Por primera vez, Colombia ha elegido a un presidente de izquierda en Gustavo Petro, un exguerrillero que se ha comprometido a romper con lo que él ve como la política de confrontación y violencia de su predecesor. Sin embargo, el panorama de seguridad del país no cambiará de la noche a la mañana.

Colombia ha votado a favor del cambio en Petro. Pero, en términos de la lucha contra el crimen organizado, ¿qué medidas tomará?

La deforestación parece imparable. La producción de cocaína continúa prácticamente sin disminuir. Los principales grupos delictivos, como el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC, plantean graves amenazas en toda Colombia, mientras que una nueva generación de pandillas urbanas amenaza a las ciudades. Y finalmente, qué hay de la relación con Venezuela, que Gustavo Petro se ha comprometido a reparar, a pesar de que el régimen del presidente Nicolás Maduro ha albergado e incluso ayudado a grupos guerrilleros.

Aquí, InSight Crime analiza cinco desafíos de seguridad que esperan al nuevo presidente electo una vez que entre al Palacio de Nariño en agosto.

Un país epicentro de la producción global de cocaína

A pesar de una leve disminución de los cultivos de coca entre 2019 y 2020, Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo. 

De acuerdo con las cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), aunque el área sembrada de coca ha disminuido en los últimos 4 años, el rendimiento del cultivo y el potencial de producción de cocaína del país están en su punto histórico más alto. Cerca del 50 por ciento de los cultivos de coca se encuentran en áreas de manejo especial, como parques naturales, resguardos indígenas o consejos comunitarios afro, mientras que territorios claves como el departamento de Nariño, al sur del país, y Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, se consolidan como enclaves productivos. 

Los esfuerzos de erradicación han demostrado tener poco impacto a largo plazo, pues según UNODC, alrededor de la mitad de los lotes intervenidos mostraron señales de resiembra y un 37 porciento tenía nuevos cultivos a menos de 500 metros de distancia. Adicionalmente, los escándalos alrededor de los operativos de erradicación forzada, sumados al estancamiento de iniciativas como el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos, han generado desconfianza hacia las políticas del gobierno para combatir la coca.

A la par con el incremento de los cultivos de coca, el proceso de extracción del clorhidrato de cocaína es cada vez más efectivo y los cristalizaderos producen más cocaína que nunca. La producción potencial de cocaína aumentó de 6.7 kilogramos por hectárea en 2019 a 7.9 kilogramos en 2020, según UNODC, lo que significa que en el país se producen al año aproximadamente 1.228 toneladas de cocaína. 

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Esto trae también efectos para el crimen organizado en el país. El incremento en la producción de cocaína le asegura a los grupos armados ilegales en Colombia un flujo constante de armas y dinero que les ha permitido expandir su poder y control en el país. Además, en los últimos años, los carteles mexicanos y europeos han buscado una participación más directa en la compra de clorhidrato de cocaína en Colombia. 

Asimismo, las rutas de narcotráfico son un problema transnacional que no se puede abordar solo desde Colombia. Desde el país, los cargamentos de droga se mueven hacia todas las fronteras, terrestres y marítimas, con países como Venezuela, Ecuador, Brasil, Panamá y las islas del Caribe. 

Gustavo Petro deberá enfrentarse al incremento de cultivos en áreas de conservación a la vez que deberá diseñar estrategias contra la creciente sofisticación de la producción de cocaína en el país. Asimismo tendrá que enfrentar el creciente papel de las mafias extranjeras en la cadena del narcotráfico en Colombia y coordinar acciones antinarcóticos con los demás países de la región. 

Revivir el Acuerdo de Paz 

Según el informe de 2022 del Instituto Kroc para estudios de paz, el 37 por ciento de las disposiciones del Acuerdo de Paz tienen avances mínimos. Aunque el reporte señala que hubo mayor participación política, el acceso a tierras y proyectos sigue siendo una falencia. 

En septiembre de 2021, durante la Asamblea General de la ONU, el presidente Iván Duque destacó los avances del Acuerdo durante su gobierno y reconoció que los grupos criminales siguen siendo un obstáculo. 

Tan solo en este año, según cifras del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), 21 excombatientes y 86 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados. Aunque no todos los asesinatos de líderes sociales pueden asociarse directamente al crimen organizado, una gran parte de los líderes se dedicaban a la implementación del acuerdo, sustitución de cultivos y restitución de tierras. En general, durante el gobierno Duque, 930 líderes han sido asesinados. 

Según Mateo Gómez, investigador de Barómetro, citado por el diario El Espectador, para el gobierno entrante será un asunto “urgente” el cuidado de los excombatientes y los desplazamientos forzados. 

Así, con un alto costo en vidas por la ausencia del Estado, el acceso a los proyectos y los programas de sustitución de cultivos, el nuevo presidente tendrá que afrontar la adecuada implementación del proceso, mejorar sus falencias y garantizar los compromisos adquiridos con la sociedad civil y los excombatientes.

De menor a mayor: la expansión de los grupos criminales en Colombia

El crecimiento de los grupos criminales en el país es uno de los más grandes problemas que heredará el presidente. Las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incipientes al inicio del mandato de Iván Duque, hoy están presentes en al menos 13 departamentos del país. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) está en su mejor momento, copando los espacios que dejaron las FARC y fortalecidos en la frontera con Venezuela. Asimismo, golpeados y maltrechos, Los Urabeños siguen demostrando que todavía tienen la capacidad de detener parte del país cuando se lo proponen. 

Aunque el gobierno saliente ha dado de baja a algunas de las figuras más importantes de las disidencias  de las FARC, también llamadas ex – FARC mafia, especialmente las que ahora comanda Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, el grupo sigue representando un reto a la seguridad del Estado por su fuerte presencia en el sur y el Pacífico colombiano. Allí, con el control de territorios clave para el narcotráfico, el proyecto disidente trata de consolidar rutas de narcotráfico. 

Por su parte, el ELN es probablemente una de las prioridades que tendrá que enfrentar Gustavo Petro Tras su proceso de expansión luego de los acuerdos de paz firmados por el gobierno con las FARC, el grupo ha copado varios de los territorios que la antigua guerrilla abandonó, además de fortalecer su presencia en el vecino país, Venezuela, donde es visto como un aliado del gobierno de turno. 

Aunque el gobierno saliente intentó mantener los diálogos exploratorios de paz con el grupo que habían iniciado en 2017, el proceso se cerró desastrosamente en enero de 2018, cuando el grupo orquestó un atentado contra una escuela de cadetes de policía. La ahora guerrilla más antigua del continente demostró su poder en febrero de este año, cuando logró paralizar varias partes del país y afectó por 72 horas a 12 departamentos. 

Reavivar el proceso sería otras de las opciones a considerar por parte del nuevo mandatario, entre las que también se encuentra combatir militarmente al grupo, que mantiene bastiones criminales en tanto al oriente como al occidente del país, y que utiliza la frontera con Venezuela como un refugio seguro.

El nuevo gobierno también tendrá que enfrentar a Los Urabeños, también conocidos como Clan del Golfo, o Autodefensas Gaitanistas de Colombia y sus nuevas dinámicas. Luego de que su líder natural, Dairo Antonio Úsusa, alias “Otoniel”, fuera extraditado a los Estados Unidos en mayo de este año, el grupo parece estar más atomizado que nunca.

Mientras Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”, trata de mantener las estructuras del Urabá unidas, las franquicias del grupo en otras regiones del país no parecen alinearse concretamente. El nuevo gobierno tendrá que enfrentar grupos mucho más criminalizados e independientes en distintas partes del país y cortar los cuantiosos ingresos que reciben por tráfico de cocaína con el crimen transnacional.

En el caso de las disidencias de las FARC alineadas con la Segunda Marquetalia, el panorama es un poco más alentador. Los certeros golpes que el gobierno actual le ha dado al grupo, y las disputas con otros pares criminales, ha dejado a varios de sus principales cabecillas muertos.

Sin un rumbo claro, el principal comandante de la Segunda Marquetalia, Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, estaría tratando de reestructurar el grupo y por ahora estaría en las sombras. Aunque es difícil predecir un retorno, esta sería una amenaza menos importante. 

Por último, otros grupos que hacen parte del crimen organizado a nivel nacional, pero con un alcance local, también estarían dentro de los asuntos a sortear por el nuevo gobierno. Con operaciones más pequeñas, pero un arraigo especial en las regiones, estos grupos se convierten en apéndices de otras organizaciones criminales mayores y trabajan de la mano, usualmente subcontratados, para alimentarse de economías ilegales.

En el caso del norte del país, con Los Pachenca y Los Costeños, en el Pacífico colombiano con Los Mexicanos y La Local, La Cordillera en el centro del país y La Oficina y el Mesa en Antioquia, serán retos de seguridad que no se podrán ignorar.

Enfrentar estos grupos en escenarios más urbanos tendrá un componente especial que deberá ser diseñado desde las políticas de intervención de la fuerza pública .

La frontera con Venezuela

El crecimiento del ELN y las ex – FARC sobre la frontera con Venezuela, sumado a la falta de comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro complicaron la habilidad del gobierno colombiano para combatir el crimen organizado. En los últimos años esto abrió más espacios para que los grupos criminales aprovecharan las diversas economías criminales como el contrabando, tráfico de migrantes, trata de personas y narcotráfico. 

En Norte de Santander, el ELN ganó la guerra contra el Ejército Popular de Liberación (EPL) y se fortaleció en el enclave cocalero del Catatumbo, al tiempo que continuó su expansión al interior de Venezuela. Sin embargo, hay otros grupos criminales que también quieren una tajada del negocio. Los Urabeños, que absorbieron a Los Rastrojos, continúan intentando establecer el control de la zona rural de Cúcuta, donde los cultivos de coca están aumentando, así como el control de las trochas entre Puerto Santander y San Antonio del Táchira, donde extorsionan a los migrantes y contrabandistas. Además, la megabanda venezolana, el Tren de Aragua, intenta aferrarse a su presencia en las trochas entre Villa del Rosario y San Antonio del Táchira a pesar de que el ELN les declaró la guerra.

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Más al sur, los estallidos de violencia en Apure y Arauca continúan afectando la población civil. En 2021, durante la embestida del gobierno venezolano contra las disidencias del Frente Décimo, casi 6.000 personas se desplazaron hacia Colombia, mientras que el estallido de violencia entre el ELN y las disidencias que dio inicio al 2022 continúa incrementando las cifras de violencia en la zona.  El control del ELN sobre la frontera se ha profundizado, y su relación con el régimen de Maduro hace que Apure sea la retaguardia perfecta para el Frente de Guerra Oriental. 

La crisis migratoria, por su parte, continúa siendo un punto vital para el próximo gobierno. Según datos de R4V, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes Venezolanos, en el país residen casi 2 millones de migrantes, aproximadamente el 30% de la población que ha salido del país, muchos de los cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Gustavo Petro tendrá que enfrentar la creciente criminalidad en la frontera, especialmente en Norte de Santander y Arauca, al igual que la crisis migratoria que enfrenta el vecino país. Sin embargo, cualquier acercamiento con el gobierno de Maduro para gestionar la frontera deberá sortear también la presencia de grupos criminales colombianos, como el ELN y las disidencias de las FARC, en territorio Venezolano.

Avanza el saqueo ambiental 

Desde hace 5 años, la deforestación ha alcanzado sus más altos picos en términos de pérdida de bosque en algunos departamentos. 2017 fue el primer año en dar alertas, cuando cerca de 220.000 hectáreas (ha) de bosque se perdieron a nivel nacional. Desde entonces, una variedad de iniciativas del gobierno apuntaron a reducir la deforestación, Sin embargo, su impacto no ha sido el esperado. 

En 2018, la cifra total de hectáreas perdidas se redujo a 197.159 ha, sin embargo, en departamentos como Meta y Putumayo las cifras aumentaron drásticamente. 

En 2019 se repitió la misma historia. Chocó y Norte de Santander mostraron un aumento en la pérdida de bosque, influenciados fuertemente por la minería ilegal y la siembra de coca respectivamente. Todo esto a pesar de una nueva reducción a nivel nacional. 

De acuerdo con Rodrigo Botero, director de la la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, aquí yace uno de los principales retos ambientales, pues las tasas reales deben medirse con respecto al bosque que resta en estas áreas.

Por otra parte, aún en 2022, la deforestación se sigue concentrando en los mismos lugares. Parques Nacionales y otras áreas protegidas de Meta, Caquetá y Guaviare, continúan siendo los núcleos de la deforestación a nivel nacional, según ha reportado el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la entidad encargada de emitir las alertas tempranas de la deforestación en Colombia. 

El origen de la deforestación en Colombia yace entre una combinación entre economías legales e ilegales. Los grupos armados, especialmente las disidencias de las FARC y el ELN, lideran la siembra de coca y su procesamiento y la minería ilegal, actividades criminales que fomentan a su vez la quema de bosque y la apertura de vías ilegales para transportar estos bienes entre la selva.

Sin embargo, la ganadería y el cultivo de palma son la mayor causa de la deforestación en Colombia. Ambas se alimentan de la apropiación de tierras, un delito hasta ahora poco visibilizado en Colombia y que junta a actores armados, políticos y empresarios. 

En esta expansión, terratenientes y campesinos ocupan territorios donde las disidencias y otros actores hacen presencia. Esto provoca el cobro de extorsiones o el lavado de dinero a través de estos negocios legales, un acuerdo donde todos ganan a costa de la deforestación.

De cara a un nuevo gobierno, es vital la protección de la recién creada Ley 2111 de 2021 o Ley de Delitos Ambientales que contempla la apropiación como un delito y responde a las demandas de ambientalistas que han denunciado la naturaleza de este ilícito. Así, será tarea del próximo presidente enfrentar esta cara de la criminalidad que frecuentemente se oculta a simple vista.

Finalmente, Gustavo Petro tendrá que poner bajo la lupa el enfoque militarista que actualmente lidera la lucha contra la deforestación.

Su piedra angular es la Operación Artemisa, una serie de operativos que han tenido varios escándalos y pocos resultados concretos. Aunque han mostrado la desarticulación de bandas criminales que estarían tras la deforestación, denuncias ciudadanas apuntan hacia una persecución del Estado a colonos que son tratados como criminales.