario del Tesoro, Steven Munchin, declaró que las sanciones "ayudarían a evitar que haya más malversación de activos por parte de Maduro y preservar estos activos para el pueblo de Venezuela".
Pero los recientes casos contra López Bello y PDVSA hacen uso de un mecanismo legal completamente diferente, establecido en 2018 a través de la Ley de Aclaración Antiterrorista. Esta les permite a las víctimas de grupos terroristas reclamar una indemnización de fondos que han sido bloqueados en virtud de la legislación antinarcóticos. Estados Unidos considera a las FARC una Organización Terrorista Extranjera.
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Las afirmaciones según las cuales hay vínculos entre PDVSA y las FARC han surgido desde al menos septiembre de 2017, cuando el consultor de seguridad Douglas Farah testificó ante el Senado de Estados Unidos, afirmando que PDVSA y sus subsidiarias representaban la "estructura primaria de lavado de dinero de las FARC".
Farah presentó documentación para sustentar que existen enormes irracionalidades económicas en las subsidiarias de PDVSA en El Salvador y Nicaragua, triangulándolas con evidencia recabada de archivos electrónicos de las FARC en 2008, para afirmar que estas entidades fueron utilizadas para blanquear las ganancias generadas por las ventas de cocaína de las FARC.
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió denuncias contra el presidente Maduro y otros altos funcionarios venezolanos, acusándolos de colaborar en una "conspiración narcoterrorista" con las FARC durante dos décadas.
La denuncia afirma que, alrededor de 2008, el entonces presidente Hugo Chávez acordó con los líderes de las FARC utilizar fondos de PDVSA "para apoyar el tráfico de drogas y las operaciones terroristas de las FARC". Durante ese año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varios altos funcionarios venezolanos por ayudar a las operaciones de narcotráfico de la guerrilla, y más tarde por proporcionarles armas, pero aún no se ha demostrado si estos supuestos apoyos fueron financiados a través de PDVSA. Aunque las FARC se desmovilizaron formalmente en 2017, las facciones disidentes han seguido utilizando a Venezuela como base operativa, con la tolerancia, o incluso el apoyo activo de sectores del actual gobierno de Maduro.
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