El ejército de Venezuela lanzó una operación contra los mineros ilegales en el Parque Nacional Yapacana, tras las protestas de la comunidad internacional por la destrucción de la selva amazónica del país. Pero dado que hay grupos armados y elementos estatales corruptos que se benefician de la minería ilegal, aún hay dudas sobre el verdadero compromiso del país con la reducción de este flagelo.
Durante el mes de enero, el ejército de Venezuela llevó a cabo seis operaciones para destruir equipos e infraestructura utilizados para la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana, una reserva natural de 320 hectáreas ubicada en la región central del estado Amazonas, considerada una de las joyas naturales del país.
Las operaciones permitieron el desmantelamiento de al menos dos campamentos mineros ilegales, así como la incautación o destrucción de motores, bombas y otros equipos de minería, como consta en informes oficiales.
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Las acciones militares realizadas en enero fueron una continuación de una primera serie de golpes efectuados en diciembre de 2022, a raíz de una creciente protesta internacional por la deforestación en la Amazonía venezolana.
Varias semanas antes del inicio de las operaciones, diversos medios de comunicación y grupos ambientalistas publicaron informes basados en datos de imágenes satelitales que muestran la devastación causada por la minería ilegal en Yapacana.
Los informes no solo llaman la atención sobre la magnitud de la deforestación, sino que además dejan claro en quién recae la mayor parte de la culpa: en los grupos guerrilleros de origen colombiano que han operado en su mayor parte con impunidad en la región gracias a sus vínculos con el gobierno venezolano.
La aparición del presidente Nicolás Maduro en la cumbre climática COP27 en Egipto, en noviembre pasado, donde pidió nuevos esfuerzos de cooperación multilateral para proteger la Amazonía, dio inicio a las reacciones contra su régimen. Geoff Ramsey, director de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en Venezuela, dijo a The Guardian que invitar a Maduro al evento fue “como pedirle a un pirómano que apague un incendio”.
A medida que la presión fue aumentando, diversas celebridades de Hollywood se unieron a las protestas; por ejemplo, el actor Leonardo DiCaprio hizo publicaciones en las redes sociales, en las que llamaba la atención sobre la deforestación causada por la minería ilegal.
Análisis de InSight Crime
Dado que el saqueo de Yapacana ya se conoce en todo el mundo, la inacción de Maduro podría deteriorar su posición en el escenario mundial. Pero cualquier acción genuina que tome contra la minería ilegal afectaría esa importante fuente de financiamiento para sus aliados, tanto al interior del Estado como en el hampa.
Las investigaciones de InSight Crime durante 2022 en el Amazonas señalan que las operaciones mineras en Yapacana son conducidas por una mezcla de actores, entre empresarios criminales, comunidades indígenas y, sobre todo, grupos guerrilleros.
El Frente Acacio Medina de la las ex-FARC Mafia, por ejemplo, dirige operaciones mineras y cobra “impuestos” tanto a otros mineros como a las diversas empresas que han surgido para apoyar las operaciones. Además, regulan los campamentos mineros, imponiendo su propio orden social.
“Controlan los pagos [de extorsiones], controlan las ventas de oro y controlan a los negocios y a los comerciantes”, dijo un representante de una comunidad indígena de Atabapo, el municipio donde se encuentra Yapacana, quien pidió el anonimato por razones de seguridad.
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Además, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) controla los territorios en los bordes de la zona, y les cobra a los mineros y comerciantes para permitirles ingresar a la zona minera.
Según líderes comunitarios, mineros, investigadores y autoridades de la región, los guerrilleros operan en coordinación con los militares venezolanos, y todos los involucrados en la minería deben pagarles una parte de sus ganancias a los militares y a otros actores estatales para que se les permita trabajar.
“En Yapacana y Atabapo, a veces se ve a guerrilleros viajando juntos en un barco militar, o viceversa”, dijo un defensor local de derechos humanos, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato. “O se puede ver a agentes del ejército de alguno de los puestos aislados en un bote guerrillero”.
Es posible que la reciente serie de operaciones militares haya desarticulado este equilibrio criminal. Sin embargo, las imágenes satelitales y las fuentes en la región indican que el impacto general en la minería y en los grupos armados que participan en ella ha sido mínimo.
Por ejemplo, el análisis de datos satelitales realizado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) después de las primeras operaciones en diciembre indica que apenas se había hecho mella en las operaciones mineras.
Además, cuando comenzaron las operaciones, el Frente Acacio Medina realizó un retiro táctico, según un líder comunitario indígena de la zona que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.
“Todavía están cerca, pero no en las minas porque dicen que han recibido órdenes, y si esa es la orden de los militares, entonces se retirarán”, dijo.
Según la misma fuente, las operaciones fueron suspendidas a finales de enero, pues las comunidades indígenas involucradas en la minería habían negociado con los militares.
Dichos acuerdos son lógicos, dado que la minería ilegal sigue siendo una importante fuente de ingresos para el Estado venezolano y sus aliados criminales.
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