La que fuera una selva virgen ahora siente las manos depredadoras de los traficantes de madera en las dos regiones de triple frontera de la Amazonía.
Los taladores ilegales han comenzado a emigrar a la Amazonía en el norte de Brasil. Según un estudio de 2019 sobre la tala ilegal en el Parque Nacional Anauá, taladores y aserradores se están mudando de los estados brasileños de Mato Grosso, Pará y Rondônia hacia Roraima, en la frontera con Venezuela y Guyana. Ha llegado a considerarse la región como un “nuevo bosque dorado”, gracias a las grandes extensiones de bosque, el bajo costo de la tierra y los escasos controles sobre la tala y la deforestación, según anotaron los autores del estudio.
*Este artículo hace parte de una investigación de InSight Crime en conjunto con el Instituto Igarapé sobre la minería ilegal, el tráfico de madera y el narcotráfico en las zonas de triple frontera entre Colombia, Perú, Brasil y Venezuela. Si desea leer la investigación completa puede hacerlo aquí. También puede descargar el PDF completo aquí.
El aprovechamiento ilegal de madera en las regiones de triple frontera es más prevalente en las selvas amazónicas de Perú, donde una operación multinacional con muchos tentáculos busca especies de madera dura, como sangretoro (Virola calophylla), achapo (Cedrelinga catenaeformis) y cedro (Cedrela odorata). Los árboles se derriban, se transforman en tablones y terminan exportándose. El proceso incluye la legitimización de la madera mediante licencias de tala y transporte, aserradores e intermediarios antes de su envío a capitales regionales, como Bogotá, Colombia y Lima, o a mercados internacionales, como China.
Una población en la triple frontera construida sobre madera
Enclavada en una curva del río Yavarí cerca de las fronteras de Colombia y Brasil, la población peruana de Islandia se ubica en una posición ideal para recibir cargas de madera.
“En Islandia, hay aserraderos gigantes”, dijo un miembro de la comunidad indígena de Fray Pedro de Perú. “Los taladores de la zona llevan mucha madera a Islandia para procesarla allí”.
No es fácil establecer el origen de esta madera recién procesada. Los aserraderos usan múltiples mecanismos para camuflar sus actividades ilegales, incluyendo la falsificación de los registros de la madera que entra y sale de las instalaciones.
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Parte de la madera procesada en Islandia se lleva a Leticia, en Colombia, a solo 45 minutos río arriba en barco. Los cargamentos son pequeños, avaluados en menos de US$1.000 por pieza, para evitar impuestos o aranceles de importación. Según un informe de 2019, de la Agencia Ambiental de Investigaciones británica (Environmental Investigation Agency, EIA), dedicada al estudio de los delitos ambientales, unas 250 familias en la población vecina de Puerto Nariño, en Colombia, compran madera de los aserraderos de Islandia.
Las importaciones de madera deben ser autorizadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para garantizar el manejo legal de la madera. Pero la investigación de la EIA halló que la ANLA no autorizó ninguna importación de madera a Leticia entre 2015 y 2019, a pesar de que en dicho periodo llegaron casi 10.000 metros cúbicos (m3) de tablones de madera a la ciudad. Ante esto, se ve la posibilidad de que los pequeños cargamentos de madera no solo evadan los impuestos, sino también los controles de la ANLA. Gran parte de la madera importada a Colombia no declara absolutamente nada, según el informe de la EIA.
En 2012, un informe del Banco Mundial reveló que cerca del 80% de la madera peruana se extraía de manera ilegal, y Rolando Navarro, exdirector del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), entidad encargada de vigilar y controlar el uso la vida silvestre y los recursos forestales en Perú, confirmó que las cosas no han cambiado.
‘Patrones’ madereros explotan a comunidades indígenas
Los patrones de la madera buscan a las comunidades indígenas de Perú por su capacidad para tramitar licencias y concesiones para extraer madera en sus territorios. Los patrones prometen empleos y ganancias a las comunidades, pero con frecuencia solo responden con explotación.
En Perú, la madera aprovechada está bajo la protección de las autoridades ambientales mediante concesiones forestales y licencias de tala. Se supone que los Planes Operativos Anuales (POA) sirven como controles, pero terminan usados como fachada para el aprovechamiento ilegal de la madera, pues la información de esos planes puede falsificarse y muchas veces no se verifica.
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Un experto forestal peruano, que habló de manera confidencial por razones de seguridad, declaró que las comunidades indígenas Matsés en Loreto terminaron por lamentar los acuerdos de negocios con el presunto patrón maderero, Teodulfo Palomino Ludeña.
En 2013, Palomino se acercó a la comunidad indígena Matsés de Fray Pedro, que se encuentra cerca de la frontera con Brasil, y se presentó como alguien en el negocio de la madera que ofrecía empleo y ayuda económica, incluyendo ayuda para que los jóvenes tuvieran acceso a la educación superior, como relató un miembro de la comunidad de Fray Pedro, quien habló en condición de anonimato por temor a las represalias.
La comunidad de Fray Pedro acordó hacer negocios con Palomino. En noviembre de 2013, la comunidad firmó “un contrato exclusivo de suministro y comercialización” con él y su empresa Lanc Forest SAC, que le permitía la tala activa en el territorio de la comunidad, según documentos de la fiscalía de Loreto.
En 2019, recayeron sospechas sobre Palomino cuando varios agentes de Osinfor vinieron a inspeccionar los planes de manejo y Palomino se mostró nervioso. “No entendíamos por qué se ponía tenso si se suponía que estaba haciendo todo correcto”, comentó el integrante de la comunidad de Fray Pedro. “Y nos pidió que no dejáramos que Osinfor entrara a inspeccionar”.
A Palomino le preocupaban los árboles en pie que deberían haber sido talados, señaló otro miembro de la comunidad de Fray Pedro. Los árboles aparecían como beneficiados en el plan de manejo forestal, lo que indicaba que los árboles debían haberse extraído en otro lugar, prosiguió el miembro de la comunidad. Al ver los árboles aún en pie, los inspectores del Osinfor sospecharían que había inconsistencias en la información presentada en el plan de manejo.
Poco después, los líderes de la comunidad se enteraron de una larga lista de irregularidades, que incluían el presunto aprovechamiento de volúmenes excesivos de madera y el uso del plan de manejo de la comunidad para legalizar madera extraída ilegalmente.
Palomino también alteró presuntamente los registros de la comunidad, falsificando las firmas de los líderes en las actas.
“Palomino quería quitarnos más de 80.000 hectáreas de tierra y dijo que supuestamente le íbamos a donar el territorio a él”, agregó el miembro de la comunidad.
La comunidad denunció que el libro de actas se había perdido.
Palomino, a quien no pudimos contactar para que comentara al respecto, dejó de extraer madera del territorio de Fray Pedro, pero la comunidad sigue padeciendo las consecuencias de sus acciones. Las autoridades forestales los multaron con casi 200.000 soles (unos US$50.000) por violaciones y se suspendió la licencia de tala de la comunidad y la aprobación de otros planes de manejo en el territorio.
Lavado de madera ilegal en la capital del Amazonas peruano
Los principales clientes de los aserraderos de Islandia están en Iquitos, la capital del extenso departamento de Loreto, en la Amazonía peruana. Iquitos es un importante centro de tránsito y procesamiento de madera, y los intermediarios madereros son reconocidos por lavar madera ilegal.
Por ejemplo, los fiscales peruanos acusaron a Elizabeth Lazares de La Cruz, gerente de una empresa maderera registrada en Iquitos, de hacer parte de una colosal red de tráfico conocida como “Los Duros del Amazonas”.
Según los expedientes judiciales revisados por el medio de comunicación Ojo Público, Lazares de La Cruz está sindicada de haber usado la empresa para blanquear madera extraída ilegalmente de la Amazonía peruana, incluido el departamento fronterizo de Loreto.
Navarro, exdirector del Osinfor, señaló a Lazares de ser intermediaria de la red y dijo que tenía contactos en el gobierno regional de Loreto y los aserraderos locales. Lazares también tenía documentos requeridos para hacer ver legal la madera ilegal, y luego vender la madera lavada a contactos en Lima y en el exterior.
“Ella inspecciona el producto en el campo y se asegura de responder a los pedidos de las empresas”, comentó Navarro. “Ella hace el trabajo sucio; es la persona que se ensucia los zapatos”.