El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, fue suspendido por ser la presunta cabeza de un entramado de corrupción que no solo habría defraudado al estado en el pico de la respuesta al coronavirus, sino que además presenta un alarmante parecido con un esquema de corrupción liderado por su predecesor.
El 28 de agosto, Witzel fue suspendido de su cargo por un periodo inicial de 180 días por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil (Superior Tribunal de Justiça, STJ), mientras se realiza la investigación. Se cree que Witzel y varios cómplices malversaron dineros públicos, destinados a la construcción de hospitales de campaña en todo el estado de Río de Janeiro para ayudar a contrarrestar la epidemia de COVID-19. Además de eso, los fiscales hallaron evidencia de que se pagaron deliberadamente sobreprecios por los equipos para los mismos hospitales de campaña, donde el mismo grupo de sospechosos se llevaba una parte.
La investigación se ha dirigido a muchos de los aliados más cercanos de Witzel. La esposa de este, Helena Witzel, también es objeto de investigación, mientras que el exsecretario de salud de Rio, Edmar Santos, y el prominente predicador evangélico y político Everaldo Dias Pereira, se cuentan entre los detenidos.
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Witzel recibió más de 554.000 reales (US$102.000) de varias empresas de servicios médicos que participaron en el desarrollo de los hospitales de campaña, dinero que se pagó a la firma de abogados de su esposa entre agosto de 2019 y mayo de 2020, según una declaración de la Fiscalía General. Aunque no se han formulado cargos contra Witzel, los fiscales creen que es muy probable que ese dinero fueran coimas entregadas por las firmas designadas para la construcción de los hospitales.
Luego de una búsqueda en los registros y oficinas de la pareja, los fiscales hallaron que Witzel envió a su esposa los contratos de los hospitales de campaña por correo electrónico y que esta había transferido importantes sumas de dinero a su esposo, poco después de recibir el dinero de las empresas de la salud.
Paralelamente se han presentado otras denuncias sobre el manejo dado por el gobierno de Río de Janeiro a la crisis por el coronavirus. En mayo, el ex subsecretario de salud Gabriel Neves fue detenido e interrogado sobre la destinación de mil millones de reales (US$185,5 millones), que se otorgaron a las empresas para la compra de ventiladores, cubrebocas y pruebas para COVID-19, pero sin licitación pública. Su declaración al parecer dio fundamento a las sospechas sobre Witzel.
Esta investigación hace parte de la Operación Autolavado Exprés (Lava Jato), una campaña anticorrupción en múltiples frentes en Brasil, como resultado de la cual han ido a prisión un gran número de influyentes políticos y empresarios, incluidos expresidentes, magnates de la industria y exgobernadores de Río de Janeiro.
El anterior gobernador, Sergio Cabral, recibió su decimocuarta sentencia penal en agosto, y ahora enfrenta un acumulado de 300 años de prisión.
Análisis de InSight Crime
Es escandalosa la presunta defraudación al sistema de salud estatal por parte de un gobernador en el contexto de una pandemia que deja a la fecha más de 120.000 muertos en Brasil. Y que según los hallazgos lo haya hecho usando el mismo tipo de maquinaria de coimas que llevó a la salida de su predecesor, Cabral, resulta poco sensato.
El 28 de agosto, el coordinador de la Operación Autolavado Exprés en Rio de Janeiro, Eduardo El Hage señaló que los fiscales a cargo de la investigación de Witzel sentían que estaban “volviendo sobre sus pasos”, dadas las similitudes con el caso de Cabral.
“Nos vimos como en un túnel del tiempo revisitando diferentes hechos que ya habíamos investigado, solo que con otros personajes”, según dijo en una declaración a la prensa.
Cabral fue sentenciado por primera vez en 2017 luego de ser declarado culpable de recibir sobornos para otorgar contratos de construcción a compañías específicas, incluyendo la remodelación del icónico estadio de fútbol Maracaná y la ampliación del tren subterráneo de la ciudad de Río. Desde entonces ha enfrentado una sucesión de sentencias por corrupción, lavado de dinero, concierto para delinquir, evasión tributaria. Lo más relevante para el caso de Witzel es que fue declarado culpable en enero de 2020 por su participación en un esquema de corrupción que involucraba coimas, especulación de precios y licitaciones ilegales en el sistema de salud de Río.
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Las semejanzas entre el esquema comprobado a Cabral y el que presuntamente involucra a Witzel no terminan ahí. Según un resumen hecho por Globo, en ambos casos, se usaron firmas de abogados para la recepción de los dineros ilícitos, se blanqueó parte del dinero en el vecino país Uruguay y se recurrió a empresas de seguridad reconocidas para mover el dinero en efectivo.
Aún más sorprendente es que Witzel es el quinto gobernador consecutivo en Río que es investigado o sentenciado por cargos de corrupción. Y puede que esa procesión no termine con él, pues su sucesor, en calidad de interinidad, el gobernador encargado Claudio Castro, también tiene una investigación abierta junto con Witzel.
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