La CICIG, el organismo contra la corrupción en Guatemala, ha hecho nuevas graves denuncias en el caso del llamado “rey” del sistema penitenciario de Guatemala, implicando a uno de los políticos más poderosos del país y revelando lo profundo a lo que ha llegado la corrupción en la sociedad guatemalteca.
El 18 de julio de 2016, Byron Lima Oliva fue asesinado en El Pavón, la prisión que él había convertido en su propio feudo. Pero las investigaciones en torno a su extensa red de corrupción no se han detenido.
El 5 de octubre, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó testimonios, grabaciones de comunicaciones interceptadas y de cámaras de vigilancia y una memoria caché de documentos que revelan qué tan lejos se extendió dicha red.
La denuncia generó conmoción entre la clase dirigente guatemalteca: Lima tenía negocios corruptos con un hombre a quien él llamaba “Señor Oro” —el expresidente y actual alcalde de Ciudad de Guatemala Álvaro Arzú—.
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Arzú, un caudillo político que ha estado al frente de la alcaldía de la capital del país desde el año 2004, asistió a la conferencia de prensa para enfrentar las acusaciones, y en un momento incluso trató de tomar el micrófono, según informó Reuters.
Arzú es el tercer presidente de Guatemala, retirado o en funciones, que ha sido denunciado por la CICIG. Una investigación de dicho organismo, que es respaldado por Naciones Unidas, llevó a la destitución del expresidente Otto Pérez Molina (quien se encuentra actualmente en la cárcel), pero no ha logrado acabar con la impunidad del actual jefe de Estado, Jimmy Morales.
Refiriéndose a la incapacidad de la CICIG para enjuiciar a Morales, Arzú les dijo a los reporteros que el director de la CICIG, Iván Velásquez, y la fiscal general, Thelma Aldana, “están intentando vengarse de mí porque no pudieron llevar a cabo su ‘golpe de estado’ contra otro presidente”.
Los vínculos políticos del rey de las prisiones
La relación de Arzú con Lima empezó en la década de los noventa, cuando Lima, quien entonces era un oficial del ejército, formó parte del equipo de seguridad del entonces presidente Arzú. En 1998, cuando Lima participó en el asesinato del obispo Juan José Gerardi, tras lo cual comenzó su vida en prisión, Arzú intentó poner fin a las investigaciones, según señala la CICIG.
Su relación continuó mientras Lima continuaba ascendiendo en el sistema penitenciario y Arzú se atrincheró en la alcaldía de Ciudad de Guatemala. La CICIG presentó pruebas de esta relación mediante cartas entre los dos hombres, en las que Lima se refiere a Arzú como “Señor Oro” y firma con el seudónimo de “Julio”. Entre las cartas obtenidas por la CICIG se encuentra una en la que Lima pide aproximadamente US$99.000 por honorarios como abogado y auditor.
La acusación principal de la CICIG se basa en las actividades de la “cooperativa” que Lima dirigía desde la prisión, Torre Fuerte. Numerosos partidos políticos contrataron a Torre Fuerte para que produjera material promocional para sus campañas, entre ellos Arzú. Sin embargo, la CICIG dice que los pagos que Arzú le hizo a Lima por sus servicios no salieron de fondos de su campaña, sino de dineros desviados del presupuesto municipal a través de facturaciones falsas.
Estos materiales no fueron los únicos servicios que supuestamente se le pagaron a Lima con dineros públicos. Lima también organizó talleres para reclutar votantes para Arzú, y la CICIG presenta evidencia de que éstos fueron financiados de la misma manera.
Además de las contrataciones presuntamente corruptas, varios conocidos y familiares de Lima, entre ellos su pareja sentimental Alejandra Reyes y la madre de ésta, también recibían un salario del gobierno municipal por trabajos que, según la CICIG, eran empleos “fantasma”.
Arzú no fue la única figura de alto perfil mencionada por la CICIG en la conferencia de prensa del 5 de octubre. El organismo ofrece evidencias adicionales como parte de las investigaciones sobre un fraude en las prisiones en el que participó el exministro del Interior y exdirector de la policía, Mauricio López Bonilla, quien actualmente es requerido por Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Según la CICIG, la llegada del alto militar Otto Pérez Molina a la presidencia y el nombramiento de López Bonilla como ministro del Interior “abrieron las puertas para que Lima Oliva ejerciera el poder dentro del sistema penitenciario nacional”, extendiendo su poder por fuera de las paredes de El Pavón.
El hombre designado como jefe del sistema penitenciario, Luis Alberto González, fue sugerido por el mismo Lima. Según la CICIG, López Bonilla le envió luego un mensaje a Lima a través de González: le daba un regalo a Lima, la transferencia de 150 presos a la prisión de El Pavón, donde las condiciones de vida eran relativamente cómodas, para aquellos que quisieran y pudieran pagar el precio.
Los resultados de este pacto, cuyos detalles se discuten en los correos electrónicos entre Lima y López Bonilla presentados por la CICIG, fueron bastante claros: en 2011, once presos fueron transferidos a El Pavón. En 2013, sólo se trasladaron dos. Pero en 2012, cuando Lima, González y López estaban realizando su fraude, se trasladaron 127 presos.
Los tentáculos del Estado mafioso
La CICIG también presenta documentos en los que consta que varios de estos traslados se pagaron presuntamente con vehículos de lujo, cuyas trayectorias ilustran el funcionamiento y el alcance de la red.
Uno de los casos involucra a Kevin Overdick, hijo de uno de los narcotraficantes más conocidos de Guatemala, Walther Overdick. Lima supuestamente consiguió que Overdick fuera trasladado a El Pavón en 2012. A cambio recibió un Mercedes Benz que utilizó para transportar a su hija Andrea regularmente.
En el año 2013, cuando Lima fue sorprendido fuera de la prisión sin los permisos apropiados para ello, el vehículo pasó a manos de Moisés Galindo, un abogado que ha representado a numerosas figuras militares y políticas poderosas, entre ellas el exdictador militar Efraín Ríos Montt y el expresidente Pérez Molina.
Cuando la policía incautó otro vehículo con el que se le había hecho un pago a Lima en enero de 2017, según las evidencias obtenidas por la CICIG, Galindo traspasó el auto a la pareja de Lima, Alejandra Reyes, quien supuestamente ofreció su colaboración a las autoridades poco después de la muerte de Lima en julio de 2016.
Otro interno a quien se le pagó con un vehículo fue el autor de uno de los crímenes más infames de Guatemala en los últimos años, Alfonso Rafael Menéndez Castillo. Éste pagó su traslado con un vehículo registrado a nombre de su padre, a quien él había asesinado poco antes porque, según los investigadores, quería reclamar su seguro de vida.
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Según la CICIG, los traslados de prisión fueron sólo un aspecto de las relaciones de Lima con López Bonilla y González. Lima también podía nombrar a funcionarios en diversos puestos y conseguirles contratos a través de González; además, en el equipo de seguridad personal de González también había socios de Lima.
En total, 11 personas han sido detenidas en relación con las acusaciones, entre ellas González y Galindo. Otras tres tienen órdenes de captura pendientes y cinco más fueron llamadas a dar testimonio. La lista incluye coroneles del ejército, narcotraficantes, abogados y funcionarios públicos —títulos que dan cuenta de lo lejos que ha llegado la corrupción que se ha incrustado en el sistema de gobierno de Guatemala—.
Anteriormente ya se habían adelantado acciones judiciales con el fin de acabar con estas redes, que todavía tienen bastante poder, pero las élites han hecho todo lo posible por combatir estos intentos. La última serie de acusaciones muestra que las autoridades continúan desenredando los extensos hilos de la corrupción en Guatemala. Pero la experiencia sugiere que este trabajo no se realizará rápida ni fácilmente.