Según la Procuraduría de México, nueve de los principales carteles criminales del país ahora trabajan en conjunto con unas 43 pandillas, en una señal más del nivel de fragmentación que vive el crimen organizado mexicano y de la forma en que los carteles dependen cada vez más de las pandillas más pequeñas que actúan como su brazo armado.

El periódico Excelsior informó que obtuvo estos datos de la Procuraduría General de la República (PGR) a través de una solicitud de información pública.

Según la PGR, los únicos carteles de drogas que no están afiliados a grupos criminales más pequeños son los Caballeros Templarios y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los otros siete carteles que fueron identificados –el Cartel del “Pacífico” (término para referirse al Cartel de Sinaloa), el Cartel del Golfo, los Zetas, la Organización Beltrán Leyva (OBL), la organización Carrillo Fuentes (también conocida como el Cartel de Juárez), y la Familia Michoacana- dependen de una plétora de organizaciones criminales más pequeñas.

De estas, el Cartel del Golfo es el que más depende de la tercerización del trabajo a grupos de menor tamaño –trabaja con doce pandillas, principalmente en el estado de Tamaulipas. En segundo lugar están los Zetas, quienes trabajan con nueve grupos, seguidos por el Cartel de Sinaloa con ocho afiliados y luego la OBL con seis, como lo indica la tabla de abajo.

Análisis de InSight Crime

La información de la PGR refuerza lo que muchos analistas ya habían observado: las principales organizaciones criminales de México se han fragmentado significativamente desde que el expresidente Felipe Calderón comenzó el asalto contra el crimen organizado en 2006.

Esta tendencia hacia la fragmentación no es exclusiva de México. Colombia ha experimentado un fenómeno similar: estructuras criminales que alguna vez fueron todopoderosas, como los Rastrojos, han hecho implosión, permitiendo la ploriferación de algunos grupos de menor escala. Como en el caso de México, las organizaciones criminales colombianas se han hecho dependientes de la tercerización del trabajo de estos grupos de menor tamaño. Incluso los Urabeños –la única estructura narco paramilitar que aún cuenta con un alcance nacional- utiliza estructuras criminales más pequeñas conocidas como “oficinas de cobro”, para llevar a cabo servicios clave -como asesinatos y transporte o almacenamiento de drogas- en su nombre. La dinámica parece ser similar en México, con organizaciones como los Zetas usando pandillas como “Sangre Zeta” y “Comando Zeta” para actuar como trabajadores subcontratados.

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Este también es un fenómeno transnacional, con organizaciones criminales mayores subcontratando células para actuar como su “brazo armado” en otros países. Por ejemplo la pandilla de prisión nacida en Texas “Barrio Azteca” actuó como brazo armado del Cartel de Juárez y con el tiempo creció para obtener poder y autonomía significativa en su área de operaciones. En otro caso, como parte de un acuerdo en 2011, miembros del grupo narcotraficante mexicano “La M” actuaron como soldados rasos en Estados Unidos, protegiendo cargamentos de metanfetamina entre otras tareas.

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