Un informe anual sobre el estado global de la trata de personas indica que la mayoría de los países latinoamericanos aún no cumplen con los estándares de Estados Unidos para la lucha contra ese crimen.
El más reciente informe anual sobre Trata de Personas, del Departamento de Estado de Estados Unidos, divulgado el 27 de junio, halló que la mayoría de países de Latinoamérica siguen sin cumplir con los estándares mínimos de la Ley de Protección a Víctimas de Trata de Personas (TVPA, por sus iniciales en inglés), una ley introducida en el año 2000 en Estados Unidos para combatir el tráfico y la trata de personas.
En general, Latinoamérica sigue siendo una región llena de países "de origen, de tránsito y de destino" para la trata de personas, explotación sexual y trabajo forzado, señala el informe.
Solo cinco países de la región —Puerto Rico, Guyana, las Bahamas, Colombia y Chile— cumplieron todas las normas de la TVPA, según el informe. Más de la mitad de la región (16 países) bajó al nivel 2, que denota el cumplimiento parcial de los estándares mínimos de la TVPA, pero que están haciendo "esfuerzos sustanciales por cumplir".
Siete países de la región quedaron en la Lista en observación del Nivel 2, reservada para países que han mostrado aumento en el número de víctimas de trata de personas, y que no han logrado presentar evidencia de esfuerzos para combatir la trata de personas, entre otros.
Por tercer año consecutivo, Belice y Venezuela siguieron clasificados en el nivel 3, calificación para los países que no han cumplido los estándares mínimos de la TVPA y no están haciendo esfuerzos importantes para lograrlo, señala el informe.
En el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) el informe halló que las pandillas de esos países con frecuencia someten a los niños a trabajo forzado, al presionarlos para que vendan y transporten estupefacientes. Los migrantes que viajan por la región también son susceptibles de ser sometidos a trabajo forzado y otras actividades relacionadas con la trata de personas, según el informe.
Mujeres, niños, indígenas, migrantes y personas LGBTI siguen siendo los grupos más afectados por la trata de personas en la región, concluye el informe.
Análisis de InSight Crime
Por largo tiempo, las organizaciones criminales en Latinoamérica han explotado las poblaciones más vulnerables de la región para generar ingresos y promover sus actividades ilícitas. Desde 2015, las categorías de los países latinoamericanos se han mantenido más o menos consistentes con excepción de leves mejoras y caídas.
Belice y Venezuela, por ejemplo, siguen siendo los peores países de Latinoamérica para la trata de personas. En los últimos tres años, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha hallado que ambos países ejercen esfuerzos mínimos de control, protección a víctimas y prevención.
Desde 2004, Estados Unidos tiene a Venezuela en oa lista negra, como el país con el peor récord de lucha contra la trata de personas. A medida que el país se hunde más en la crisis política y económica, es poco probable que esa designación cambie. Se dice que la actual crisis económica ha llevado a un número creciente de ciudadanos a participar en actividades ilícitas, como el trata de personas.
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La calificación de algunos países ha empeorado. Por ejemplo, se estableció que Guatemala y Nicaragua no han mejorado sus medidas en la lucha contra la trata de personas, por lo que ambos pasaron de la lista del nivel 2 en 2016 a la Lista en Observación del nivel 2 en 2017. Se informó que los nicaragüenses se cuentan entre las "principales nacionalidades de víctimas identificadas en Guatemala", señaló el informe. Se sabe que grupos del crimen organizado en Guatemala manejan redes de explotación sexual con niveles de sofisticación variables, y que han pasado a la industria ilícita para diversificar sus fuentes de ingresos.
Sin embargo, algunos países de la región mejoraron su posición pese a que aún no logran cumplir los estándares mínimos de la ley TVPA.
Costa Rica subió de la Lista en Observación del nivel 2 en 2016 al nivel 2 en 2017, debido en gran parte a un mayor esfuerzo de las autoridades por combatir la trata de personas. Aunque Costa Rica ha padecido por largo tiempo la reputación de centro de la explotación sexual y el turismo sexual, las autoridades lograron arrestar a un grupo de presuntos traficantes responsables de prostituir por la fuerza a más de una docena de mujeres en un operativo ejecutado en septiembre de 2016, una señal positiva para un país que sigue enfrentando una de las industrias ilícitas de mayor tamaño del mundo.
Haití también mejoró su posición en relación con 2016, al pasar del nivel 3 a la Lista en observación del nivel 2 en 2017, pese a que sigue luchando contra grupos del crimen organizado, una lucha que se hace más difícil por la pobreza extendida y la extrema debilidad de las instituciones de gobierno. El informe halló que el país caribeño reforzó sus medidas de prevención y control contra la trata, lo que le permitió lograr tres condenas por ese delito.
Pero el futuro de Haití sigue siendo incierto. En abril de este año, las Naciones Unidas votaron para cerrar una misión de estabilización en el país, lo que suscita interrogantes sobre la situación de seguridad a corto y largo plazo. El vacío dejado por los cuerpos de paz puede abrir una oportunidad para que los grupos del crimen organizado sigan participando en actividades ilícitas, incluyendo la trata de personas.
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