Después de su arrolladora victoria, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se comprometió a llevar hasta las últimas consecuencias el intento por hacer justicia en el caso que involucró la desaparición de 43 estudiantes de una escuela normal rural, pero al día de hoy las autoridades no están más cerca de hacerlo.
Han pasado cinco años desde el secuestro de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, suroeste del estado de Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014.
Meses después de la desaparición, el desacreditado expresidente Enrique Peña Nieto salió a declarar que la policía local había conspirado con un cartel conocido como los Guerreros Unidos para detener a los estudiantes. Alegó que habían sido masacrados y que se incineraron sus cuerpos en un inmenso vertedero de basura, aunque la evidencia forense ha rebatido con argumentos de peso esta versión de los hechos.
Supuestamente, los autobuses que los estudiantes tomaron para asistir a una protesta en Ciudad de México llevaban escondido a bordo un importante cargamento de heroína, por valor de unos US$2 millones. Eso sería lo que motivó la respuesta de las autoridades y de los Guerreros Unidos. Los traficantes, vinculados a la Organización Beltrán Leyva, tenían en su nómina a los organismos locales de seguridad y les ordenaron recuperar el cargamento, según una investigación de Proceso.
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La policía federal y las fuerzas armadas aseguraron que no tenían idea de la conspiración. Pero ahora se sabe que esa supuesta versión oficial no podía estar más alejada de la vedad. En realidad, el ejército y la policía federal habían estado siguiendo los movimientos de los estudiantes mucho antes de su llegada a Iguala, y coordinaron con la policía estatal y municipal su detención final, según la periodista investigadora Anabel Hernández.
Lo que sucedió después de eso sigue siendo un misterio. Al día de hoy, no se han hallado los cuerpos de los estudiantes desaparecidos, y las familias guardan la esperanza de que algún día sus seres queridos regresen a casa.
Análisis de InSight Crime
El caso Ayotzinapa se ha convertido en símbolo de los problemas crónicos de corrupción, colusión de funcionarios con grupos criminales e impunidad en México. Pese a su compromiso de dar prioridad a esta investigación durante su administración, el presidente López Obrador no ha podido cumplir su promesa de resolver el caso.
Antes de su toma de posesión, el presidente López Obrador solicitó que un equipo internacional de expertos regresara a México a estudiar el caso y que se creara una Comisión de Verdad y Justicia para reabrir la investigación.
Desde su llegada al poder, el gobierno mexicano no ha escatimado en mano de obra y recursos para la búsqueda de los desaparecidos, ha dispuesto protección extendida para quienes tienen información sobre el caso, y creó una fiscalía especial para establecer el paradero de los estudiantes desaparecidos. La Comisión para la Verdad y la Justicia, conformada por familiares de los desaparecidos, expertos y funcionarios de la administración de López Obrador, también ha dado resultados.
Pese a haber dados los pasos en la dirección necesaria, ha habido algunos giros inquietantes en el caso, mientras las familias exigen respuestas.
A comienzos de septiembre, un juez ordenó la excarcelación de 24 agentes locales de policía arrestados dentro del caso, debido a que se les había torturado mientras se encontraban en custodia. Esto sucedió poco después de la liberación de uno de los presuntos autores intelectuales del crimen, Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, sospechoso de ser la cabeza de los Guerreros Unidos.
De las 142 personas arrestadas por sospechas de implicación en el caso, solo un poco más de la mitad siguen privados de la libertad, y se ha liberado a otras 65, según Proceso. El fiscal general Alejandro Gertz Manero se ha comprometido a echar para atrás varias de esas absoluciones.
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Un informe de 2016, realizado por un grupo de expertos independientes, y un informe de las Naciones Unidas en 2018 acusaron al gobierno mexicano de manipular evidencia, usar la tortura para obtener confesiones ilícitas y de encubrir estos abusos. Hay una nueva investigación en curso para examinar “faltas graves”, incluida la manipulación de evidencia y otros delitos que pudieron haberse cometido en la investigación inicial.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México también está exigiendo que se abran investigaciones contra 375 funcionarios públicos por presunta obstrucción de alguna manera a la investigación original.
En una reunión sostenida el 18 de septiembre con los padres de los estudiantes desaparecidos, Gertz Manero señaló que las autoridades no pueden trabajar sobre la investigación que se ha realizado hasta este punto y comenzarán de nuevo desde cero.
“Dice [el fiscal general Gertz]… que sí va a apoyar al fiscal especial [Omar Gómez] y nos da la esperanza de que se abren las puertas de nuevo y vamos adelante para seguir las investigaciones”, declaró Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, en entrevista con Excelsior.
“Esto [el caso] es una herida abierta… Todos debemos ayudar y colaborar”, declaró el presidente durante una conferencia de prensa el 18 de septiembre. “Insto a todo el que tenga información a que participe para sanar esta herida”.
La voluntad del presidente López Obrador de reabrir la investigación y el hecho de reconocer la necesidad de recomenzar desde cero son sin duda señales positivas. Dicho esto, las respuestas sobre la verdad absoluta de lo sucedido esa fatídica noche de septiembre de 2014 aún parecen estar muy lejanas.