El candidato que lidera en la contienda electoral de Guatemala ha sido eliminado por un tecnicismo administrativo, la señal más reciente de que las arraigadas redes de corrupción del país utilizan el sistema judicial para aplastar a sus opositores.

Carlos Pineda Sosa, un desconocido en la política que en las últimas semanas ascendió hasta el primer lugar en las encuestas, no aparecerá en la tarjeta electoral para las elecciones presidenciales del 25 de junio en Guatemala.

El 26 de mayo, la Corte de Constitucionalidad del país rechazó la apelación de Pineda frente a una decisión de las autoridades electorales, que el 21 de mayo suspendieron su candidatura y la de todos los que se postulen con su partido, Prosperidad Ciudadana.

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“Pierde Guatemala y nos quedamos sin democracia”, escribió Pineda en Twitter después de la decisión.

La eliminación de Pineda y de su partido se dio a raíz de una imputación legal basada en acusaciones de que Prosperidad Ciudadana no cumplió con ciertos requisitos durante una reunión del partido a fines del año pasado.

Además, se produce pocas semanas después de que Pineda surgiera como el favorito en las elecciones, según dos encuestas distintas realizadas por dos periódicos guatemaltecos. Dicha exclusión se extiende a todos los candidatos al Congreso y a las alcaldías que se postulen con Prosperidad Ciudadana. El partido apeló la exclusión, pero luego retiró la apelación.

Pineda, un hombre de negocios sin experiencia política previa, repuntó en las encuestas gracias a su retórica antisistema y a sus seguidores en las redes sociales, especialmente en TikTok.

Pineda planeaba postularse inicialmente con Cambio, un partido creado por los hijos de Manuel Baldizón, convicto blanqueador de dinero y excandidato presidencial que recientemente reingresó a la arena política. Pineda se retiró de Cambio y se vinculó a Prosperidad Ciudadana a finales de enero, cuando Baldizón regresó al partido. Los abogados de Cambio presentaron la apelación administrativa que acabó por frustrar la candidatura de Pineda.

Análisis de InSight Crime

Las decisiones judiciales que excluyen a Pineda de la contienda tienen una apariencia de legalidad y debido proceso, pero el resultado final es uno de los muchos ejemplos recientes de la presencia de mafias políticas en el actual gobierno de Guatemala, que utilizan el control de los tribunales para eliminar a sus opositores.

En años recientes, las redes de corrupción han cooptado las principales ramas del sistema de justicia de Guatemala, afianzando su control sobre los sectores político y judicial con el objetivo de mantener el statu quo de corrupción e impunidad. Esto incluye a los tribunales que se pronuncian sobre la participación electoral, desde los tribunales administrativos menores hasta el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad.

“La influencia política sobre los tribunales es tan grande que al final no hay una línea divisoria entre lo judicial y lo político”, le dijo a InSight Crime la directora legal del capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Edie Cux.

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Pineda es solo uno de los candidatos que durante esta contienda electoral han sido eliminados mediante maniobras legales.

Mediante fallos judiciales se eliminó a Jordan Rodas, del partido de izquierdas Movimiento de la Liberación de los Pueblos (MLP), y a Roberto Arzú, del partido Podemos, quien había criticado al actual presidente, Alejandro Giammattei.

Además, El Ministerio Público, aliado de Giammattei y los altos tribunales, entabló una impugnación legal contra el político y candidato presidencial del partido Cabal, Edmond Mulet, quien permanece en la contienda.

Aunque las denuncias de irregularidades procesales en las que supuestamente incurrieron Pineda y Prosperidad Ciudadana pueden tener cierto sustento, Cux dice que tales anomalías son comunes en todo el espectro político de Guatemala, y que solo se aplican contra actores políticos que incomodan a las élites poderosas.

“Si algún tribunal se retracta o falla a favor de Pineda, ello prácticamente le aseguraría la victoria en las elecciones, lo cual no es políticamente viable para los grupos poderosos”, afirma Cux.

Los otros candidatos favoritos en la carrera presidencial parecen representar poca amenaza para los intereses de las élites corruptas.

Mulet dio su apoyo a un organismo anticorrupción con respaldo internacional, denominado Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que entabló varios casos importantes antes de ser clausurado en 2019. Sin embargo, recientemente dijo que, en caso de ser elegido, no buscaría revivir la comisión, y promete abordar la corrupción de otras maneras.

Sandra Torres, otra de las favoritas, fue esposa del difunto expresidente Álvaro Colom. Torres estuvo encarcelada durante algún tiempo en 2019 por investigaciones de corrupción a cargo de la CICIG, aunque las acusaciones fueron retiradas a fines de 2022, lo que le permitió registrarse como candidata para las próximas elecciones.

Otra candidata, Zury Ríos, es hija del exdictador militar Efraín Ríos Montt. Su plataforma política es apoyada por individuos vinculados a viejas redes de corrupción militar, además de élites económicas y políticas que lideraron la cruzada del gobierno anterior contra la CICIG. Ríos tiene aliados en la Corte de Constitucionalidad, que la excluyó de la última carrera presidencial en 2019 debido a la relación con su padre, pero le permitió postularse esta vez, con base en un razonamiento legal diferente.

Las investigaciones de la CICIG habían alimentado las esperanzas de que Guatemala estaba avanzando hacia la lucha contra la corrupción dentro de su sistema político, pero la exclusión de Pineda representa el culmen de un retroceso significativo en la labor anticorrupción de los últimos años, como le dijo a InSight Crime el académico Mike Allison, experto en Centroamérica y director del departamento de ciencias políticas de la Universidad de Scranton.

“La inestabilidad y el caos en el sistema político, y su descrédito, realmente sirven a los propósitos de los grupos del crimen organizado y de las élites en el país”, señala Allison.