Aunque la violencia ha disminuido en Guatemala, los recientes ataques a autobuses demuestran que el transporte público sigue siendo blanco de las pandillas, las cuales han incrementado sus cobros extorsivos, a la vez que grupos más pequeños han entrado en escena.
En efecto, la semana pasada, un robo a un autobús en Ciudad de Guatemala terminó en un tiroteo, tras el cual murió uno de los dos asaltantes, mientras que el otro resultó herido. En otro incidente, se presentaron disparos dentro de un autobús, lo que le produjo heridas al conductor y a un pasajero, según informó Prensa Libre. Además, siete personas resultaron heridas cuando una bomba de fabricación casera estalló en una parada de autobuses. Las autoridades dijeron que el ataque, llevado a cabo por una mujer de 19 años que perdió ambos brazos como resultado de la explosión, estaba relacionado con cobros de extorsiones.
Después de dicho ataque con bomba, Prensa Libre consultó a los conductores de Ciudad de Guatemala, quienes dijeron que las extorsiones exigidas por las pandillas han aumentado en los últimos dos años, pues ahora hay más “clicas” (o subgrupos de pandillas) que exigen pagos por cruzar áreas en los territorios bajo su control. Antes los conductores tenían que hacerles pagos solamente a las pandillas grandes: la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Gran parte de los actos violentos se presentan en las mismas rutas del centro de la capital o en sus alrededores.
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En las primeras dos semanas de 2019, ocho personas murieron en el transporte público, entre ellas, según Prensa Libre, el conductor de un mototaxi, quien murió después de que su pasajero le disparara.
La violencia en el transporte público no es un fenómeno nuevo. Entre 2010 y 2017, en dichos ataques han muerto más de 2.000 personas, incluyendo conductores de bus y taxi, ayudantes de autobús (conocidos como “brochas”), pasajeros y dueños de los servicios de transporte. El año pasado murieron otras 200 personas en este tipo de actos violentos.
Análisis de InSight Crime
A pesar de que en Guatemala se ha presentado una reducción de los homicidios en los últimos años, la violencia contra el transporte público ha continuado, cobrando la vida de pasajeros y haciendo que el trabajo de conductor en el país sea uno de los más peligrosos del mundo.
Ya incluso en 2011, InSight Crime llevó a cabo una investigación en la que se señalaba cómo la deficiente regulación de unos US$35 millones en subsidios del gobierno a las empresas de autobuses —subsidios sin los cuales la mayoría de guatemaltecos no podría viajar en autobús— condujo a la extorsión de las empresas por parte de las pandillas. Se creía que los “brochas”, que a menudo tienen vínculos con las pandillas, les avisaban a los líderes de estas sobre la existencia de dinero extra. Cuando los operadores de las compañías se negaban a pagar, sus conductores eran amenazados o asesinados.
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Por otra parte, la respuesta del gobierno de Guatemala para ofrecer seguridad en el transporte mediante la creación de un sistema central de autobuses con pagos electrónicos estuvo invadida de corrupción. Para dicho sistema se tenían previstos unos 3.150 vehículos, pero solamente se importaron 455. Los lectores de tarjetas quedaron intactos en una bodega.
Las autoridades han intentado proporcionar patrullajes adicionales en las rutas de autobuses cuando surgen actos violentos, pero es casi imposible vigilar la caótica flota de unos 3.000 autobuses de servicio público. Otras formas de transporte, como los microbuses, taxis y colectivos, también han sido objeto de las redes de extorsión.
Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, le dijo a InSight Crime que los ataques de las pandillas se han vuelto más violentos a medida que ha aumentado la cantidad de clicas que cobran extorsiones.
“Cada clica está haciendo sus propios cobros”, dijo. “Esto aumenta el peligro no solo para los conductores sino también para los pasajeros”.
La respuesta del gobierno ante la violencia siempre es “reactiva”, señaló. Sin embargo, las desordenadas y deterioradas condiciones del sistema de transporte público de Guatemala han propiciado las condiciones perfectas para que el crimen prospere. “Se carece de controles”, afirmó Guerra, quien agregó que existe poca voluntad política para reformar el sistema, lo cual requeriría una cuantiosa inversión, así como la cooperación de varias instituciones del gobierno.
Las extorsiones al transporte público generan pérdidas por casi US$40 millones (300 millones de quetzales), señaló Guerra, con base en una encuesta que se les realizó en 2015 a los trabajadores. Con esa cantidad de dinero en juego, las pandillas continuarán sembrando el terror, y el sistema de transporte continuará en jaque.
“La tasa de homicidios ha disminuido”, dijo. “Pero los ataques y amenazas en el transporte público han aumentado. Los conductores y otros trabajadores del transporte prefieren pagar las extorsiones a morir”.