Las altas cortes de Guatemala están a punto de concluir un proceso de renovación que no ofrece garantías de que no sean infiltradas por magistrados vinculados a grupos de poder o a operadores criminales.
Una vez más, esos grupos han intentado burlar la ley y atacar a los agentes del Estado que los investigan, con el fin de influir en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, los tribunales por los que pasan las decisiones en última instancia de todos los casos vistos en cortes de menor jerarquía, incluidas las que llevan expedientes de corrupción y crimen organizado.
El jueves 28 de mayo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público de Guatemala (MP), presentó al Congreso un informe en el que revela detalles sobre reuniones y llamadas que varios diputados, candidatos a magistrados y otros funcionarios públicos relacionados con el proceso de selección tuvieron con el operador político Gustavo Alejos Cámbara, un hombre que, a pesar de estar en prisión acusado en cinco casos relacionados con corrupción, ha mostrado su capacidad para influir en la elección de las cortes.
“La mayoría de las entidades estatales han sido o pretenden ser capturadas por CIACS [grupos criminales incrustados en el Estado guatemalteco]. El caso del organismo judicial no es una excepción y lo que las investigaciones realizadas actualmente han demostrado es que el conjunto de instituciones del sistema de justicia son objeto de una contienda por parte de estas estructuras para garantizarse impunidad”, concluye el informe de la FECI.
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Alejos Cámbara fue secretario privado del expresidente Álvaro Colom. En agosto de 2018, congresistas estadounidenses pidieron al Departamento de Estado incluir a Alejos en una lista de funcionarios centroamericanos corruptos.
En 2019, Alejos Cámbara se entregó a la justicia guatemalteca luego de que la FECI revelara que había recibido sobornos hasta por US$7 millones a través de una red que cobraba a empresarios de la construcción para agilizar contratos públicos.
De acuerdo con la investigación de la FECI en este caso, conocido como “Red de poder, corrupción y lavado”, Alejos Cámbara era el líder de un grupo que también incluyó a funcionarios de los gobiernos de Otto Pérez Molina, quien renunció en 2015 tras ser acusado por corrupción, y Jimmy Morales (2015-2019).
Alejos fue recluido en Mariscal Zavala, la cárcel donde se encuentran los reos más notables de Guatemala acusados de corrupción, como el expresidente Pérez Molina. Investigaciones periodísticas y del MP han determinado que varios presos de esa cárcel logran dirigir desde ahí sus redes criminales.
En septiembre de 2019, la Corte de Constitucionalidad (CC) pospuso la selección de las nuevas cortes por supuestos vicios en el proceso. El 5 de mayo pasado, la CC ordenó al Ministerio Público que investigara posibles intentos de Alejos y otras personas de influir en esa elección.
Con argumentos basados en su salud, Alejos Cámbara había obtenido un permiso especial, en noviembre de 2019, para pasar su encierro en una clínica privada. Desde ahí continuó dirigiendo su red y siguió tratando de influir en la elección de las altas cortes que debía hacerse en 2019, según reveló una investigación de la FECI nombrada Comisiones Paralelas 2020. Alejos Cámbara incluso salía de la clínica sin informar a las autoridades, según el MP.
La FECI descubrió que, en la clínica donde estaba confinado, Alejos recibió a 41 personas vinculadas con el proceso de selección de cortes, según información extraída de uno de los teléfonos celulares que el MP decomisó en un allanamiento realizado en febrero pasado.
En la lista de interlocutores de Alejos, dice el informe que la FECI presentó al Congreso el 28 de mayo, había varios nombres notables, entre ellos el de Dina Ochoa, magistrada de la CC vinculada al gobierno de Morales, dos miembros de la comisión postuladora de candidatos a las altas cortes, dos diputados y dos exministros.
Análisis de InSight Crime
Los intentos de operadores políticos de las élites guatemaltecas por manipular la justicia están documentados desde por lo menos el final del conflicto armado interno en 1996. Desde entonces, grupos dirigidos por individuos al servicio de las élites guatemaltecas han metido sus manos en los procesos de selección de las cortes y del titular del Ministerio Público.
Se trata de redes complejas que incluso han penetrado sitios como universidades, el colegio de abogados de Guatemala y otras asociaciones de juristas, relacionados por ley con estos procesos de selección. InSight Crime documentó, por ejemplo, los vicios en el último proceso de selección de la fiscal general.
En el caso de las altas cortes, la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) apoyó las investigaciones del MP y la FECI a lo largo de la última década, lo que permitió la elección de algunos funcionarios independientes, como las exfiscales Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana.
La CICIG, sin embargo, fue expulsada del país por el expresidente Jimmy Morales en 2019, y con la comisión se fue el apoyo internacional que actores locales como la FECI y el jefe de esta fiscalía especial, Juan Francisco Sandoval, tuvieron durante un buen tiempo.
Acaso envalentonados por el debilitamiento y la eventual salida de la CICIG, operadores como Alejos Cámbara y estas redes no tuvieron reparos en seguir, incluso desde la cárcel, sus intentos por secuestrar la justicia y desprestigiar a la FECI y a Sandoval.
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El 16 de mayo, a pocos días de que venciera el plazo que la Corte de Constitucionalidad dio a la FECI para presentar su informe sobre la red de Alejos Cámbara, un audio que supuestamente vincula al hermano del jefe fiscal con fuga de información del MP recorrió las redes sociales. Una investigación realizada por la Red de Información contra la Impunidad en Guatemala determinó que todo fue una operación de inteligencia dirigida por personas vinculadas a los grupos a cuyos miembros la FECI ha llevado ante los tribunales.
Sandoval, que pidió al MP que investigue los alegatos contra su hermano, cree que los ataques a la FECI y el informe que involucra al grupo de Gustavo Alejos pueden estar relacionados.
“Pudiera estar relacionado, por la relación temporal entre esta última embestida y la orden girada por la Corte de Constitucionalidad. Los ataques arrecian cuando la fiscalía operativiza o está en momentos álgidos en los procesos”, dijo Sandoval en conversación con InSight Crime.
El Congreso tiene en su poder el informe de la FECI y debería elegir corte en las próximas semanas. Aun sin el respaldo de CICIG, la FECI y la Corte de Constitucionalidad de Guatemala han puesto paro, al menos temporal, a lo que parecía una elección amañada de los tribunales más importantes del país. El caso de Gustavo Alejos, sin embargo, también muestra hasta qué punto los grupos de influencia criminal siguen activos y saludables en Guatemala.
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