La captura y posible extradición de un exjefe de policía de Honduras por señalamientos de narcotráfico podría aportar evidencia explosiva en el caso contra el expresidente Juan Orlando Hernández, recientemente detenido por delitos de drogas por el gobierno estadounidense.
Juan Carlos Bonilla Valladares, exdirector de la policía de Honduras, más conocido como “El Tigre”, fue detenido en un peaje a las afueras de la capital Tegucigalpa el 9 de marzo. El exmandatario se enfrenta a la extradición hacia Estados Unidos, donde los fiscales lo acusan de participar en una conspiración para traficar narcóticos patrocinada por el gobierno, que implica a altos funcionarios hondureños, incluido el expresidente Hernández. El arresto ocurre pocas semanas después de que la policía de Honduras arrestara a Hernández, también requerido en extradición por narcotráfico.
En abril de 2020, los fiscales estadounidenses acusaron inicialmente a Bonilla por delitos relacionados con armas y tráfico de narcóticos. El Departamento de Justicia señala al exjefe de abuso de autoridad dentro de la policía de Honduras para proteger cargamentos de cocaína a nombre del expresidente y su hermano, Juan Antonio "Tony" Hernández Alvarado, quien fue condenado por narcotráfico y ahora purga cadena perpetua en Estados Unidos.
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Los fiscales estadounidenses posteriormente presentaron una solicitud de extradición para Bonilla, en mayo de 2021. Pero el exoficial de policía ya estaba prófugo de la justicia, según Univision.
El exjefe de policía había negado las acusaciones de los fiscales estadounidenses.
Horas después de su arresto, la policía de Honduras presentó a Bonilla ante la prensa, esposado de manos y pies, en una emulación de la escena que habían protagonizado pocas semanas antes cuando detuvieron a Hernández y lo encadenaron en el exterior de su casa en Tegucigalpa. Bonilla permanecerá en detención a la espera de su audiencia de extradición el 10 de marzo, según la policía de Honduras.
Bonilla fungió como jefe de la policía de Honduras entre 2012 y 2013, pero su posición se vio envuelta en controversias por denuncias de participación en escuadrones de exterminio.
Análisis de InSight Crime
La detención de Bonilla sube las apuestas sobre el expresidente Hernández, quien lleva todas las de perder si Bonilla es extraditado y decide cooperar con las autoridades estadounidenses.
Los cargos contra Bonilla están estrechamente ligados al expresidente Hernández, a quien los fiscales acusan de usar las fuerzas de seguridad para proteger cargamentos de drogas. Su testimonio puede aportar evidencia invaluable para sustentar esos señalamientos.
“Si [Bonilla] fuera extraditado a Estados Unidos y decidiera cooperar, terminaría de hundir a Hernández”, comentó Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en entrevista con Vice News después de la solicitud de extradición de Bonilla el año pasado.
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No cabe duda de que los fiscales estadounidenses describen a Bonilla como una ficha de “la mayor confianza”, que operaba bajo las órdenes de Hernández y su hermano para blindar cargamentos de drogas y ejecutaba “tareas especiales, como homicidios”, según un comunicado del Departamento de Justicia y la denuncia criminal que enumera los cargos contra el exjefe de la policía.
Esto incluyó el homicidio de un narco rival que había impedido que Tony Hernández moviera drogas en el oeste de Honduras y el uso de la violencia para proteger a narcos con conexiones políticas, como Hernández y su hermano, según los alegatos de los fiscales estadounidenses y las declaraciones de los testigos citados en la denuncia penal.
Bonilla también fue mencionado en el juicio contra Tony Hernández en 2019, cuando un extraficante convertido en testigo describió al veterano oficial como confidente cercano del entonces presidente Juan Orlando Hernández, quien le ayudó a proteger varios cargamentos de droga.
Las denuncias de narcotráfico promovido desde el gobierno han acosado a Honduras por años y salpicado a todo tipo de importantes políticos, el ejército y la policía, muchos vinculados a las presuntas actividades criminales.
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