Con una histórica sentencia condenatoria para el expresidente y la ex vicepresidenta —y una increíble diatriba que no quedó registrada— tres magistrados de Guatemala ilustraron por qué el país sigue dividido por el caso más emblemático del esfuerzo librado en el país por reformar su sistema de justicia a lo largo de toda la década pasada.
El 7 de diciembre, los magistrados dictaron la condena del expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por fraude y “asociación ilícita”, y los sentenciaron a 16 años de prisión. Pérez Molina y Baldetti quedaron absueltos del cargo de enriquecimiento ilícito y otras personas señaladas en el caso fueron exoneradas de todo cargo penal. Ambos exfuncionarios enfrentan otras acusaciones en Guatemala, y Baldetti enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos.
“Me siento frustrado”, lamentó Pérez Molina ante los medios tras la lectura del fallo. “Me siento decepcionado, porque si alguien ha creído en la justicia soy yo”.
Muchos podrían no estar de acuerdo. El caso que llevó a la condena de ambos se dio a conocer como La Línea, en referencia a un extenso entramado de corrupción en el que ambos exfuncionarios cobraban coimas a cambio de que se ignoraran o se redujeran los gravámenes aduaneros.
Fue uno de varios casos que el Ministerio Público y su entonces contraparte —la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo avalado por las Naciones Unidas— prepararon contra numerosos funcionarios públicos, importantes empresarios, narcotraficantes, oficiales del Ejército activos y en retiro, y contra otros durante los 12 años de actuación de la CICIG en el país.
Pero La Línea fue el caso más emblemático, pues fue el dominó que puso fin al mandato de Pérez Molina. Posteriormente los fiscales compararon el régimen con una mafia del crimen organizado. Después de la primera ola de capturas en febrero de 2015, protestas multitudinarias llevaron a las renuncias y subsiguientes capturas de Pérez Molina y Baldetti. Ese fue el culmen del ejercicio de la CICIG, que le dio una posición de estrella del rock al jefe de la Comisión, el magistrado colombiano Iván Velásquez.
A partir de ahí, el país sufrió una honda división, y cuando las investigaciones anticorrupción se extendieron a una porción suficientemente amplia del espectro de las élites de Guatemala para permitir la unión de una coalición de contrarreformistas, los días de la CICIG quedaron contados. En 2017, el entonces presidente Jimmy Morales —quien a su vez tiene investigaciones abiertas— declaró persona non grata a Velásquez, quien ahora funge como ministro de defensa en Colombia. Morales acabó con el mandato de la comisión en 2018, y en 2019, la CICIG salió del país
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Con todo ese precedente, era casi inevitable que el debate sobre la CICIG se colara en el fallo del 7 de diciembre contra Pérez Molina y Baldetti. Según Prensa Libre, antes de la lectura de la sentencia, uno de los jueces, Jeanette Valdés, acusó a la comisión de manipular las declaraciones de los testigos y al Ministerio Público de cometer “errores”.
“No necesitábamos de extranjeros que vinieran a hacernos un trabajo como el que hicieron en alguno de los casos”, afirmó. “¿Hubo errores del Ministerio Público?, sí los hubo”.
Análisis de InSight Crime
La inesperada diatriba de Valdés ilustra cómo las divisiones que se iniciaron con La Línea en 2015 se mantienen al día de hoy. Aunque condenó a quienes llevaron el caso a buen puerto, finalmente estuvo de acuerdo con sus hallazgos.
“Es simbólica, emblemática y valiente la sentencia”, declaró desde el exilio Juan Francisco Sandoval, quien dirigió la fiscalía especial contra la impunidad del Ministerio Público hasta que se vio obligado a huir del país en 2021, en entrevista con el programa de radio Con Criterio.
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Pero, ¿cuánto tiempo aguantará el fallo? Eso ahora podría estar en las manos de la parte antirreformista de la ecuación. Dado que la CICIG fue obligada a salir del país, los contrarreformistas, entre quienes se cuentan el actual presidente Alejandro Giammattei, han instalado a su fiscal general de bolsillo y a numerosos magistrados, abierto casos penales, civiles y administrativos de naturaleza frívola contra quienes trabajaron con la CICIG y obligado a docenas de fiscales como Sandoval, así como a otros jueces a huir del país.
También han archivado, subvertido o destruido de plano los casos llevados por la CICIG y otros muchos que fueron presentados por las fiscalías que trabajaron con la comisión. Aun cuando esos casos terminaron en condenas, muchas veces han sido anulados por jueces designados por personajes como Pérez Molina y Baldetti cuando estaban en el poder. No sorprende entonces que Pérez Molina dijera que apelará su fallo, y la decisión de los jueces de retirar los cargos de enriquecimiento ilícito puede facilitar la anulación de su condena.
“En Guatemala puede pasar cualquier cosa”, le dijo a InSight Crime Thelma Aldana, la ex fiscal general en el exilio que decidió acusar a Pérez Molina y Baldetti en 2015. “Con un Ministerio Público que planta pruebas, que manipula pruebas, cualquier cosa es posible”.
Por ahora, y quizás por siempre, Aldana y docenas de cruzados judiciales más pueden tener que contentarse con victorias parciales como que los jueces les dieron el 7 de diciembre.