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ANÁLISIS

Ambigua respuesta de Estados Unidos deja a la justicia de Guatemala en limbo

ÉLITES Y CRIMEN / 6 SEP 2018 POR HÉCTOR SILVA ÁVALOS ES

Los mensajes contradictorios que Washington ha enviado a Guatemala han abierto la puerta para que el presidente Jimmy Morales se fortalezca en la lucha que ha emprendido contra las instituciones que lo investigan por posible financiamiento electoral ilícito, en especial la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG).

La crisis más reciente, y más grave, en la guerra entre Morales y la CICIG inició el viernes 31 de agosto, cuando el presidente dijo que no renovará el mandato de la comisión, vigente hasta septiembre de 2019.

La primera reacción de Estados Unidos, uno de los principales financistas de la CICIG, al anuncio de Morales llegó a través de una comunicación de la embajada en Guatemala en redes sociales afirmando su compromiso a la lucha contra la corrupción en el país.

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Pero casi una semana después, el secretario de Estado de la administración Trump, Mike Pompeo, inclinó la balanza a favor de Morales. En una llamada telefónica realizada el jueves 6 de septiembre, Pompeo dijo al guatemalteco que Washington apoya la soberanía de Guatemala y que respaldaría a una CICIG "reformada". No está claro qué significa eso.

En Ciudad de Guatemala, el rol de la embajada estadounidense parece ser la de contener al presidente Morales.

Tras bambalinas, según han confirmado a InSight Crime tres funcionarios diplomáticos acreditados en Guatemala, el papel de la embajada de los Estados Unidos fue vital para evitar que la administración Morales incluyera medidas más drásticas en su intento de deshacerse de la CICIG, como la suspensión de algunas garantías constitucionales.

“Lo que pase de hoy en adelante va a depender mucho de la presión que (los funcionarios estadounidenses) ejerzan”, dijo uno de los consultados, quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público. InSight Crime contactó a la embajada de Estados Unidos en Guatemala para obtener reacciones respecto a esta versión. La respuesta fue que, por ahora, no habría comentarios.

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Desde su creación en 2007, Washington ha sido uno de los principales apoyos políticos de la CICIG.

En 2015, cuando la CICIG y el MP destaparon el llamado caso “La Línea”, un esquema de corrupción masivo en las aduanas del país que llegaba hasta el entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, Washington y su Departamento de Estado no dudaron en respaldar a la comisión.

John Kerry, el jefe de la diplomacia en el segundo mandato de Barack Obama, y Rex Tillerson, el primer secretario de Estado de la administración Trump, apoyaron a la CICIG durante crisis generadas por investigaciones a los poderes locales.

Cuando a mediados de 2017 el presidente Morales declaró non-grato a Iván Velásquez solo para que la Corte de Constitucionalidad revirtiera la orden, Estados Unidos también apoyó a la comisión, a través de expresiones públicas de su embajador, Luis Arrega. Todd Robinson, antecesor de Arreaga y actual asesor sobre Centroamérica en el Departamento de Estado, también apoyó a la CICIG , generando el descontento de los sectores más conservadores del país.

Hoy ese apoyo está en duda.

Análisis de InSight Crime

Si hay algo que la última semana ha dejado en claro es que el presidente Jimmy Morales lleva la ventaja en la batalla contra la CICIG, y que puede contar a algunos funcionarios de la administración Trump entre sus aliados.

Parece, entonces, que la estrategia de cabildeo que Morales ha estado persiguiendo desde hace tiempo con algunos sectores de Washington, ha dado resultado.

Esta es una historia de larga data.

Ya en abril, un caso que involucró a los Bitkov, una familia de millonarios rusos adversarios del presidente Vladimir Putin, dejó al descubierto el cabildeo en Estados Unidos para debilitar a la CICIG.

Tres miembros de la familia Bitkov habían sido acusados y procesados por la fiscalía en Guatemala de pertenecer a una red de falsificación de documentos que incluía a varios funcionarios migratorios locales que hoy están encarcelados.

Basado en los alegatos de los Bitkov, grupos de cabildeo afines al gobierno de Morales acusaron a la CICIG de perseguir injustamente a los rusos en complicidad con Putin. El caso llegó al senado de Estados Unidos, donde el republicano Marco Rubio anunció su objeción a la erogación de seis millones de dólares adjudicados a la CICIG. Eventualmente, y luego de que un funcionario del Departamento de Estado admitiera que no había prueba de colusión entre el gobierno ruso y la CICIG, Rubio liberó los fondos.

Desde entonces, los ataques contra la comisión de Naciones Unidas no se detuvieron.

El día anterior al anuncio de Morales de no renovar el mandato de la CICIG, la canciller guatemalteca Sandra Jovel se había reunido en Nueva York con Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. De acuerdo con dos fuentes diplomáticas consultadas por InSight Crime en Guatemala que tuvieron conocimiento de lo discutido, Jovel volvió a quejarse de la CICIG.

Y hace un año, Morales había viajado a Nueva York a reunirse con el secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, para lo que, algunos creen, fue quejarse del comisionado Velásquez.

Sin embargo, algunos sectores del Capitolio respondieron al anuncio de la no renovación del mandato a la CICIG con mensajes de apoyo a Velásquez y su equipo y de condena a Morales.

La representante demócrata Norma Torres, por ejemplo, publicó una dura crítica a la falta de acción de Pompeo y le exigió “retener asistencia al gobierno de Guatemala y usar su autoridad bajo la Ley Global Magnitsky para suspender visas y congelar activos de funcionarios guatemaltecos que han estado involucrados en actos de corrupción”.

Pero la reacción de Pompeo y el silencio de la administración Trump parecen alimentar la idea de que la lucha contra la corrupción no se encuentra en la lista de prioridades de Washington.

La arremetida de Morales, su gobierno y sus aliados en el Congreso no parece limitarse a la anulación de la CICIG, sino a llevar adelante una estrategia que incluye debilitar al MP y a las altas cortes —de quienes dependen en buena medida llevar adelante antejuicios como el que pesa sobre Jimmy Morales—.

Si el plan funciona, la justicia guatemalteca estará en un limbo que se alimentará, en parte, de las ambigüedades de Washington.

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