La Policía Federal de Brasil no ha detectado nuevas minas ilegales en territorio yanomami por primera vez desde que comenzó a monitorear esta actividad hace casi tres años. Sin embargo, aún existen muchas barreras para poner fin a la minería ilegal en la zona.
La Operación Liberación (Operação Libertação), un sistema satelital utilizado por la policía para monitorear la Amazonía brasileña, no ha detectado nuevas minas en más de un mes, el periodo más largo sin hallazgos desde que comenzó a operar en agosto de 2020. Esto concuerda con una disminución constante en las actividades mineras nuevas. En abril y mayo de 2023, el sistema detectó 33 minas nuevas, frente a 538 durante el mismo período de 2022.
La minería ilegal en los estados norteños de Brasil, como Roraima, ha tenido graves consecuencias tanto para la población de las zonas afectadas como para el medio ambiente. Dicha actividad aumentó en los últimos años debido al apoyo de los políticos locales; por otro lado, la llegada del Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) a la región, en 2018, condujo a un aumento del flujo de armas hacia los mineros, quienes se volvieron en contra de las comunidades yanomami.
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La disminución en los sitios de minería ilegal se produjo después de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instituyó múltiples reformas para reducir este flagelo, como el envío de más fuerzas de seguridad a las áreas afectadas y el endurecimiento de las regulaciones en torno al comercio de oro.
“Se podría decir que ahora hay mucha menos minería debido a la cantidad de mineros que el gobierno ha expulsado”, le dijo a InSight Crime Fiona Watson, directora de investigación de Survival International, organización que aboga por los derechos de los pueblos indígenas.
Durante su campaña electoral, Lula prometió detener el deterioro ambiental causado por la minería ilegal, que había aumentado durante el gobierno de su predecesor, Jair Bolsonaro. Este último había revertido las protecciones ambientales y alentado la explotación de la Amazonía, lo que llevó a altos niveles de deforestación.
Análisis de InSight Crime
La ausencia de minas nuevas es otro indicador de que las recientes políticas de Brasil están siendo eficaces para combatir la industria del oro ilegal, pero estos avances exigen que a los mineros ilegales se les ofrezcan oportunidades económicas alternativas.
La minería ilegal en tierras Yanomami es de difícil logística. Para moverse dentro y fuera del territorio se necesita generalmente un avión o un helicóptero, y la maquinaria pesada requerida para minar, como las retroexcavadoras, es costosa y difícil de transportar. Debido a estas dificultades, las operaciones militares que restringen esta actividad en toda la región son efectivas de inmediato, como le dijo a InSight Crime el periodista Sam Cowie, radicado en Brasil.
“Si se hacen operaciones constantes, como las que ha habido este año, se verán los resultados”, afirma Cowie.
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Sin embargo, los logros del gobierno pueden ser inviables a largo plazo. Los grandes despliegues militares son costosos y requieren voluntad política. Pero incluso si estos despliegues continúan, esta estrategia no aborda las condiciones sistémicas y económicas que han permitido el avance de la minería ilegal, afirma Cowie.
Según estimaciones recientes, el 46% de los habitantes de Roraima vivían por debajo del umbral de pobreza en 2022. Disponen de pocas alternativas económicas, y no se ha presentado ningún plan de desarrollo viable. Entre tanto, los grupos criminales como el PCC esperan al acecho.
Los mineros ilegales han abierto recientemente nuevos sitios mineros en el estado de Amazonas, por fuera de los territorios Yanomami, lo que demuestra que, mientras se mantenga alejada de la labor gubernamental, la minería ilegal no se ve afectada.
Tan pronto terminen las operaciones antimineras, es probable que se abran nuevos sitios mineros, señala Cowie. “No sé cuál es la respuesta”, dice. “Nadie lo sabe”.
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