Un reciente informe del grupo de expertos chileno AthenaLab muestra que Chile enfrenta una variedad cada vez mayor de amenazas criminales, que van desde el robo de cobre y la pesca ilegal hasta los delitos cibernéticos y el tráfico de armas.

La reputación de Chile como el “chico bueno” de América Latina continúa vigente: en comparación con sus vecinos, su tasa de homicidios continúa siendo baja; suele superar a los países europeos en los rankings internacionales de corrupción, y su Producto Interno Bruto (PIB) per cápita está entre los mejores de la región.

Sin embargo, hay algunos temores que continúan creciendo no sin razón: los homicidios alcanzaron un nivel preocupante en 2020; la violencia de pandillas y el tráfico de drogas están aumentando; las riquezas naturales del país, desde el cobre hasta la pesca, están siendo saqueadas. En un reciente informe, “Economías ilegales: factores que facilitan el crimen organizado en Chile”, el grupo de expertos chileno AthenaLab expone los diversos retos que enfrenta el país.

InSight Crime habló con la investigadora principal, Pilar Lizana, para analizar los hallazgos del estudio.

InSight Crime (IC): El robo de cobre parece ser una economía criminal bastante subestimada en Chile. ¿Hasta qué punto ha sido una prioridad para el gobierno?

Pilar Lizana (PL): Si bien actualmente nos encontramos desarrollando un estudio sobre este tema en particular, en el proceso de investigación hemos observado que la economía ilegal en torno al robo de cobre cuenta con una estructura organizada que roba desde cables y piezas menores hasta concentrado y cátodos de cobre. Además, tiene un alcance internacional, toda vez que los grandes decomisos en puertos nacionales indican que el producto se exporta a Asia, principalmente a China.

En específico, con respecto a la afirmación según la cual el robo de cobre “parece ser una economía criminal subestimada”, esta percepción puede darse por el hecho de que existe menos cobertura mediática con respecto a esta actividad criminal en comparación con otras. Sin embargo, las revistas especializadas sí informan sobre ello. Un elemento adicional que podría considerarse es el hecho de que en el país existen otras economías criminales que cuentan con mayores niveles de violencia, como el robo de madera o el comercio ambulante que se instala en algunos polos urbanos. 

En cuanto a sobre si esto es prioritario para el gobierno, es importante considerar que contamos con legislación que penaliza el robo y la recepción de cables de cobre. Además, la Policía de Investigaciones (PDI) cuenta con equipos especializados dedicados a investigar este delito, y las empresas afectadas trabajan con las agencias para colaborar en la persecución. Las empresas privadas y públicas son víctimas de esta economía criminal. Empresas mineras, eléctricas y de telecomunicaciones sufren con el robo de parte de su producción o con las consecuencias del corte de los cables. Entre ellas, Codelco, empresa minera estatal, es una de las que ha sido víctima de importantes robos de concentrado de cobre.

Sin duda, esta economía ilegal es otro gran desafío para el Estado, donde la coordinación de las agencias resulta fundamental. Ya se observaron resultados exitosos en el pasado con la coordinación de fiscalía, aduanas, servicio de impuestos internos y policías en 2007 y con el Plan Chatarra en 2011.

La economía criminal del robo de cobre es menos visible que otras, pero tiene un impacto millonario en la economía nacional y en sectores muy relevantes para el desarrollo del país. Además de afectar directamente a las mineras, tiene consecuencias importantes para la comunidad, que es dejada a oscuras tras el corte de los cables.

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IC: Su informe indica que las instituciones de Chile no están preparadas para combatir el crimen organizado. ¿Cree que el país ha tardado demasiado en reaccionar, dada su reputación de refugio seguro en América Latina? ¿Qué pasos recomienda AthenaLab para mejorar este retraso?

PL: La sorpresa no es que el crimen organizado haya llegado a Chile. Tarde o temprano esto iba a suceder, sobre todo con la apertura de Chile y un innegable proceso de globalización. El desafío pasa por la preparación que tenga el país para enfrentar esta amenaza, que, si bien sus negocios ilegales responden a necesidades específicas, el contexto que existe en cada Estado opera como facilitador o no del crimen.

En el caso de Chile, nuestro país cuenta con condiciones que permiten el accionar del crimen y que tienen que ver con la institucionalidad, su fortaleza o debilidad, la conflictividad social derivada de las protestas de 2019, la problemática de violencia en la Macrozona Sur y el aprovechamiento que estos grupos hacen de las tecnologías, el sistema financiero y la infraestructura que conecta a Chile.

En el caso de la respuesta del gobierno, se han promovido ciertos proyectos de ley que permitirían un mejor combate al crimen organizado, como la ley de inteligencia y los paquetes contra el crimen organizado que se han discutido en el Congreso. Pero aún falta por avanzar en estrategias integrales que respondan al fenómeno en su conjunto y que permitan desarrollar planificación específica para cada actividad ilegal.

Para Chile, el crimen organizado es algo más bien nuevo. Si bien el narcotráfico es un fenómeno que impacta desde el siglo pasado, la llegada de nuevos crímenes como los homicidios por encargo y el control territorial son fenómenos que sorprenden a la población y elevan su percepción de inseguridad. A pesar de ostentar una de las tasas de homicidios más bajas de la región y estar lejos de realidades complejas como las de México, Colombia o Jamaica (la tasa más alta), la percepción de inseguridad en la población ha bajado.

Esta situación obliga a nuestros líderes a diseñar estrategias para enfrentar esta nueva cara de la criminalidad que se está conociendo en Chile. Era predecible que el crimen organizado iba a llegar, y en ese sentido, la respuesta del Estado fue a destiempo.

En cuanto a qué recomendar, diría que se requiere el desarrollo de un sistema nacional contra el crimen organizado construido sobre la base de una visión integral y trabajo coordinado que involucre a los distintos sectores del Estado, pues si bien las policías son agencias fundamentales para el combate contra este tipo de fenómenos criminales, no son las únicas. El crimen organizado integra distintos niveles y áreas, desde la seguridad hasta la salud, pasando por lo financiero, educacional y judicial. Entonces, una planificación donde se busque un efectivo ejercicio de la soberanía en todo el territorio, se desarrolle prevención con campañas educacionales, se rehabilite y reinserte y se apliquen castigos justos, permitiría enfrentar esta problemática de una manera comprehensiva que a largo plazo mejore la seguridad, el desarrollo y el bienestar de la población.

IC: Ha habido una afluencia reciente de tráfico de armas a Chile desde Argentina. Si bien es pequeño en comparación con los niveles de los países vecinos, sigue siendo una preocupación real. ¿Por dónde van estas armas a Chile? ¿Están sus bandas cada vez mejor armadas y qué consecuencias hemos visto de tales arsenales?

PL: Efectivamente, hemos sabido de cargamentos de armas desde Argentina, pero también de otros que han entrado por el norte. Sin embargo, lo que más se observa son armas de fogueo modificadas para munición letal. También existen modificaciones de armas semiautomáticas a automáticas.

En ese sentido, preocupa mucho el uso de armas modificadas y no modificadas en disturbios callejeros, como lo que se vio durante las últimas semanas en el barrio Meiggs en Santiago, donde el comercio ambulante, de la mano de bandas organizadas, ha comenzado un control territorial de la zona.

Actualmente, las bandas criminales no temen usar su poder de fuego en la vía pública, incluso para hacer retroceder al Estado. Esto se vio durante el estallido social, cuando se atacaban comisarías y retenes policiales.

Finalmente, en cuanto a las armas utilizadas, las principales consecuencias las viven los chilenos que se encuentran en zonas con índices de violencia mayores, donde el narcotráfico y el crimen organizado se han ido instalando. En el caso de la Macrozona Sur, se ha observado el uso de armamento de fuego por parte de organizaciones radicalizadas, las cuales han utilizado técnicas terroristas para causar temor y desafiar al Estado.

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IC: AthenaLab menciona una disminución constante de la corrupción en el país, pero la magnitud de las economías criminales transfronterizas indica la existencia de cierto nivel de participación oficial. ¿Qué evidencia hay de que los funcionarios de aduanas, policía y gobierno están ayudando al crimen organizado o haciéndose los de la vista gorda frente a su accionar?

PL: Efectivamente, el indicador de percepción de corrupción ubica a Chile en puestos bastante privilegiados con respecto a otros países; sin embargo, en 15 años este índice ha mostrado un leve retroceso, lo que contribuye a crear las condiciones que permiten el accionar del crimen organizado. Principalmente, hemos visto su avance en los gobiernos locales, sobre todo con el caso muy mediático de la municipalidad de San Ramón, lo que muestra lo vulnerables que pueden estar nuestras instituciones frente al crimen.

En ese sentido, ese retroceso que se observa desde 2005 al 2020 abre la puerta para que los grupos criminales puedan comprar a agentes del Estado y desarrollar sus negocios. El robo de cobre y su exportación a mercados asiáticos indicaría que existe algo de esto. Sin embargo, creo que aún no podemos hablar de funcionarios estatales que están “ayudando” al crimen organizado, como sucede en otros lugares. Pueden existir casos, pero no en un nivel de corrupción generalizada como lo vemos en otras zonas de América Latina.

IC: Los ataques de ransomware (cibersecuestro de datos) están aumentando en toda la región. ¿Cómo ha reaccionado Chile y cómo se ha preparado para combatir tales ataques? ¿Las instituciones ya están pagando rescates para evitar fugas de datos críticos?

PL: En el caso de los ciberataques, en Chile hemos tenido dos casos emblemáticos de ataques cibernéticos, uno al Banco de Chile y el otro al Banco Estado. El costo para el Banco de Chile fue muy alto, y como consecuencia de ello se potenció el área de ciberseguridad con el fin de estar preparados y ojalá evitar otro ataque.

Actualmente, existe una serie de normativas que persiguen los delitos cibernéticos. Se ha avanzado en el desarrollo de políticas para esta materia. Existe una Política Nacional de Ciberseguridad y una Política de Ciberdefensa. Lo que se busca con esto es contar con una coordinación que permita enfrentar los delitos cibernéticos de manera interagencial. Aún falta por avanzar.

IC: La pesca ilegal se ha convertido rápidamente en una prioridad en numerosas jurisdicciones latinoamericanas. Desde las flotas chinas hasta el robo de algas, la destrucción de los recursos marítimos de Chile es considerable. ¿Qué tan grave diría que es la pesca ilegal como amenaza para Chile y qué se está haciendo?

PL: Con respecto a la pesca, es importante considerar que tanto el robo de peces como la pesca ilegal no declarada y no reglamentada generan impactos negativos en Chile y significan pérdidas millonarias para la industria.

Ambas actividades tienen un gran impacto sobre un importante sector productivo. Alrededor de ellas se estructuran organizaciones criminales cuyas actividades afectan la salud de quienes consumen los productos en mal estado, así como el entorno, debido a una explotación indiscriminada y, en el caso de la pesca ilegal, existe una violación al territorio soberano nacional.

En cuanto al robo de peces, la policía, a través de sus distintas unidades, investigan y persiguen a quienes cometen este delito. La justicia es la encargada de sancionar.

Al igual que con el cobre, se espera realizar una investigación específica con respecto al robo de peces, la cual proporcionará más información en este sentido.