La propuesta del presidente Gustavo Petro de «paz total» muestra cómo el nuevo gobierno colombiano está empeñado en convencer a los grupos criminales de desmovilizarse, pero podría estar olvidando los escenarios alternos del proyecto.

A finales de agosto fue presentado ante la Cámara de Representantes de Colombia el proyecto de “paz total”, la iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro para alcanzar la paz con diferentes actores armados.

El proyecto, que fue radicado por el ministro del Interior, Alfonso Prada, busca sentar las bases con 26 grupos con los que el Estado colombiano abrirá las puertas para procesos o negociaciones de paz.

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Durante varias apariciones públicas, también en agosto, Petro esbozó algunas líneas que podrían estar en el plan: un cese al fuego podría lograrse con todos los grupos interesados. Los miembros de grupos criminales que negociaran con el gobierno no serían extraditados a Estados Unidos, según el nuevo presidente. En un gesto de buena fe, Petro también suspendió las órdenes de detención y solicitudes de extradición para ciertos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el actor armado no estatal más importante de Colombia.

“Vamos a hacer todo lo necesario para abrir esos diálogos y avanzar al máximo, pues obtener la paz total es un objetivo ambicioso”, señaló el senador del Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda, uno de los promotores del proyecto y cercano al gobierno del presidente Petro, en conversación con InSight Crime.

El senador explicó que se trata de un “marco general” para las políticas de paz y que con algunos grupos de carácter político habrá mesas de conversación, como con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras que con otros habrá una “interlocución” a través de voceros autorizados. Sin embargo, no precisó qué grupos son estos últimos.

El proyecto también permite que los líderes políticos regionales inicien diálogos humanitarios con los grupos delictivos y abre la creación de zonas de reubicación temporal para los miembros dispuestos a desmovilizarse.

Según detalló el senador Cepeda, las organizaciones o estructuras ligadas exclusivamente al narcotráfico serán incluidas dentro de otro proyecto que será presentado en los próximos días.

Análisis de InSight Crime

La propuesta de paz de Petro es ciertamente ambiciosa. Pero ¿qué pasa si no funciona?

Los efectos colaterales de la misma o un error de cálculo podrían llevar las políticas de seguridad de su gobierno alternativo mucho más cerca de los gobiernos anteriores.

La “paz total” contempla desmovilizar los grupos armados ilegales de Colombia bajo los métodos de negociación y acogimiento o sometimiento a la justicia, según se considere. El gobierno busca atraer a los grupos con beneficios jurídicos como los que el presidente Gustavo Petro ha mencionado, pero parece no tener en cuenta la posibilidad de que estos no sean atractivos y no incluyan factores históricos de reproducción de violencia.

“El país no sabe realmente quién es y cómo operan esos grupos […] hoy tenemos fenómenos como el Clan del Golfo (también conocidos como Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia), que tienen unos matices y unas estructuras bastante particulares y que asociadas a la corrupción, pues no sabemos hasta qué punto estas organizaciones, principalmente del Clan del Golfo, pero también otras, tengan la capacidad de garantizar un sometimiento colectivo”, le dijo a InSight Crime Jorge Mantilla, director de área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

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Hay otros factores cruciales que ayudarán o dificultarán la voluntad de desmovilización de los grupos, como la presencia de autoridades colombianas en regiones remotas donde operan, y la gama de economías delictivas en las que estos grupos participan.

Si bien el narcotráfico y la violencia armada están en el centro de las propuestas de Petro, los grupos criminales colombianos están activamente involucrados en una amplia gama de economías ilícitas.

“El tema de minería ilegal, el tema deforestación, el tema extorsión, del cual tenemos muy poca información. Mientras eso no esté sobre la mesa y esté la posibilidad de desactivar o contener esas economías, pues lo que vamos a tener es un proceso de reciclaje […] va a ser muy difícil que pueda desactivarse, digamos, el fenómeno de la criminalidad organizada”, agregó Mantilla.

Colombia ya tiene un historial al respecto. Desde que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se desmovilizaron en 2017, varios de sus excombatientes se negaron a deponer las armas. Meses después, formaron una red de grupos delictivos poco conectados, conocidos como las ex-FARC Mafia.

Estos grupos a menudo han cambiado sus alianzas y rivalidades, luchando juntos o unos contra otros por el control de las economías criminales dejadas atrás por las FARC. Peor aún, esto solo ha aumentado el número de grupos presentes en Colombia, complicando aún más la tarea de Petro.

Mantilla señaló que, comparado este tipo de procesos (paz total) con otros en Centroamérica, es probable que la violencia disminuya en el corto plazo, pero si estos procesos no llegan a feliz término, o hay fenómenos como la fragmentación de los grupos, pensando en unas eventuales disidencias, estos fracasos están seguidos por escalas muy altas de violencia.

En Colombia, los riesgos son altos: el reciclaje criminal, la fragmentación de los grupos existentes, la guerra interna entre quienes deponen las armas y quienes se niegan a hacerlo. Siguen existiendo muchos factores de riesgo que podrían ver un retorno a la violencia.

Los desafíos al proyecto ya han comenzado. Siete agentes de policía fueron asesinados a tiros en el departamento de Huila a principios de septiembre, presuntamente por un grupo de las ex-FARC Mafia, mientras que un enfrentamiento entre el Clan del Golfo y otro grupo criminal más pequeño dejó más de una docena de muertos en el norte de Colombia en dos días.

Ante la reincidencia de grupos, como le aclaró a InSight Crime el senador Cepeda, la confrontación militar será la única opción. Lo que implica que, aquellos que no adopten este marco general, no tendrían un plan B para dejar las armas.

Y aunque Petro ha cambiado la retórica en torno a las fuerzas armadas colombianas, prometiendo que será un «ejército de paz», esto puede no ser posible.

Aunque aún no se conoce hasta qué punto y cuál es el orden de los incentivos que traerá el acogimiento o negociación propuesto por el gobierno, además de las políticas integrales que podrían acompañarlo, un paso en falso podría llevar el proyecto de paz total de una amplia desmovilización, hacia las políticas de seguridad de los mandatarios antecesores, donde primó la confrontación armada y brilló por su ausencia un acuerdo integral de paz.