Los combates que estallaron en el estado Apure, en Venezuela, a principios de 2021 fueron en apariencia un clásico conflicto guerrillero. El ejército nacional recibió la misión de liberar a la región de “terroristas” y fue desplegado contra un pequeño grupo de insurgentes, que afirmaban estar luchando por sus ideales izquierdistas. Pero detrás de esta fachada había diversos actores estatales y del hampa que buscaban acceso a su propia porción de riqueza y poder.
Cuando el gobierno venezolano anunció operaciones militares cerca de la frontera con Colombia en Apure, declaró que su objetivo eran los “terroristas narcotraficantes”, “grupos armados irregulares”, “grupos del crimen organizado” y “criminales sanguinarios”. Pronto quedó claro que estaban hablando de un grupo: los disidentes del Frente 10 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), actualmente desmovilizadas.
La noticia causó confusión. Antes de su desmovilización en 2017, las FARC habían cooperado estrechamente con el gobierno venezolano, y el Frente 10 no solo se había apoderado sin problemas del antiguo territorio de las FARC en Apure, sino que también había mantenido las conexiones y alianzas de los guerrilleros tanto con las comunidades de la región como con las estructuras militares y políticas locales. En Apure, la gente los consideraba aliados del Estado y, sin embargo, el Estado ahora los estaba atacando.
No se pueden conocer las motivaciones exactas del presidente venezolano Nicolás Maduro para ordenar el asalto contra el Frente 10. Sin embargo, lo que está claro es que, desde la desmovilización de las FARC, Apure se había convertido en un polvorín de intereses contrapuestos, donde diferentes facciones de los militares y el movimiento político chavista gobernante estaban enfrentándose, y una guerra fría de la guerrilla estaba comenzando a calentarse.
Como en casa en Venezuela: el surgimiento de la Segunda Marquetalia
La historia del actual conflicto en Apure no comenzó con una ideología o una revolución, sino con los egos, la codicia y la ambición frustrada desatadas por la fundación de la Segunda Marquetalia, un grupo de las ex-FARC, en 2019.
Los dos principales fundadores del grupo, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez” y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, se encontraban entre los comandantes más conocidos y venerados de las FARC antes de la desmovilización de los insurgentes en 2017.
Márquez era visto como el segundo miembro más antiguo del Secretariado de las FARC. Santrich era miembro del Estado Mayor Central, el grupo de líderes del que se elegía a los miembros del Secretariado. Ambos eran principalmente figuras políticas, dedicadas a conseguir apoyo, alianzas y redes en el país y en el extranjero.
Cuando las conversaciones con el gobierno colombiano comenzaron formalmente en 2012, las FARC enviaron a ambos hombres a La Habana, Cuba, como parte de la delegación encargada de negociar la paz. Márquez fue el principal negociador. Después de la firma del acuerdo final, ambos se convirtieron en congresistas del nuevo partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Sin embargo, en abril de 2018, durante una controvertida operación encubierta de la DEA, Santrich fue arrestado y acusado de intentar negociar un cargamento de cocaína de diez toneladas. Después de que Santrich fue liberado, arrestado nuevamente, y liberado una vez más, tanto él como Márquez desaparecieron.
Reaparecieron en un video emitido en agosto de 2019. Rodeados por algunos de los principales comandantes militares de las FARC, anunciaron su regreso a la lucha armada bajo la bandera de la Segunda Marquetalia, llamada así por el mítico lugar donde nacieron las FARC inicialmente. Si bien Márquez afirmó que estaba en Colombia, el ejército colombiano dijo que quizá el video había sido filmado en Venezuela.
“Esta es la continuación de la lucha guerrillera como respuesta a la traición del Estado a los Acuerdos de Paz de La Habana”, declaró Márquez.
Inicialmente, Márquez y Santrich pretendían unirse a los disidentes de las FARC liderados por Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, quien había estado intentando unificar las numerosas facciones de las ex-FARC en todo el país bajo su mando.
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Duarte también había sido parte de la primera delegación de paz enviada a Cuba. Pero luego, en 2016, la comandancia guerrillera lo envió al departamento del Guaviare para restablecer el orden después de que un frente de las FARC se distanciara del proceso de paz y se sublevara. Duarte, en cambio, desapareció con US$1.35 millones en efectivo de la guerrilla y se unió a los disidentes, convirtiéndose en uno de sus líderes más antiguos y visibles.
En un relato confirmado por inteligencia colombiana, el tercero al mando de Duarte, alias “Jonnier”, describió la cumbre ante la Fundación Paz y Reconciliación, grupo colombiano dedicado al monitoreo de conflictos. Según el líder guerrillero, lo que Márquez deseaba era arrebatarle las riendas a Duarte.
“Cuando Márquez llegó, era muy arrogante, quería continuar como comandante de las FARC que habían continuado en resistencia”, dijo. “Le dijimos que no los habíamos llamado para entregarle lo que habíamos logrado rescatar del proceso de paz de las FARC”.
Los intentos de Márquez y Santrich de convencer a otras facciones de las ex-FARC en Colombia para que se les unieran también se vieron frustrados, y la Segunda Marquetalia parecía más bien un ejército guerrillero con muchos comandantes, pero con pocos soldados.
La Segunda Marquetalia basó sus operaciones no en Colombia, sino en Venezuela, donde tanto Márquez como Santrich tenían una larga historia. Durante años habían llevado a cabo trabajo político en el país, donde Márquez trabajaba desde una oficina en Caracas, según las comunicaciones incautadas a las FARC. Establecieron conexiones que llegaban hasta la cima del chavismo, y Márquez se reunió con el presidente Hugo Chávez en 2007.
Incluso antes del anuncio oficial de que iban a retomar las armas, el presidente venezolano Nicolás Maduro había declarado públicamente que Márquez y Santrich eran bienvenidos en el país, tras haber pasado a la clandestinidad, y los llamó “hombres de paz”.
La Segunda Marquetalia se estableció en Apure, estado que había sido utilizado como centro de operaciones de las FARC en Venezuela durante tres décadas. Los residentes de Apure, así como líderes comunitarios, líderes políticos, trabajadores de derechos humanos y exfuncionarios, quienes hablaron con InSight Crime bajo condición de anonimato por razones de seguridad, dicen que los guerrilleros establecieron una nueva base de operaciones cerca de la ciudad de Elorza, en el municipio de Rómulo Gallegos.
Las fuentes señalan que, para financiar sus operaciones, recurrieron al narcotráfico, despachando aviones cargados de cocaína que salían de pistas de aterrizaje clandestinas. En ningún momento intervinieron las autoridades venezolanas.
El nuevo grupo guerrillero también habría tenido que allanar el camino con el mayor grupo rebelde que opera en Apure y al otro lado de la frontera, en el departamento de Arauca, Colombia: el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Varias fuentes informan que los líderes de la Segunda Marquetalia organizaron cumbres con líderes del ELN incluso antes de anunciar la formación del movimiento.
Una vez atrincherados en Apure, y con su negocio de drogas ya en funcionamiento, la Segunda Marquetalia buscó una vez más expandirse y reclutar a otras facciones de las ex-FARC. Si bien no podían competir con Duarte en cuanto a fuerza militar y presencia territorial, sí tenían conexiones políticas y dinero.
Sin embargo, había un problema: la Segunda Marquetalia no era la única guerrilla en Apure que reclamaba el nombre de las FARC. También estaba el Frente 10, un grupo disidente de las FARC que estaba aliado con la red de Gentil Duarte.
El Frente 10: herederos de las FARC en Apure
Mientras Márquez y Santrich intentaban reconstruir las FARC desde la cima, el Frente 10 había estado tratando de reconstruirse en Apure desde la base. Y en tanto la Segunda Marquetalia había heredado las conexiones políticas de alto nivel de las FARC en Venezuela, el Frente 10 había heredado sus redes locales en el terreno.
El frente disidente estaba liderado por Jorge Eliécer Jiménez Martínez, alias “Jerónimo” o “Arturo”. Según defensores de derechos humanos que trabajaron con excombatientes al otro lado de la frontera, en Arauca, durante el proceso de desmovilización, Arturo fue liberado de prisión como parte del programa de amnistía en el proceso de paz.
Sin embargo, Arturo se había peleado con el anterior comandante del Frente 10 de las FARC, y cuando llegó a la región su nombre no estaba en las listas de combatientes desmovilizados.
“[El comandante] dijo que no lo iba a reconocer porque era un desertor y un aliado de grupos paramilitares”, dijo una de las fuentes, que pidió mantener su nombre en reserva por razones de seguridad. “Así que [Arturo] se puso manos a la obra, reunió gente para establecer una nueva versión del Frente 10”.
Desde el principio, Arturo recibió el apoyo de los disidentes de Duarte, según numerosas fuentes de la región que hablaron con InSight Crime, así como investigaciones de grupos de monitoreo de conflictos y medios locales. Si bien el grupo es en general autónomo en la gestión de sus asuntos a nivel local, el control de los cruces fronterizos le otorgó a Duarte una salida importante para los cargamentos de cocaína.
El nuevo grupo disidente de Arturo, el Frente 10, buscó rápidamente consolidar el control sobre los antiguos territorios de las FARC en Apure y Arauca. Intentaron apoderarse de las economías criminales a ambos lados de la frontera.
Para los residentes de Apure, acostumbrados durante mucho tiempo a convivir con la guerrilla, no hubo mucha diferencia entre un momento y el otro.
“Ha habido convivencia [con la guerrilla] durante años; ellos han estado aquí por casi 20 años, desde que Chávez llegó a la presidencia”, dijo un ganadero local, que pidió mantener su nombre en el anonimato por razones de seguridad. “Ambas partes viven aquí y se relacionan”.
A medida que aumentaban sus filas, la guerrilla capitalizó estos lazos comunitarios para reclutar venezolanos, según señala la inteligencia militar colombiana en una publicación de Reuters, así como algunas fuentes de Apure.
“Le ofrecen dinero y comida a las gente para atraerla; muy pocas personas se ven obligados a vincularse”, dijo a InSight Crime el sacerdote de un pueblo en territorio de las ex-FARC, que tampoco quiso que su nombre se divulgara por temor a represalias.
El Frente 10 también mantuvo la histórica alianza de las FARC con los militares de la zona, y ninguna de las partes se esfuerza por ocultar su colusión, según dijeron a InSight Crime múltiples fuentes en territorios controlados por la guerrilla en Apure.
“Los guerrilleros conviven con elementos de las fuerzas armadas como si fueran vecinos”, dijo a InSight Crime un periodista local, que pidió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad. Otro periodista de la zona describió a InSight Crime cómo en una visita a la ciudad fronteriza de La Victoria se le pidió que comentara sobre un torneo de fútbol con equipos tanto del Frente 10 como del ejército.
Hay evidencia de que la relación fue mucho más allá de la coexistencia pacífica y que los militares y el Frente 10 también cooperaron en las economías criminales. Residentes locales, líderes comunitarios, líderes políticos y un contrabandista de la zona describieron a InSight Crime cómo la guerrilla y los militares estaban dividiendo las ganancias del contrabando transfronterizo.
Sin embargo, si bien la absorción de los territorios y las conexiones locales de las FARC por parte del Frente 10 dio una sensación de estabilidad, la llegada de la Segunda Marquetalia complicó el panorama y se avecinaban problemas.
Las guerras dentro de la guerra
Cuando los dirigentes de la Segunda Marquetalia llegaron a Apure, Duarte —y por lo tanto el Frente 10— ya había rechazado sus propuestas. Pero eso no les impidió atraer a miembros clave del Frente 10 que tenían el conocimiento que necesitaban para establecerse en la región.
Uno de sus primeros objetivos fue Robert Abril, alias “Porrón”, un desmovilizado que ejerció como director de finanzas de las FARC, a quien el Frente 10 había presionado, mediante el secuestro de su padre, para que se uniera a sus filas, según narró uno de los trabajadores de derechos humanos en Arauca.
“Llamaron [a Porrón] para que se reuniera con Santrich y Márquez, quienes le dijeron: ‘tú eres uno de los nuestros, puedes ayudarnos, hay dinero, ayúdanos a organizar todo esto’”, cuenta la fuente. “Y entonces le dijo al Frente 10 que no continuaría con ellos, que se iba con Marquetalia”.
La respuesta del Frente 10 ante esta traición consistió en una operación para asesinar a Porrón en La Victoria. Porrón escapó de la redada, pero seis personas murieron. El ataque también acabó con la posibilidad de que las dos partes coexistieran en Apure, y mucho menos que se reconciliaran. Y aumentó las tensiones entre la Segunda Marquetalia y Gentil Duarte.
La relación del Frente 10 con el ELN también comenzó a desgastarse, según los trabajadores de derechos humanos. En 2020, un informe en los medios de comunicación de Venezuela incluso afirmaba que se habían presentado enfrentamientos armados después de que las ex-FARC se trasladaron a territorio del ELN.
Sin embargo, cuando finalmente se produjo el ataque, no fueron ni la Segunda Marquetalia ni el ELN los que lo efectuaron, sino los militares venezolanos.
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El primer ataque se produjo en septiembre de 2020, cuando el ejército de Venezuela hizo una incursión en los campamentos del Frente 10. Sin embargo, eso fue solo un preludio de lo que estaba por venir. A finales de enero de 2021, los militares iniciaron la primera operación de una serie de ataques sin precedentes contra la guerrilla en Venezuela, los cuales continuarían hasta mayo.
El Frente 10 contraatacó, apuntando a posiciones y unidades militares. También dejaron en claro a quién culpaban de la violencia: a la Segunda Marquetalia.
En una grabación de audio que circuló en el mes de abril, aparentemente grabada por un comandante del Frente 10, se llamaba al diálogo con los militares venezolanos y el gobierno de Maduro, a la vez que se lanzaba una diatriba contra los “traidores a la revolución”, los “vendidos” que “regresaron a las armas sin tener un ejército” y cuyo “único interés es su enriquecimiento personal”.
También se lanzaba una advertencia a los venezolanos:
“Los traidores están contigo desde adentro, caminan a tu lado, comen contigo, los abrazas y los saludas mientras llevan la máscara de un falso revolucionario”, decía la grabación.
Los disidentes de Duarte no tardaron en declarar su apoyo al Frente 10 y se unieron al ataque verbal contra la Segunda Marquetalia, en una declaración en video hecha por Jonnier.
“[La Segunda Marquetalia] quiere proclamarse como los verdaderos revolucionarios, cuando sus acciones hacia quienes permanecimos en la resistencia armada no han sido más que calumnias, engaños y traiciones”, dice.
“Estos hombres financian a unos pocos funcionarios del gobierno venezolano para que hagan su trabajo sucio, para facilitar sus intereses y satisfacer sus apetitos personales de manera desleal y traidora”.
La guerrilla no fue la única en llegar a esta conclusión. InSight Crime habló con numerosas fuentes, entre ellas trabajadores de derechos humanos en Arauca y Apure, líderes comunitarios, políticos y residentes de Apure, miembros de la oposición política, periodistas nacionales y locales, investigadores y analistas de conflictos en Venezuela y Colombia, y exmilitares venezolanos. Todos coincidieron: los militares venezolanos atacaron el Frente 10 al menos en parte para beneficiar a la Segunda Marquetalia.
“Solo hay una persona con los contactos en los altos niveles de Venezuela que puede levantar un teléfono y llamar a un general para pedirle que bombardee a sus enemigos”, dice el trabajador de derechos humanos. “Si se piensa en quién tendría estos contactos, el único es Iván Márquez”.
“Esta es una lucha entre dos facciones de las antiguas FARC para controlar un territorio que es muy propicio para operaciones ilegales como el narcotráfico”, dijo a InSight Crime un general venezolano retirado. “Las fuerzas armadas venezolanas están apoyando a los más cercanos al presidente Maduro, y por eso permanecen atentas, no para expulsar a un enemigo que está ilegalmente en territorio venezolano, sino para favorecer a un sector de las FARC”.
Otros informes de prensa indican que también es probable que el ELN hubiera presionado para realizar el ataque después de que el Frente 10 comenzara a invadir su territorio y las economías criminales que controlan, aunque InSight Crime no pudo confirmar esto último con fuentes de la región.
Sin embargo, es poco probable que Maduro despliegue todo el ejército venezolano solamente para resolver las disputas guerrilleras. Las fuentes dicen que quizá también hubo cálculos estratégicos de mayor alcance.
Otra posible motivación consistía en actuar ante una audiencia internacional que había sido cada vez más crítica frente al evidente apoyo del régimen de Maduro a los grupos guerrilleros. Así lo afirma Iván Simonovis, exdirector de policía, preso político y, recientemente, comisionado especial de seguridad e inteligencia en el autoproclamado “gobierno interino” de la oposición venezolana.
“Creo que el régimen dijo: ‘nos vamos a lavar las manos frente a esto, vamos a neutralizar a este grupo guerrillero y entonces parecerá que estamos combatiendo a la guerrilla, a la vez que les estamos resolviendo este problema al señor Márquez y al señor Santrich’”, dijo a InSight Crime.
Otras fuentes, entre ellas personas que conocen la política interna y las actividades criminales del régimen de Maduro, dicen que el conflicto probablemente también se dio como resultado de las tensiones entre facciones al interior del chavismo.
“Hay una división interna dentro del régimen; algunos apoyan a la Segunda Marquetalia, mientras que hay otro sector que mantiene conexiones con Gentil Duarte y hace negocios con él”, dijo a InSight Crime un destacado exintegrante del Partido Comunista de Venezuela (PCV) que hizo parte de la coalición chavista hasta 2020.
El destino del Frente 10 quedó determinado, según indica la misma fuente, porque se negaron a pagarles más a sus aliados en el ejército venezolano.
“Algunos generales de un sector de las fuerzas armadas les exigieron a estos disidentes aumentar la cantidad de dinero que pagan como una especie de ‘cuota’ por estar en el territorio”, afirma.
Otros informes también apuntan a una mayor frustración de facciones del ejército con respecto al Frente 10 por la repartición de los derechos de extorsión, pues sostienen que los guerrilleros no estaban respetando los territorios acordados.
Si bien estos informes y teorías siguen sin confirmarse, apuntan a una verdad que se estaba volviendo cada vez más evidente para quienes estaban en Apure: mientras que las FARC siempre habían estado dispuestas a seguir las reglas del gobierno a lo largo de la frontera, los disidentes del Frente 10 estaban fuera de su control.
“Se estaban fortaleciendo, ganando dinero y poder, y el gobierno no puede permitir que nadie tenga poder absoluto excepto ellos”, dijo a InSight Crime un contrabandista de Apure con experiencia en la compleja dinámica criminal de la región.
Cualesquiera que fueran las razones, Maduro estaba comprometido y dispuesto a arriesgar su propia reputación y la vida de los soldados venezolanos para atrapar a los guerrilleros del Frente 10 y expulsarlos del país.