Colombia ha alcanzado sus niveles más altos de producción de coca y producción potencial de cocaína, según un nuevo informe de la ONU, que señaló la rentabilidad de los cultivos de coca y una mayor eficiencia en los procesos agrícolas como parcialmente responsables.

En 2021 el área sembrada de coca en Colombia aumentó en un 43 por ciento, mientras que el potencial de producción de coca creció en un 14 por ciento, logrando cifras históricas para el país, según el informe del Sistema Integrado de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de las la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), presentado el 20 de octubre.

El documento detalla que el área sembrada rompió su tendencia a la reducción de los últimos tres años y llegó a 204.000 ha en 2021, dejando atrás las 143.000 ha de 2020. Por su parte, la producción potencial de cocaína mantuvo el alza de los últimos años y alcanzó las 1.400 toneladas métricas respecto a las 1.228 toneladas de 2020.  

Candice Welsch, directora de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, señaló que el 62 por ciento de los cultivos se encuentran en los departamentos de Nariño, Norte de Santander y Putumayo, y que el incremento histórico está relacionado con una mayor capacidad de extraer cocaína y lotes altamente productivos. Tendencias que se reflejan en los informes de años anteriores.

Además, agregó Welsch, que el fenómeno también está relacionado con la vulnerabilidad en los territorios, la crisis económica y los cambios en el narcotráfico, así como una mayor demanda de cocaína a nivel internacional.

Sin embargo, algunos aspectos llaman la atención sobre el nuevo informe de la UNODC:

La “bonanza” y expansión

Se ha registrado un mayor acceso a la transformación del dinero del narcotráfico en bienes y servicios en los centros poblados cercanos zonas de sembrado de coca, según explicó Leonardo Correa, coordinador de SIMCI. Esto podría representar una aceptación de las estrategias de los grupos ilegales y de una percepción de “bonanza” en términos económicos de las comunidades que producen coca.

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“La ‘seguridad’ brindada por los GAI [Grupos Armados Ilegales] facilita las negociaciones de grandes volúmenes de cocaína”, destaca el informe. Los ingresos de dinero se han visto reflejados en actividades comerciales lícitas como entretenimiento, servicios especializados y compra y venta de automotores, entre otros, lo que ha llevado a las comunidades a aceptar implícitamente estos acuerdos informales.

“Hay una economía que se va a ver afectada si la coca desaparece”, explicó Correa.

En esa misma línea, el funcionario señaló que hay una transferencia del modelo productivo que ha llegado a otros lugares alrededor y por fuera de los enclaves productivos. Mientras que los cultivos de coca crecieron en un 32 por ciento dentro de los enclaves, alrededor de los mismos llegó a un 33 por ciento (12 kilómetros alrededor) y 10 por ciento a otras partes. Lo anterior está relacionado con el posicionamiento de los grupos criminales en los territorios, la no intervención y las condiciones socioeconómicas como resultado de la pandemia. De continuar así, se espera un incremento de estas zonas en los próximos dos años.

“Estamos perdiendo la pelea dentro [de los enclaves] y fuera”, concluyó Correa.

Imagen del Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos. ONUDD.

Procesos y redes más sofisticadas

De acuerdo con el informe, hay una mayor diversificación del portafolio de insumos y servicios en los enclaves productores, lo que se ha visto reflejado en mayor capacidad de obtención de alcaloide en la hoja de coca y mayor eficiencia de extracción.

“El uso de insumos agrícolas es mejor y más eficiente”, relata Correa. Y agrega que los lotes de coca se encontraban, para 2021, en sus edades más productivas (2 a 4 años). Estos cultivos, que se encuentran dentro de los enclaves más consolidados, pueden ser 2,4 más productivos que los que hay afuera de ellos.

A esto se suma el hecho de que 12 de los 14 enclaves productivos del país se encuentran en zonas fronterizas o con salidas al mar, lo que facilita su movimiento en términos de narcotráfico, pero al mismo tiempo explica la permanencia y tecnificación de los procesos en estas zonas.

Según Correa, estos “son los sitios de narcotráfico donde quieren tener la coca”.

Un gobierno entrante

Tanto Correa como Welsch, apuntaron que parte de los resultados estaban permeados por las altas expectativas en los Acuerdos de Paz firmados por el gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.

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Durante su intervención en la presentación, el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, retomó el comentario y explicó que el gobierno ve como una “hoja de ruta” los Acuerdos y que dentro de ellos hay una política de sustitución de cultivos que el gobierno quiere poner en ejecución.

Reconoció que hay un alto índice de pobreza y vulnerabilidades territoriales en los principales enclaves productivos y que es por esa razón que se impone el cultivo de coca.

Osuna también se refirió a la política de drogas del gobierno anterior y la calificó como “no exitosa”. Sin embargo, fue enfático en que no habrá una legalización de la cocaína, pero sí un tránsito lícito.

“Buscar para los cultivadores y cultivadores de coca una alternativa que les permita vivir mejor […] Continuar con los cultivos de coca para hacer industria con los usos lícitos de la hoja de coca que ya existen […] No se trata de erradicar la planta, se trata de tener una economía segura”, advirtió.