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Alarmante escalada de violencia en Colombia cerca de las elecciones

COCAÍNA / 8 MAR 2022 POR LAURA N. ÁVILA Y ALICIA FLÓREZ ES

El calendario electoral de Colombia está bastante apretado, pues habrá elecciones legislativas y dos rondas de elecciones presidenciales durante los próximos tres meses. Pero los políticos no son los únicos que compiten por un cargo; los grupos criminales del país también están tratando de ser escuchados.

El 5 de marzo, la policía de Bogotá incautó material para la fabricación de explosivos, y el jefe de policía de la capital declaró que ello probablemente estaba relacionado con amenazas hechas en la antesala de la temporada electoral por grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o disidentes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En efecto, la mayor amenaza criminal de Colombia ha llamado la atención de la prensa en vísperas de las elecciones. Del 23 al 26 de febrero, el ELN llevó a cabo un paro armado (una serie de acciones violentas coordinadas) en toda Colombia, bloqueando carreteras, provocando explosiones e incendiando vehículos, y dejando sus banderas en gran parte del territorio nacional. Si bien su intención era quizá hacer una demostración de poder en vísperas de las elecciones, el ELN también ha declarado que realizará un cese al fuego el 13 de marzo, día de las elecciones legislativas.

En términos más generales, la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), de Colombia, ha reportado 163 víctimas de violencia electoral desde el 13 de marzo de 2021. Esto significa que cada dos días es asesinado, atacado o amenazado un funcionario del gobierno, un candidato o precandidato político, o un activista político.

Sin duda, no todas estas agresiones están relacionadas con grupos del crimen organizado, pero sí quizá algunas. El 23 y 24 de febrero se cometieron tres ataques distintos contra candidatos del partido Comunes, conformado por exguerrilleros tras la desmovilización de las FARC, que dejaron como resultado varias personas muertas.


La situación es tan grave que incluso las Naciones Unidas han expresado su preocupación. En una declaración del 3 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que estaba "preocupado por la presencia de grupos criminales armados [...] y por su impacto negativo en las garantías de seguridad durante el proceso electoral".


A continuación, InSight Crime analiza cinco regiones de Colombia, cada una con su propia dinámica criminal específica, que son las que tienen más probabilidades de experimentar actos violentos en el periodo previo a las elecciones:

VEA TAMBIÉN: Noticia y perfil de Colombia

Cauca

En Cauca, la situación es tan precaria y alarmante de cara a las elecciones que en algunas municipalidades en el norte del departamento como Buenos Aires y Caldono, en donde se registra la presencia de la Columna Móvil Jaime Martínez, no es posible garantizar la seguridad de los candidatos que buscan hacer campaña política.

La alcaldía de Buenos Aires restringió casi en su totalidad los espacios para hacer campaña, porque no hay garantías de seguridad para la ciudadanía o los candidatos.

Los constantes hostigamientos contra la Fuerza Pública y las agresiones contra líderes sociales y comunales, sumado a los asesinatos selectivos constituyen un factor de riesgo para civiles y los candidatos de las próximas elecciones, así lo aseguró la MOE en un reciente mapa de riesgo.

En lo que va de 2022, 3 masacres han sido perpetradas y 5 líderes sociales fueron asesinados.

La probabilidad de que la violencia se manifieste durante las próximas elecciones es inminente. La MOE alertó que 31 de los 42 municipios que conforman el departamento, es decir un 74%, presentan en un riesgo alto y extremo de sufrir violencia. Dentro de estos destacan, Argelia, El Tambo, Morales, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Santander de Quilichao y Jambaló; los cuales históricamente han sufrido los coletazos de la violencia causada por la presencia de grupos armados ilegales.

Arauca

Arauca ha sido el departamento donde se han presentado el mayor número de hechos de violencia en lo corrido de 2022. Solo en enero se cometieron 61 asesinatos y en marzo el departamento fue uno de los paralizados por el paro armado decretado por el Ejercito Nacional de Liberación (ELN). El grupo atacó la estación de policía del municipio de Fortul y ordenó un cierre fluvial entre Arauquita y Venezuela.

Esta ola de violencia se está dando en medio de una disputa entre el Frente Domingo Laín Sáenz del ELN y las disidencias del Frente 10 y Frente 28 de las FARC. Estas pretenden no solo arrebatarle el territorio al ELN, sino debilitar la histórica influencia política y social que tiene esta guerrilla.

Una de las formas para hacerlo es amenazando, amedrentando y asesinando a cualquier líder o político que demuestre su afinidad o vínculos con el ELN.  El 3 de febrero fue asesinado Hernán Naranjo Quintero, un líder social afiliado a la Junta de Acción Comunal de Corocito en Tame y ese mismo mes otros cuatro candidatos fueron amenazados. Esto ha aumentado el temor de los candidatos quienes se abstienen de hacer declaraciones y viajar a las zonas rurales para hacer campaña.

Lo anterior se suma a la grave crisis humanitaria que vive el departamento y trae consecuencias nefastas para las elecciones. Los liderazgos aterrorizados han expresado que no hay garantías para hacer política a vísperas de las elecciones. "Los líderes sociales, políticos y comunales han sido fuertemente desincentivados a participar de la política por la violencia en la región", le dijo Mauricio Vela a El Espectador. Del mismo modo, los pobladores temen que algo les suceda si salen a ejercer sus votos.

Bajo Cauca antioqueño

En esta subregión de Antioquia, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado a mediados de febrero en el que se asegura que la disputa entre grupos armados en esta zona está directamente relacionada con el fenómeno electoral.

En esta región estratégica para el narcotráfico y con grandes explotaciones mineras, hacen presencia Los Urabeños y Los Caparrapos.

Ambos grupos ejercen un fuerte control social y político en la población civil y recientemente han centrado sus esfuerzos en amedrentar a los candidatos políticos. A principios del mes de enero, Los Caparrapos amenazaron a varios líderes de la Asociación Mesa Minera Segovia y Remedios por su actividad minera y por qué varios de sus miembros están participando con candidatos en las curules de la paz.

La región políticamente ha estado influenciada por los grupos armados ilegales. De los 6 gobiernos locales electos en 2020 en la subregión, 2 de ellos presentan cuestionamientos en temas de corrupción y relacionamientos con grupos criminales, informó El Espectador.

Putumayo

En Putumayo las disidencias de las FARC están haciendo presión tanto a candidatos como a la población civil. Según El Tiempo, varios candidatos a al Cámara de Representantes notificaron a las autoridades que grupos armados están presionando a la ciudadanía para condicionar sus votos y además les están prohibiendo hacer campaña política.

VEA TAMBIÉN: ¿Ex - FARC Mafia va por todo en la frontera Colombia-Venezuela?

También hay evidencias de que las disidencias y bandas criminales están ejerciendo presión e Puerto Asís, Orito y Valle del Guamuez para que la población no participe en las próximas elecciones, y si lo hace, que voten por determinado candidato.

Ante las denuncias, el comandante de la Policía de Putumayo, el coronel Roberto Marín, declaró que la presencia de los grupos de disidencias del Frente 48 y del Frente Carolina Ramírez podían afectar principalmente las actividades de campaña en la frontera con Caquetá, es decir, los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo.

Putumayo estuvo bajo la influencia del Frente 48 de las FARC hasta la firma del acuerdo de Paz en 2016. Sin embargo, desde el 2018 se viene dando un conflicto entre dos grupos disidentes de las antiguas FARC. La disidencia del Frente 48 aliados con La Constru y con La Segunda Marquetalia, comenzó una batalla a muerte contra el Frente Carolina Ramírez, aliado de Gentil Duarte.

Valle del Cauca

La violencia también amenaza las campañas electorales en Valle del Cauca. A mitad de enero, un empresario integrante de un movimiento político denunció que fue atacado por desconocidos después de haber participado en un evento público. También, una senadora y candidata al congreso denunció vandalismo en contra de su sede política en Cali.

Situaciones como estas de agresión y amenazas se han convertido en hechos más denunciados por candidatos e integrantes de partidos ante las autoridades del departamento del Valle, informó RCN Radio. De hecho, Valle del Cauca, se posiciona como el departamento con la mayor cantidad de agresiones y violencia contra candidatos, entre marzo de 2021 y enero de 2022, a nivel nacional, según la MOE.

Además, en el centro del departamento, en zona rural de Tuluá incursionaron presuntos disidentes de la Columna Adán Izquierdo y marcaron viviendas con insignias, haciendo proselitismo político. Aún se investiga si los hombres armados en realidad hacían parte de la disidencia, pero lo que si es cierto es que quien esté detrás de estos hechos busca afectar los procesos electorales de los próximos meses.

En el departamento del Valle confluyen una variedad de actores que suponen un riesgo para la población, los candidatos y las próximas elecciones. Allí hacen presencia la disidencia Jaime Martínez y la Columna Adán Izquierdo del Comando Coordinador de Occidente. También hacen presencia reductos del EPL y Los Rastrojos.

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