La particular medida de Estados Unidos de imponer sanciones económicas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no logrará reducir la criminalidad que existe en su régimen y en todo el atribulado país. La pregunta es si la situación en materia criminal podría empeorar.

El 31 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Maduro en su lista de “Extranjeros con designación especial”, por lo que todos sus activos en Estados Unidos quedan congelados, y se les prohíbe a las empresas estadounidenses hacer negocios con él. Según un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro, la medida fue tomada con base en una orden presidencial de 2015, “que autoriza sanciones contra funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Venezuela y otras personas que socaven la democracia en Venezuela”.

No se sabe qué activos posee Maduro en Estados Unidos, si es que los tiene, pero la medida tiene un impacto simbólico, pues se tomó un día después de que Maduro proclamara una amplia victoria en las polémicas votaciones para conformar una nueva Asamblea Constituyente. Las votaciones del 30 de julio se vieron empañadas por violentos enfrentamientos entre manifestantes y las autoridades, así como por acusaciones de fraude por parte del gobierno.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Venezuela

El nuevo organismo político podría remplazar a la actual Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y es probable que Maduro lo utilice para afianzarse aún más en el poder, mientras en su régimen se presentan protestas callejeras casi a diario desde el mes de abril, durante las cuales han muerto decenas de personas.

“Las ilegítimas votaciones de ayer confirman que Maduro es un dictador que hace caso omiso de la voluntad del pueblo venezolano”, dijo el secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, en una declaración del 31 de julio con respecto a las sanciones.

Las nuevas medidas se presentan menos de una semana después de que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sancionara a 13 funcionarios y exfuncionarios venezolanos por “socavar la democracia”. Entre ellos se encuentra el ministro del Interior, Néstor Reverol, a quien Maduro nombró en su cargo actual el día después de que fue acusado por Estados Unidos de presuntamente participar en una red de tráfico transnacional de cocaína. La ministra del Servicio Penitenciario de Venezuela, Iris Varela, acusada de permitir que durante su gestión el sistema penitenciario quedara bajo control de los presos, también fue sancionada la semana pasada.

Es inusual que Estados Unidos imponga sanciones económicas a los jefes de Estado. Maduro se suma a una corta lista de líderes sancionados, entre los que se encuentran el exdictador de Panamá, recientemente fallecido, Manuel Noriega; el presidente sirio, Bashar al-Assad; Kim Jong-un, de Corea del Norte; el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, y el expresidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic.

Pocas horas después del anuncio de las sanciones contra Maduro, al parecer las autoridades arrestaron de nuevo a Leopoldo López —importante líder de la oposición que recientemente fue liberado de la cárcel y puesto bajo arresto domiciliario después de pasar más de tres años en prisión— y a Antonio Ledezma, otra importante voz de la oposición.

Análisis de InSight Crime

Como InSight Crime señaló la semana pasada, las sanciones contra altos funcionarios venezolanos probablemente llevarán a que el régimen se aísle aún más, aumentarán la presión internacional sobre éste y darán apoyo moral a la oposición de Venezuela. Pero es poco probable que debiliten significativamente el control de Maduro sobre el poder, e incluso podrían llevarlo a él y a sus aliados a afincarse más en el poder.

“Maduro se sacudirá las sanciones impuestas por Estados Unidos como quien se sacude un mosquito molesto”, le dijo a InSight Crime Mike Vigil, un agente retirado de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), que tiene décadas de experiencia en Latinoamérica. “Por desgracia, Venezuela es ya un estado fallido y un narco régimen”.

Al igual que otros expertos internacionales consultados por InSight Crime, Vigil también cree que las sanciones económicas de esta semana no tendrán ningún impacto sobre la conducta de Maduro —o por lo menos no el tipo de impacto que esperaría la administración Trump—.

“Las sanciones individuales nunca han tenido un impacto en los procesos políticos o económicos como para forzar o causar cambios en los regímenes despóticos. Además, nuevas sanciones a la economía venezolana, que se basa en el petróleo, sólo traerán más miseria para los inocentes ciudadanos de Venezuela. [Las recientes sanciones] de la Casa Blanca no son más que fanfarronería”, dijo Vigil.

A pesar de los rumores de que Estados Unidos planea imponer sanciones a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), dichas medidas aún no se han anunciado. Cuando se le preguntó durante una conferencia de prensa si era posible que se le aplicaran sanciones a la petrolera, Mnuchin dijo que el gobierno estadounidense “seguirá analizando todas las opciones”.

VEA TAMBIÉN: InDepth: Cobertura sobre las élites y el crimen organizado

La criminalidad entre los miembros del gobierno puede ser un factor que motive a la administración de Maduro a rechazar las sanciones. En caso de que Maduro y sus aliados sean destituidos, y en caso de que la oposición asuma el poder de la rama ejecutiva, es muy probable que se utilicen los procesos criminales para mantener a los chavistas tan alejados del poder como sea posible. Esto representa un fuerte motivo para que el régimen de Maduro trate de mantener el control sobre el poder, incluso si ello implica tomar medidas extremas.

“El régimen ya está criminalizado, y no sé qué tan criminalizado pueda llegar a ser”, le dijo a InSight Crime Douglas Farah, presidente de IBI Consultants, compañía de consultoría en seguridad.

El vicepresidente de Maduro, Tareck El Aissami, fue sancionado por Estados Unidos a principios de 2017 por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, y más de una docena de funcionarios y exfuncionarios de alto rango han sido sancionados o acusados de delitos relacionados con el tráfico de drogas. Los sobrinos de Maduro fueron condenados en Estados Unidos en noviembre de 2016 por conspirar para traficar 800 kilos de cocaína en territorio estadounidense.

Los grupos de partidarios del gobierno en Caracas y en todo el país, conocidos como “colectivos”, también se están criminalizando cada vez más, y actualmente participan en actividades como secuestro, extorsión y microtráfico, según una investigación de campo realizada por InSight Crime. El ejército, el principal pilar de apoyo del régimen, se está beneficiando del tráfico de alimentos y combustible, así como del comercio de cocaína a nivel internacional. Las redes del crimen organizado controlan el sistema de prisiones del país y han generado diversas megabandas en las calles de Venezuela.

“Dada toda la anarquía y el caos que impera en las calles, los grupos criminales van a aprovechar la situación. Sin duda, el tráfico de drogas aumentará; Creo que más organizaciones colombianas se trasladarán a Venezuela […] y mucha gente se dedicará al narcotráfico porque no tienen otra opción —no hay empleo, no hay dinero, no hay víveres—”, dijo Vigil.

Aunque Maduro y su círculo cercano tienen un interés personal en mantener el statu quo debido a las acusaciones y sanciones contra ellos, Ralph Espach, director del programa de asuntos latinoamericanos del centro de Estudios Estratégicos CNA, piensa que la ideología tendría un gran papel motivador para los miembros clave del régimen.

“Me pregunto si quizá en Washington estamos subestimando su compromiso ideológico. Tendemos a describirlos como ladrones, traficantes y corruptos, no como combatientes ideológicos (como los Castro), que tienden a estar mucho más dispuestos a permitir que el país sufra, especialmente las antiguas clases media y media-alta y las élites”, dijo Espach en un correo electrónico.

“También podría ser que están pensando como revolucionarios cubanos, enfocados en mantener la ‘revolución’ aunque pueda extenderse por décadas, y están dispuestos a ver el éxodo de otro millón de venezolanos del país, o incluso más, hasta que los precios del petróleo vuelvan a subir o hasta que obtengan alguna ayuda especial de China o de otro país, que les permita resistir”.