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La invitación a la guerra en Venezuela

COLOMBIA / 13 OCT 2021 POR UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE VENEZUELA ES

En las fotos se veían cinco cadáveres tendidos en el suelo, cada uno con una mano extendida, cerca de la cual había una pistola o una granada. El informe oficial indicaba que se trataba de guerrilleros que murieron en combate con las fuerzas de seguridad.

Pero las heridas que se apreciaban en las fotos no eran como las que se sufren en combate. Según expertos forenses comisionados por Human Rights Watch (HRW), existía evidencia de que tanto los cuerpos como las armas habían sido puestos. Los testimonios recogidos por HRW señalan que las víctimas fueron sacadas de sus casas con camisetas que les cubrían la cabeza, y que luego fueron subidas a camiones blindados.

“Querían mostrarle al presidente y a los mandos que habían matado guerrilleros. Pero la verdad es que no mataron a ningún guerrillero; fue a mi familia a la que sacaron de su casa”, le dijo a InSight Crime un familiar de las víctimas, quien no quiso que su nombre se revelara por temor a represalias.

Los asesinatos tenían todas las características de falsos positivos, como se les denomina en Colombia: civiles muertos vestidos con uniforme de guerrilleros marxistas. Entre 2002 y 2008, el ejército colombiano, presionado por mostrar resultados, asesinó a unos 6.400 civiles inocentes, a los cuales vistieron como guerrilleros con el fin de presentarlos como muertes en combate.

Pero este caso no ocurrió en Colombia, sino en Venezuela. Y no en el pasado, sino en el presente.

Las presuntas ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar en marzo de 2021 en el estado fronterizo de Apure. Se produjeron pocos días después de que el ejército venezolano lanzara grandes operaciones militares contra el Frente 10, una facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya desmovilizadas, cuyas disidencias son conocidas como la ex-FARC Mafia. A medida que los combates se intensificaron, Apure siguió padeciendo los horrores de la guerra de guerrillas de Colombia: desplazamientos masivos, tiroteos y emboscadas, secuestro de soldados, minas antipersona y acusaciones de detenciones arbitrarias y torturas cometidas por las fuerzas de seguridad.

Durante décadas, Venezuela ha reprochado a Colombia porque el conflicto civil del país llevó a que cientos de miles de colombianos desesperados se trasladaran al país vecino. Sin embargo, hoy en día, el flujo de criminalidad y desplazamiento se mueve en dirección contraria. La guerra en Colombia fue el producto de complejos factores sociales, políticos, económicos y criminales que se sucedieron durante varias generaciones; por su parte, el gobierno de Venezuela invitaba a las facciones beligerantes al país.

VEA TAMBIEN: FARC en Venezuela

El presidente y las guerrillas

Durante décadas, tanto el conflicto armado como el crimen organizado de Colombia se han ido filtrando poco a poco a través de la frontera con Venezuela. Pero la invitación de ingreso a la guerrilla colombiana fue hecha por el expresidente Hugo Chávez, el fundador de la “Revolución Bolivariana”.

Hay evidencia de que las FARC se acercaron a Chávez como un posible aliado político después de que el entonces teniente coronel del ejército liderara un intento de golpe de Estado en 1992. Sin embargo, fue después de que llegó a la presidencia en 1999 que la relación comenzó en serio.

Las comunicaciones incautadas a las FARC indican que desde el año 2000 la guerrilla se comunicaba directamente con quien se convertiría en su principal interlocutor con el gobierno, Ramón Rodríguez Chacín, miembro del círculo cercano de Chávez que pasaría a ocupar el cargo de ministro del Interior y Justicia, entre otros roles.

“Reitero mi disposición a cooperar, lo que constituye, como he dicho, una obligación revolucionaria y una cuestión de afecto personal”, escribió Chacín a un comandante de las FARC en 2001.

Sin embargo, los acontecimientos del año siguiente llevaron a que dicha cooperación política se convirtiera en toda una alianza estratégica. En primer lugar, en abril de 2002, Chávez fue derrocado temporalmente mediante un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. En Colombia, el candidato de derechas, Álvaro Uribe Vélez, fue elegido presidente, quien prometió arremeter contra los guerrilleros marxistas utilizando todo el poder del ejército nacional, con el financiamiento de Estados Unidos.

Tras el golpe, y decidido a aferrarse al poder, Chávez vio a los guerrilleros de las FARC como una herramienta estratégica, un apoyo contra la intervención extranjera de una Colombia cada vez más hostil y de su patrón militar, Estados Unidos. Las FARC, obligadas a defenderse debido al ataque militar de Uribe Vélez, vieron en Venezuela un refugio seguro, un lugar para esconderse y planificar operaciones.

En los años siguientes, los militares venezolanos comenzaron a hacerse los de la vista gorda frente a la presencia de la guerrilla, e incluso empezaron a ayudar activamente a los guerrilleros.

“El gobierno los apoyó mucho, en todos los sentidos: armas, medicinas y camionadas de alimentos”, dijo a InSight Crime en la región fronteriza un exlíder del partido político de Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El líder político, quien no quiso que su nombre fuera divulgado por temor a persecuciones políticas, dijo que, durante su trabajo político con el PSUV, visitó varios campamentos de las FARC y se reunió con comandantes guerrilleros de la zona.

De acuerdo con las comunicaciones incautadas a las FARC y las investigaciones de Estados Unidos, detalladas en numerosas acusaciones y listas de sanciones, diversas figuras de alto rango dentro de la administración Chávez comenzaron a cooperar directamente con la guerrilla. Presuntamente les proporcionaron a los guerrilleros seguridad y documentos de identificación falsos para que pudieran operar libremente en el país, solicitaron su ayuda para ofrecer entrenamiento militar a las fuerzas de seguridad y grupos de milicias leales a Chávez, lavaron dinero de la guerrilla y proporcionaron armas a sus combatientes.

Lo más grave de todo es que las FARC, los militares y los principales miembros del gobierno de Chávez comenzaron a cooperar en el tráfico de drogas, según evidencias que se hicieron públicas en las acusaciones de Estados Unidos, así como en las listas de sanciones y los testimonios de exfuncionarios chavistas de alto rango que se convirtieron en informantes. Estas versiones fueron confirmadas por numerosas fuentes que hablaron con InSight Crime, como generales retirados del ejército, exlíderes del PSUV y del Partido Comunista de Venezuela, exfuncionarios del gobierno de Chávez, exdiplomáticos nombrados por Chávez, así como residentes y trabajadores de derechos humanos en la región fronteriza.

Chávez, decidido a mantener la unidad política y el apoyo de las fuerzas armadas a toda costa, permitió que esto sucediera.

“Para Chávez, la única manera de mantener la lealtad y conservar el poder era ser permisivo, por lo que permitió que muchos miembros del ejército y funcionarios públicos de su gobierno se involucraran en el tráfico de drogas”, dijo a InSight Crime Mildred Camero, exdirectora de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID) durante el gobierno de Chávez.

“Le dije al presidente Chávez lo que estaba sucediendo. Le presenté un informe al respecto, y ¿cuál fue la respuesta? Me expulsaron”, agregó.

Hasta la fecha, la lista de chavistas sancionados o acusados por Estados Unidos por presuntos vínculos con las FARC incluye exvicepresidentes, ministros de gobierno, jefes de inteligencia, diplomáticos, comandantes militares y gobernadores estatales. Entre ellos se encuentra el sucesor elegido a dedo por Chávez, el actual presidente Nicolás Maduro.

El resultado de esta cooperación fue un flujo de guerrilleros hacia Venezuela. Hacia 2010, la inteligencia colombiana estimaba que había 1.500 guerrilleros de las FARC asentados en Venezuela, además de combatientes de otra insurgencia izquierdista, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El estado Apure se convirtió en una de las principales bases operativas de ambos grupos. Tres de las siete divisiones de combate de las FARC, conocidas como bloques, estaban activas en la región fronteriza. Entre ellos se encontraba el Bloque Oriental y su Frente 10.

Una vez establecidas en Venezuela, las FARC realizaron operaciones criminales y militares, y comenzaron a replicar el trabajo social y político local que realizaban en Colombia. Ya sin el peligro de ser atacados, pudieron empezar a hacer parte de la vida comunitaria.

“Hemos aprendido a convivir con la guerrilla. Incluso los ganaderos con cierto dinero y poder se han convertido en sus aliados”, dijo un ganadero de Apure, quien no quiso dar su nombre por razones de seguridad.

Las FARC no solo coexistieron con las comunidades locales, sino que además se establecieron como las autoridades de facto, brindando seguridad y estabilidad allí donde el Estado no lo hacía.

“La guerrilla no interfiere con los ciudadanos de la zona. Los guerrilleros se meten con los que roban, los que matan, los que se meten con ellos, los que informan sobre ellos”, dijo el ganadero.

VEA TAMBIEN: Las ex-FARC mafia, Venezuela y el actual clima internacional

La guerra de Colombia en tierras venezolanas

En 2016, los líderes de las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano y se comprometieron a desmovilizar sus ejércitos, luego de diversas negociaciones en las que Venezuela cumplió un papel vital como interlocutor y garante.

Para entonces, ya se habían formado varios grupos disidentes de las FARC. Algunos de los más importantes ya se encontraban consolidando el control de los antiguos territorios de la organización, así como las economías criminales en Venezuela. En las regiones de Apure controladas por las FARC, según cuentan los residentes, la desmovilización no produjo muchos cambios. Al igual que antes, el Frente 10 seguía siendo dominante.

Sin embargo, tras esa continuidad en el territorio se oculta una realidad más volátil. La alianza estratégica relativamente estable y mutuamente beneficiosa que surgió entre las FARC y el Estado venezolano durante el mandato del presidente Hugo Chávez se ha resquebrajado debido a disputas entre facciones y a las volubles alianzas. Con el aumento de las tensiones, a fines de 2020 el presidente Maduro declaró que el Frente 10 había abusado de la hospitalidad de Venezuela.

Tras un primer asalto en septiembre de 2020, el ejército realizó, a fines de enero de 2021, la primera de una serie de operaciones destinadas a expulsar al Frente 10 del país. Como ha sucedido muchas veces en Colombia, los combates degeneraron rápidamente en violaciones contra los derechos humanos de la población civil.

Aunque hasta febrero se presentaron varias refriegas, la primera gran operación de la campaña se realizó el 21 de marzo, cuando los militares lanzaron un ataque contra el campamento de uno de los líderes del Frente 10, Fabián Guevara Carrascal, alias “Ferley”.

Tras la ofensiva, al menos 2.800 venezolanos huyeron de sus hogares para escapar de los combates y buscaron refugio en Colombia. Muchos huyeron porque los guerrilleros, que al parecer fueron avisados sobre las operaciones, les advirtieron sobre el conflicto que se avecinaba, según contaron los residentes a InSight Crime.

“Un pastor [de la comunidad desplazada] me dijo: ‘los guerrilleros mismos vinieron y nos dijeron que nos fuéramos porque el gobierno venía en camino y podría pensar que éramos guerrilleros, nos atacarían y nos masacrarían’”, dijo el sacerdote de un municipio cercano, quien pidió que su nombre se mantuviera en reserva por temor a represalias.

Al parecer, los guerrilleros se habían dispersado en las montañas. Pero también se habían protegido durante su retirada. Al día siguiente del ataque, según informes oficiales, dos soldados murieron y 9 más resultaron heridos por minas antipersona colocadas por las ex-FARC. Si bien las minas antipersona han sido por mucho tiempo una de las tácticas preferidas por la guerrilla en Colombia —lo que lo convierte en uno de los países con más minas de este tipo en el mundo—, este fue el primer incidente registrado en Venezuela desde 2013, año en el que se declaró un país libre de minas antipersona.

A medida que la búsqueda de los guerrilleros se hizo más intensa, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de la Policía Nacional Bolivariana, que se sabe que han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, se unieron a dicha persecución. Según testimonios recogidos por HRW, las FAES allanaron casas en la ciudad fronteriza de La Victoria y en sus alrededores, en donde sacaron a los residentes de sus viviendas, los arrojaron al suelo, los golpearon y los amenazaron de muerte.

Finalmente, llegaron a la casa de Luz Dey Remolina y su esposo, Emilio Ramírez Villamizar. Se llevaron a la pareja junto con su hijo Yefferson y el hermano de Emilio, Ehiner. Horas después, la familia, junto con una quinta víctima, Julio César Jiménez Millán, aparecieron en las fotos de las FAES como “muertes en combate”.

Los tres hombres de la familia Ramírez eran jornaleros agrícolas, que hacían cualquier trabajo que pudieran conseguir en las fincas de la zona, y Luz Dey era ama de casa, según un miembro de la familia que habló con InSight Crime. Julio César había llegado a Apure pocos días antes para tomar un trabajo en una panadería, como contaron habitantes del sector a InSight Crime.

Al día siguiente, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre 1.000 y 1.200 venezolanos más huyeron hacia Colombia. El flujo de refugiados continuó aumentando y llegó a los 5.877, según el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), una iniciativa liderada por la ONU. Sin embargo, esta cifra quizá está subestimada, ya que muchos se quedaron donde amigos o familiares y no se registraron ante las autoridades.

Muchos de los desplazados regresaron poco después a Venezuela, pero algunos descubrieron que las fuerzas de seguridad habían saqueado sus hogares, como dijeron a InSight Crime residentes locales y líderes políticos y comunitarios. En un municipio, ni siquiera la iglesia escapó a los ataques, según el sacerdote del pueblo que habló con InSight Crime.

“Entraron a la iglesia, que estaba cerrada, pero derribaron la puerta”, dijo. “Entraron y se llevaron todo, incluso la caja de donaciones del sacerdote, la abrieron y se robaron el dinero que había adentro”.

Después de ese primer asalto del ejército, las ex-FARC se reagruparon y comenzaron a lanzar contraataques. Y a la par que aumentaban la presión sobre las fuerzas de seguridad, también incrementaban los abusos sobre la población, a la que veían como colaboradores de la guerrilla.

Los agentes de seguridad comenzaron a ir tras los habitantes y, al parecer sin pruebas, órdenes judiciales, cargos ni ningún debido proceso, los acusaron de ser informantes de la guerrilla y comenzaron a detenerlos.

“En ese momento yo no entendía por qué me habían detenido, así que le pregunté al capitán que me arrestó y me dijo que me habían llevado allí porque alguien había dicho que yo estaba pasando información a las FARC, y que tenía que hablar y decir la verdad”, dijo una mujer que fue detenida y más tarde liberada, y cuyo nombre no revelamos por razones de seguridad. “‘No tienes derechos’, me dijo”.

En algunos casos, las personas detenidas fueron golpeadas e incluso torturadas, según múltiples relatos recopilados por InSight Crime y diversas organizaciones de derechos humanos.

Aunque se desconoce el número total de detenidos, el 5 de abril el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció que para ese momento se había hecho el arresto de 33 personas, 14 de las cuales serían juzgadas en un tribunal militar acusadas de traición a la patria. Después de eso han surgido informes de nuevas detenciones de ganaderos y trabajadores agrícolas acusados por los militares de colaborar con las ex-FARC.

Esta serie de abusos dejó claro que, a pesar de haber sido testigos de la guerra en Colombia, los militares venezolanos no habían aprendido de la experiencia de su vecino. Allí, los ataques militares indiscriminados, las violaciones a los derechos humanos y la estigmatización de las poblaciones civiles obligadas a convivir con la guerrilla han fortalecido durante décadas a los insurgentes, al deslegitimar al Estado. Y ahora, dicen los habitantes de Apure, lo mismo está sucediendo en Venezuela.

“Los residentes se sienten más seguros con la guerrilla. Ahí hay una relación que se remonta a años atrás; la guerrilla no interfiere con ellos, pero el gobierno sí”, dijo un líder religioso en la ciudad fronteriza de El Amparo, quien no quiso que se divulgara su identidad por razones de seguridad.

La credibilidad del Estado en las comunidades fronterizas en lucha contra el Frente 10 también está tensa debido a una verdad que es demasiado evidente para quienes viven en la región, y que tiene que ver precisamente con las razones por las que el gobierno lanzó la campaña: si bien el Estado finalmente está atacando a los grupos guerrilleros en Apure, es bastante claro que no los está atacando a todos.

“Todos estaban unidos”, dijo el ganadero. “[Ahora] algunos guerrilleros tienen una relación directa con el gobierno venezolano, pero los otros no”.

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