Al crimen organizado transnacional le gusta tener oportunidades y que se le oponga poca resistencia. Actualmente Bolivia ofrece ambas cosas y se encuentra en el corazón de una nueva dinámica criminal que amenaza la seguridad nacional y ciudadana en este país andino sin salida al mar.
Esta nueva dinámica criminal está centrada en los cambiantes patrones de consumo de drogas en la región. El papel dominante de México en el comercio regional de drogas se debe en gran parte a su ubicación, cerca al consumidor de drogas más grande del mundo, así como a su capacidad para producir drogas como heroína, marihuana y metanfetaminas.
*Este artículo hace parte de una serie sobre los desafíos que plantea el tráfico de drogas a Bolivia. Vea la serie completa aquí. También puede descargar el PDF completo.
Este artículo hace parte de una serie sobre los desafíos que plantea el tráfico de drogas a Bolivia. Vea la serie completa aquí.
Bolivia está muy cerca del que actualmente es el segundo mayor consumidor de drogas ilegales del mundo: Brasil. Limita además con el principal productor de cocaína del mundo, Perú, y con el principal productor de marihuana de Suramérica, Paraguay. Por otro lado, Argentina está experimentando un aumento en el consumo interno de drogas, en particular de “basuco” o “paco”, un tipo de cocaína que se puede producir en Bolivia. En la actualidad, incluso los mercados domésticos de drogas de Chile y Perú están presentando un crecimiento.
Hoy en día Bolivia está literalmente en el corazón del comercio de narcóticos ilegales de Suramérica. Si a esto le sumamos el hecho de que Bolivia también produce su propia cocaína, encontramos que existe una diversidad de oportunidades criminales.
Esta dinámica en Suramérica es totalmente independiente de las tradicionales rutas de tráfico de drogas que abastecen el mercado de Estados Unidos. De hecho, fuentes estadounidenses consultadas por InSight Crime afirmaron que el análisis químico de la cocaína incautada en Estados Unidos demuestra que sólo el cinco por ciento de ella proviene de Bolivia.
Estas dinámicas en sí mismas podrían convertir a Bolivia en un epicentro del tráfico de drogas, pero también hay otros factores que hacen de este país un terreno bastante fértil para el Crimen Organizado Transnacional (COT).
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Es importante señalar que Bolivia, con una tasa de homicidios de 11 por cada 100.000 habitantes, es un país seguro dentro de los estándares latinoamericanos. El gobierno del presidente Evo Morales ha registrado un éxito significativo en la lucha contra el tráfico de drogas, principalmente en lo que respecta al control de los cultivos de coca. Sin embargo, los recursos que actualmente destina el Estado boliviano para enfrentar al COT —enfocados en los posibles beneficios económicos del comercio de la droga— han demostrado ser insuficientes.
La naturaleza del crimen organizado boliviano
Bolivia llegó a tener sus propias mafias de grandes ligas. La más destacada estuvo dirigida por Roberto Suárez, conocido como “El rey de la cocaína” de Bolivia, quien incluso llegó a trabajar con Pablo Escobar y el Cartel de Medellín. Hoy el crimen organizado en el país está limitado principalmente a clanes criminales, los cuales participan en una amplia variedad de actividades delictivas, principalmente el contrabando.
En ocasiones, estos clanes involucrados en el tráfico de drogas también participan en la producción de base de coca. Según una fuente de alto nivel en la policía boliviana, el más sofisticado de estos clanes puede reunir hasta mil kilos de base de coca y enviarlos a los grupos del crimen organizado brasileño. Esta base de coca, o pasta de cocaína, posteriormente abastece el mercado del “basuco”.
El basuco es como el crack, una forma altamente adictiva de la droga que se fuma. Es más barato de producir que la cocaína, y el pico de su efecto es intenso pero de corta duración, haciendo que los adictos lo consuman de manera repetida y prolongada, lo que genera un daño permanente en su salud. Al igual que la epidemia del crack en Estados Unidos en los años ochenta, que dio lugar a la guerra contra las drogas, Brasil, y en menor medida Argentina, ahora están luchando para controlar la creciente cantidad de consumidores de basuco. Bolivia es el principal proveedor de ambos países.
Ichilo, en el departamento de Santa Cruz, es uno de los centros de producción de base de coca, y allí están radicados al menos cuatro de los más sofisticados clanes de la droga. En una entrevista con el programa de televisión boliviana Sin Letra Chica, un miembro de uno de estos clanes señaló que su organización trabaja en conjunto con otra, y que entre las dos cuentan con unos 600 miembros. Dice que en una buena semana los dos clanes pueden producir hasta 800 kilos de base de coca. Parte de esta base es transportada a la frontera con Brasil, donde se vende directamente a los grupos del crimen organizado brasileño; otra parte es comprada por los colombianos, los cuales procesan la base y la convierten en cocaína. La fuente también dejó claro que el coronel de la policía de la cercana localidad de Yapacaní estaba incluido en la nómina de los narcotraficantes.
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Extrañamente, hay poca violencia entre los clanes criminales de Bolivia, razón por la cual sus actividades atraen poca atención. A diferencia de los colombianos, y cada vez más de los brasileños, el crimen organizado boliviano prefiere resolver sus diferencias pacíficamente. Esto se puede explicar en parte por la fuerza que tiene la cultura indígena en Bolivia, la cual aborrece la violencia y trata de encontrar soluciones comunes a los problemas. Sin embargo, hay evidencia de un incremento en los asesinatos relacionados con las drogas en Santa Cruz, aunque esto podría estar más vinculado al COT que a las disputas entre los clanes criminales de Bolivia. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha advertido que un aumento en la violencia es casi inevitable si Bolivia mantiene su posición como país productor y punto de tránsito de drogas.
En marzo de 2013, el gobernador de Santa Cruz declaró un estado de emergencia para contener una ola de crímenes en la ciudad, culpando al narcotráfico de la violencia. El tema volvió a los titulares en julio de ese año, cuando en el transcurso de dos semanas se presentaron cinco asesinatos en Santa Cruz, en los cuales, presuntamente, habría participado el COT colombiano.
En 2013, el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (ONSC) de Bolivia registró 762 pandillas en el país. La mayor parte de ellas concentradas en La Paz (261), Santa Cruz (169) y Cochabamba (106), con más de 25.000 miembros en todo país. Algunas de éstas son simples pandillas callejeras; otras estarían mejor clasificadas como clanes criminales.
El crimen organizado transnacional en Bolivia y el “efecto cucaracha”
Con la evolución del crimen organizado transnacional latinoamericano se han producido dos acontecimientos que ahora afectan a Bolivia de forma directa.
A pesar de que los colombianos han estado interesados en Bolivia durante unas cuatro décadas, la naturaleza de este interés ha cambiado en los últimos diez años. Pablo Escobar solía llevar a Colombia aviones llenos de base de coca, e incluso de cocaína boliviana, antes de que la droga siguiera su camino hacia el principal mercado del mundo, Estados Unidos.
Hoy en día son los mexicanos, no los colombianos, quienes dominan el mercado de la cocaína en Estados Unidos. De hecho, en muchos casos los colombianos se han convertido en proveedores al por mayor de los mexicanos. Mientras que en los días del Cartel de Medellín los colombianos producían un kilo de cocaína por alrededor de US$2.000 y lo vendían en Estados Unidos por US$50.000, actualmente la mayor parte de las ganancias terminan en manos de los mexicanos.
Precios de la cocaína enviada al mercado
estadounidense desde Colombia
Precios de la cocaína enviada al mercado
estadounidense desde Bolivia
En Colombia, un kilo de cocaína de alta pureza cuesta alrededor de US$3.000. Los mexicanos les compran a los colombianos ese mismo kilo por entre US$8.000 y US$12.000 en Honduras, el principal punto de transferencia. Esto significa que el crimen organizado colombiano gana, en el mejor de los casos, alrededor de US$7.000 por kilo de cocaína, una vez restados los costos de transporte.
En Bolivia, utilizando base peruana, los colombianos pueden producir un kilo de cocaína de alta calidad por menos de US$2.000. Ese mismo kilo en São Paulo o Buenos Aires alcanza un valor de hasta US$8.000. Por lo tanto, los colombianos pueden ganar más de US$5.000 por kilo, pero con un riesgo mínimo de interdicción y casi ninguno de extradición; simplemente transportando cargamentos de drogas a través de la frontera con Bolivia hacia Brasil o Argentina.
Estos dos países también actúan como puntos de transbordo para los mercados más lucrativos de todos: Europa y Asia. Y es aquí donde los colombianos están concentrando sus esfuerzos. En España o en Holanda, los principales puertos de entrada a Europa, un kilo de cocaína tiene un valor de US$40.000; en el Reino Unido hasta US$50.000; en Rusia hasta US$80.000. Mientras que en Tokio ese mismo kilo de cocaína puede alcanzar un valor superior a los US$100.000.
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Hoy en día, el COT colombiano está produciendo cocaína de alta pureza en Bolivia y la está enviando a Brasil y Argentina, donde se vende una parte de la droga y el resto es transportada hacia Europa o Asia. Los colombianos siguen siendo los pioneros en el tráfico internacional de drogas, y la lógica actual del negocio indica que el mercado de Estados Unidos ya no es tan rentable para ellos, pues ahora está dominado por los mexicanos, quienes ganan la porción más grande del tráfico de un kilo de cocaína. Lo anterior hace de Bolivia infinitamente más atractiva para el COT colombiano.
Por otra parte, el llamado “efecto cucaracha” también ha tenido un impacto significativo sobre Bolivia. Cuando las luces se encienden en una habitación, las cucarachas corren hacia los rincones oscuros. El crimen organizado actúa en gran medida de la misma manera. Las luces están encendidas en Colombia, y los capos de la droga, una vez son identificados, tienen una vida útil bastante corta allí, por lo que se trasladan al extranjero. Bolivia todavía no ha podido encontrar su interruptor eléctrico.
Aunque con frecuencia se capturan colombianos durante las redadas a los laboratorios de producción de drogas en Bolivia, la policía boliviana aún no ha conseguido desmantelar las grandes estructuras criminales colombianas. Un alto funcionario de la policía boliviana, que por razones políticas prefirió el anonimato, reveló en una entrevista que actualmente existen tres redes colombianas principales. La más antigua tiene sus raíces en un grupo paramilitar de los Llanos Orientales de Colombia, las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), que anteriormente estuvieron dirigidas por Héctor Buitrago, alias “Martín Llanos”. A finales de los años noventa, Buitrago envió unos 300 paramilitares a Bolivia. En junio de 2011, la policía boliviana arrestó a su primo, Carlos Noel Buitrago Vega, alias “Porremacho”, en Santa Cruz. En febrero de 2012, Héctor Buitrago fue capturado en Venezuela.
Dentro de los recién llegados también se encuentran traficantes colombianos tanto de Los Rastrojos como de Los Urabeños, dos de las más poderosas estructuras del COT en Colombia actualmente.
También hay indicios de que en Bolivia se han establecido “oficinas de cobro” colombianas. Una oficina de cobro es una estructura criminal utilizada para controlar y regular el tráfico de cocaína. La primera oficina de cobro fue la Oficina de Envigado, una estructura fundada por el Cartel de Medellín de Pablo Escobar. Él utilizó la Oficina de Envigado para ejercer control sobre el hampa de Medellín y asegurarse de que todos los traficantes pagaran sus cuotas a “El Patrón”. Las oficinas de Escobar estaban encargadas de recaudar los pagos de los traficantes y otras deudas pendientes, y, cuando era necesario, contrataban sicarios para asesinar a aquellos que se negaban a pagar o que ofendían a Escobar de alguna manera. Este modelo llegó a dominar el hampa de Medellín y se expandió en toda Colombia por medio del ejército paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las AUC manejaron la mayor parte del tráfico de drogas en Colombia entre 1997 y 2006, cuando se desmovilizaron.
El crimen organizado colombiano ha establecido oficinas de cobro en Panamá, Honduras, Costa Rica, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, España y Bolivia. En julio de 2014, la policía de Bolivia capturó a Alicia Lorena Vargas Muñoz, alias “La Mona”, una colombiana acusada de dirigir una oficina de cobro en Santa Cruz, que fue vinculada a una serie de asesinatos en la ciudad relacionados con las drogas.
Después de los colombianos, el segundo grupo de poderosos miembros del COT que operan en Bolivia provienen de Brasil. Debido a las diferencias lingüísticas, y tal vez a las culturales, los colombianos no cuentan con las mismas redes criminales en Brasil que, digamos, en Argentina. Los grupos brasileños abastecen el creciente mercado de drogas de Brasil, y para asegurar el suministro de cocaína y sus derivados —y también de marihuana— el COT brasileño ha establecido presencia permanente en Bolivia y Paraguay.
Los más poderosos grupos del COT brasileño son el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Fundadas al interior del brutal sistema penitenciario brasileño, estas pandillas ahora controlan gran parte de la venta de drogas en São Paulo y Río de Janeiro, y se han extendido por todo Brasil. Estos grupos han dado el salto al crimen organizado transnacional, y en Bolivia están ubicados principalmente en los departamentos fronterizos de Beni y Santa Cruz. En enero y marzo de 2013, dos células diferentes del PCC fueron desmanteladas en Santa Cruz. El entonces comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), coronel Gonzalo Quezada, señaló que estas células estaban compuestas por “emisarios de alto nivel” del grupo brasileño, enviados para supervisar la compra y el transporte de los cargamentos de droga.
El futuro criminal de Bolivia
Es probable que se solidifique la importancia de Bolivia como epicentro transnacional para el tráfico de drogas. Los mercados de drogas para la cocaína y sus derivados en Suramérica están creciendo y se están diversificando. Es poco probable que la producción de drogas en Perú y Bolivia presente un cambio drástico en el futuro cercano. Perú está intensificando su erradicación de cultivos y planea instalar algunos controles de radar a lo largo de su frontera, mientras que Estados Unidos está a punto de aumentar su ayuda antinarcóticos para ese país. Es probable que esto tenga un impacto negativo y significativo en Bolivia. A pesar de que Morales ha logrado contener la producción de coca en su país, si disminuye el suministro de base barata y de alta calidad de coca de Perú, la presión de los narcotraficantes para conseguir el producto dentro de Bolivia podría aumentar sustancialmente.
La reelección de Morales significa que es poco probable que se presenten cambios en el estado actual de las relaciones con Estados Unidos. Actualmente no hay presencia de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), y desde mediados de 2013 la Oficina para Asuntos Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) han salido del país. Si bien Bolivia ahora recibe apoyo antinarcótico de la Unión Europea y Brasil, ninguno de ellos cuenta con la experiencia, los recursos o los datos para comenzar a llenar el vacío en inteligencia estratégica que antes era suministrada por Estados Unidos.
El desafío de Bolivia radica en fortalecer sus instituciones y su capacidad policial para poder oponer suficiente resistencia al COT, para que así éste se vea obligado a establecer sus operaciones en algún otro lugar. Sin embargo, es poco probable que esto ocurra sin un cambio radical en la estrategia de Morales, que esté acompañado de una gran inversión en recursos. El COT ya está en Bolivia, y entre más raíces logre echar más probable será que consiga penetrar las instituciones del Estado. Ya existe evidencia de que esto está sucediendo en Santa Cruz, tanto en la ciudad como en el departamento. La ciudad está creciendo rápidamente y se está convirtiendo en una metrópolis más grande y sofisticada, con cerca de un millón y medio de habitantes. Santa Cruz está desarrollando hoteles de alta calidad, restaurantes, vida nocturna y apartamentos de lujo, elementos que los grandes narcotraficantes encuentran atractivos en una base de operaciones.
Aunque los grandes narcotraficantes todavía prefieren residir en Buenos Aires, sobre todo los colombianos, Santa Cruz está en pleno auge. Esto podría cambiar la posición actual de la ciudad como epicentro para la negociación de la compra y el transporte de alijos de droga, y convertirse en un atractivo lugar de residencia. En caso de que los grandes narcotraficantes comiencen a vivir allí, esto no sólo acelerará el proceso de corrupción de las instituciones policiales y judiciales, sino que muy probablemente ellos también buscarán influenciar la arena política.
Hay que recordar que los mexicanos comenzaron en el negocio de la cocaína como transportadores de los colombianos y hoy dominan el mercado de cocaína en Estados Unidos. Cuanto más tiempo Bolivia siga actuando como país de producción y transbordo de drogas, mayor será la probabilidad de que los grupos del crimen organizado bolivianos evolucionen en organizaciones transnacionales sofisticadas. Sin una inversión significativa en la lucha contra el narcotráfico y el COT, el pronóstico para Bolivia sólo puede ser pesimista.
Este artículo hace parte de una serie sobre los desafíos que plantea el tráfico de drogas a Bolivia. Vea la serie completa aquí.