Un reciente informe concluye que los cuerpos de seguridad del Estados son responsables de 37 por ciento de los homicidios ocurridos en la capital de Venezuela entre 2017 y 2018. El alto número de acciones letales hacia la población civil podría ratificar las denuncias sobre una política de mano dura por parte del gobierno de ese país.
El informe denominado “Bajo Tierra” analiza las características de los homicidios ocurridos en Caracas durante más de un año y fue elaborado por la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), Caracas Mi Convive y el observatorio Monitor de Víctimas, tres ONG dedicadas a investigar y documentar temas de violencia y criminalidad.
El registró contabiliza un aproximado de 1.739 de homicidios en Caracas, entre 2017–2018, de los cuales 37 por ciento (651 casos) están relacionados con el accionar de las autoridades. Los datos para la investigación fueron recabados directamente en las morgues de la ciudad, y los testimonios de familiares de las víctimas fueron contrastados con la versión de las autoridades y de los testigos de las comunidades donde ocurrieron los hechos.
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La investigación destaca que los ítems de resistencia a la autoridad y ejecuciones extrajudiciales acumulan 17,5% y 17,3% de los casos respectivamente. Esta situación está relacionada con las constantes operaciones de las fuerzas de autoridad, bajo el eslogan de contener la criminalidad en el país.
Un ejemplo reciente de estos excesos de la fuerza pública fue el asesinato de dos menores de edad en una incursión de la Policía Nacional Bolivariana en la parroquia El Valle, suroeste de Caracas. Según reportó El Nacional, un grupo de seis policías abrió fuego indiscriminadamente contra los habitantes del sector, dejando a los menores de edad como víctimas fatales. El hecho que conmocionó al país volvió a poner en evidencia la falta de controles en el uso de la fuerza letal por parte de las policías.
Análisis de InSight Crime
El informe “Bajo Tierra” no solo muestra una vez más lo que pareciera evidenciar la existencia de una política de mano dura iniciada pr el gobierno de Nicolás Maduro en 2015 con las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), sino que además demuestra que los ataques de la fuerza pública se registran en zonas céntricas y periféricas, que tienen en común la residencia de personas pobres. Por lo cual, el uso de la fuerza estaría siendo utilizado contra la población más vulnerable.
En teoría –según los argumentos del Gobierno- los operativos sistemáticos buscan combatir el crimen en la capital venezolana y recuperar la presencia del Estado, no obstante, el uso excesivo de la fuerza deriva en abusos y violaciones de derechos humanos.
De acuerdo con la investigadora y experta en temas de violencia y letalidad policial, Verónica Zubillaga, miembro de la Reacin, la situación no es nueva, los órganos estatales tienen “una notable tendencia de encarcelamiento y matanza sistemática […] Es una lógica que se extiende a la actuación policial y a las fuerzas del orden y hay una profundización de la fuerza letal”.
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Dentro del informe también llama la atención como 88 por ciento de los 651 casos de homicidios, relacionadas con fuerzas de la ley, se atribuyen a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), pese a que este último grupo, de hecho, no debería responder a este tipo de actuaciones, pues su función es meramente investigativa.
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Los hallazgos de la investigación coinciden con lo que parece ser una tendencia en todo el país: el incremento en los casos de resistencia a la autoridad en 16 de los 24 estados de Venezuela. Así lo muestra una filtración de la data oficial del Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Interiores, a la que tuvo acceso InSight Crime.
Este documento registra que hasta el 25 de noviembre de 2018 se habían contabilizado más casos de muertes a manos de la fuerza pública en 67 por ciento del territorio, lo que también plantea algunas interrogantes sobre las últimas afirmaciones del ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, quien asegura que los homicidios han bajado, especialmente en Caracas.
En un país como Venezuela, considerado uno de los más violentos del mundo con una tasa de 89 homicidios por 100.000 habitantes en 2017, este tipo de violencia armada no solo deja en entredicho la función de los órganos estatales, sino que además confirmaría las frecuentes denuncias sobre una posible política gubernamental de exterminio en Venezuela, que ha sido denunciada ante la Corte Penal Internacional.
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