El gobierno de Colombia ha trazado un ambicioso plan para erradicar 100.000 hectáreas de cultivos de coca para el fin de este año, pero un análisis del programa hasta el momento plantea dudas sobre la capacidad del gobierno para evitar que grupos armados ilegales regeneren este círculo vicioso criminal.
La tesis del nuevo informe titulado “¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos?” de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), un centro de pensamiento sobre el posconflicto en Colombia, es que el plan de sustitución de cultivos del gobierno no está brindando medidas de seguridad adecuadas ni alternativas sostenibles a comunidades que históricamente han sido las más afectadas por el conflicto armado.
El informe aparece en un momento en que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) renuncian al control del 60 por ciento de los campos de coca más productivos del mundo, en el marco de un acuerdo de paz que el grupo guerrillero firmó con el gobierno en 2016. Las FARC obtenían ingresos anuales aproximados de US$200 millones a US$3.500 millones de la cadena de distribución de cocaína, así que llenar el vacío dejado por las FARC luego de su desmovilización es el mayor reto del gobierno.
Con ese fin, el gobierno ha fijado una meta muy alta de sacar 100.000 hectáreas de coca de los libros criminales para finales de 2017.
Como se señaló en su “Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito” (PNIS), el gobierno depende del Ministerio de Defensa para la erradicación forzosa de 50.000 hectáreas, mientras que las otras 50.000 hectáreas vendrán de la sustitución voluntaria de los campesinos.
El PNIS, creado por disposición del Artículo 4 del acuerdo de paz de 2016 e implementado a finales de enero de este año, ofrece incentivos financieros a las familias cocaleras inscritas en el programa para que cambien sus cultivos ilícitos por alternativas legales, como cacao o café. La FIP estima que para cumplir su objetivo, el estado debe asegurar la erradicación diaria de un promedio de 330 hectáreas únicamente con fines de sustitución.
En la superficie, parece que todo va muy bien. El informe señala que se han registrado más de 75.000 cultivadores de 13 departamentos, lo que suma un estimado de 79.191 hectáreas de coca que podría ser sustituido, a cambio de un pago aproximado de US$11.000 dólares por agricultor en el transcurso de dos años, según datos de la FIP. El gobierno ya comenzó a entregar los primeros subsidios a las familias que accedieron a reemplazar sus plantaciones de coca. Con el primer desembolso, se espera que las familias limpien los cultivos en 60 días aproximadamente.
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Sin embargo, hay un gran obstáculo para el éxito. Según el estudio, actores armados ilegales están al acecho, preparándose para tomar el control de la producción de la coca en territorios previamente dominados por las FARC. Aunque no es un fenómeno nuevo, la situación ha empeorado en algunas regiones en los últimos meses, mientras que la atención nacional estaba dirigida al desarme y la reubicación de las FARC.
Las llamadas “bandas criminales” o Bacrim, especialmente la más grande de ellas, conocida como los Urabeños, grupos disidentes de las FARC, y la organización guerrillera que queda, conocida como Ejército de Liberación Nacional (ELN) están moviéndose rápidamente para tomar control de las áreas anteriormente ocupadas por las FARC con el objetivo de expandir sus operaciones de narcotráfico.
En algunas áreas, dice el informe, las Bacrim, disidentes de las FARC y guerrilleros del ELN están impidiendo directamente que los productores locales de coca ingresen al programa de sustitución, asegura el informe.
Según la FIP, narcotraficantes transnacionales están presionando a los grupos criminales locales para evitar que los pequeños agricultores acepten el acuerdo del gobierno. (El argumento para seguir con la coca es respaldado principalmente por el hecho de que los agricultores dicen que pueden ganar diez veces más dinero cultivando coca que cualquier otro producto, según investigaciones de campo de InSight Crime en regiones cocaleras).
En Guaviare, por ejemplo, los disidentes del Primer Frente de las FARC han lanzado amenazas contra las familias vinculadas al programa de sustitución y recientemente secuestraron a un funcionario de las Naciones Unidas enviado para explicar el PNIS a la comunidad. En Nariño, la intimidación proviene de la milicia disidente Columna Móvil “Daniel Aldana” de las FARC.
En el Cauca, según la FIP, el ELN sigue cobrando gramaje y peaje por el uso de rutas; y en Putumayo, la organización criminal La Constru, tradicionalmente urbana, está reforzando su presencia en las zonas rurales para controlar la producción de cocaína.
Un área de interés menos discutida es la relación entre el cultivo de coca y la minería ilegal, que a menudo van de la mano en zonas ricas en recursos, según afirma la FIP. Actualmente, el estado no tiene un plan específico para evitar que los productores de coca hagan la transición a esta economía ilícita paralela, generalmente controlada por organizaciones criminales.
En departamentos como Nariño y Antioquia, por ejemplo, hay claras coincidencias de estos dos fenómenos, con estricto control de las organizaciones criminales y el reclutamiento de la misma mano de obra, según el informe. Hay evidencia de una estrecha conexión entre la economía de las drogas ilegales y la minería ilegal, con una fuerte correlación entre el precio del oro y el número de hectáreas cultivadas con coca. Si el precio de la coca disminuye, ese mismo productor puede iniciar con minería ilegal, y viceversa.
Análisis de InSight Crime
El problema predominante es que el plan del gobierno de ofrecer subsidios financieros temporales a las familias cocaleras no se mantendrá en el largo plazo, y que las fuerzas de seguridad nacionales no pueden impedir que actores armados ilegales se trasladen a áreas desocupadas por las FARC.
Los municipios cocaleros son más pobres que el resto del país y tienen niveles de institucionalidad muy bajos. Los prospectos de producción de coca para un pequeño agricultor no desaparecerán después de dos años, como tampoco los grupos criminales, los cuales se esforzarán por mantener vivo el lucrativo negocio. Sin la protección del Estado, que ha sido débil en zonas remotas, donde los grupos del crimen organizado mantienen fuerte presencia, puede obligarse a los agricultores a dar la espalda al programa, especialmente cuando los vecinos del lado que ingresaron están recibiendo amenazas de muerte.
La celeridad del gobierno colombiano para implementar el programa está exacerbando problemas de fondo. Bajo fuerte presión internacional para reducir la producción de coca —especialmente por parte de Estados Unidos, que recientemente presionó para que se reanudara la fumigación— el estado está moviéndosa rápidamente para lograr resultados inmediatos, y de esa manera pone en peligro una estrategia integral a más largo plazo dirigida al desarrollo rural en el proceso.
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Este año, la producción de coca aumentó a niveles no vistos en décadas y parece seguir aumentando, incluso con los esfuerzos de erradicación en curso. El aumento es evidencia de que la política del gobierno no perdurará si no hay iniciativas efectivas del estado, la infraestructura y el sector privado que ofrezcan alternativas económicas viables.
Incluso si el gobierno consigue reducir la producción de coca, los grupos criminales podrán seguir recurriendo a la minería ilegal como un recurso estable para financiarse. La minería informal y la industria del “oro sangriento” sirven como fuente de financiamiento generalizada y vital para una variedad de organizaciones criminales en el país, con estimaciones recientes que indican que el 88 por ciento del oro de las minas colombianas es extraído ilegalmente, lo que crea una pérdida para el estado de alrededor de 2 mil millones de dólares.
En el posconflicto inmediato, los políticos deben definir una estrategia específica para evitar que los productores de coca pasen a la industria paralela, pero ellos, hasta ahora, han ignorado el problema.