La sentencia de cadena perpetua por narcotráfico, dictada por un juez estadounidense contra el hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, marca el cierre de un caso que desveló el alcance de la colusión entre los narcos y el poder político en el país centroamericano.
La cadena perpetua más 30 años para Tony Hernández, quien en octubre de 2019 fue declarado culpable de traficar miles de kilos de cocaína a Estados Unidos durante más de una década, fue dictada por el juez Kevin Castel el 30 de marzo en un juzgado federal de Nueva York.
“Dada la libre elección de Tony Hernández de dedicarse a una vida de narcotráfico por 12 años, la sentencia de cadena perpetua está más que merecida”, declaró el juez Castel. También ordenó a Hernández al pago de una multa de US$138,5 millones.
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El abogado defensor, Peter Brill, había solicitado para Hernández la pena mínima de 40 años, aduciendo que el jurado recibió información “incompleta, incorrecta e imprecisa para llegar a su decisión”. La madre de Tony también solicitó indulgencia, en una carta dirigida al juez.
Después de la condena de Hernández, la fiscal estadounidense Audrey Strauss comentó que “la sentencia a cadena perpetua era justa”. Ella había solicitado la pena máxima en su alegato de pena el 16 de marzo.
Hernández estuvo “involucrado en todas las etapas del narcotráfico a través de Honduras”, organizando seguridad armada para los cargamentos de cocaína y actuando como intermediario en sobornos de “importantes narcotraficantes a poderosas figuras políticas, incluidos expresidentes y presidentes en ejercicio de Honduras”, señaló. Strauss también acusó a Hernández de ser cómplice de dos homicidios.
La pena de Hernández, que será apelada por su defensa, se conoce apenas una semana después de que Geovanny Fuentes Ramírez fuera condenado por delitos de armas y drogas en Estados Unidos. Fuentes Ramírez hacía parte de la misma conspiración de tráfico de cocaína a la que pertenecía Tony Hernández. Ambos casos implicaron al presidente Hernández, quien sigue negando las acusaciones.
El juez Castel dijo en sus apuntes finales que Tony Hernández “vendió protección del gobierno hondureño” a narcotraficantes como el exjefe del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
Los fiscales se refirieron a Tony como un “personaje especialmente corrupto”, quien, junto con su hermano, se encuentra “en el centro de años de patrocinio estatal del narcotráfico”.
Análisis de InSight Crime
Aunque la sentencia de Tony Hernández a cadena perpetua envía un mensaje contundente al atormentado mandatario hondureño, no queda claro si Estados Unidos procederá a judicializar al presidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido un aliado de larga data en Centroamérica.
Tanto en el juicio de su hermano como en el de Fuentes Ramírez, el presidente Hernández ha estado constantemente en el centro de atención. Fiscales y testigos cooperadores lo acusaron de participar en un quid pro quo con traficantes de cocaína, donde el primero protegió sus operaciones y los blindó de la extradición a cambio de millones de dólares en sobornos que usó para financiar varias campañas políticas.
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El presidente Hernández, quien no ha sido acusado de ningún crimen, ha dicho de manera repetida y enfática que todas las acusaciones en su contra han sido hechas por traficantes que buscan negociar acuerdos con los fiscales estadounidenses.
“La repetición de mentiras evidentes [...] es indignante. Francamente, es ofensivo, porque es perverso”, aseguró el presidente durante una alocución televisada el 24 de marzo.
El mandatario agregó que tiene grabaciones de una conversación entre un agente encubierto de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y un grupo de traficantes hondureños, las cuales demuestran que nunca fueron “capaces de comprarlo, manipularlo o intimidarlo”.
“Ellos afirman que en el 2013 habían hecho un trato conmigo, que habían comprado impunidad, pero sus propias conversaciones del 2013, sus propias palabras, habladas en privado entre ellos, demuestran que nada de eso es cierto. Todo es una mentira que están contando al tribunal”, aseguró el presidente Hernández.
Las sospechas de presunta implicación del presidente Hernández con narcotraficantes se remontan a varios años. El mandatario fue considerado objetivo en una investigación de la DEA en 2013. Hasta la fecha, se lo ha identificado como coconspirador en tres casos internacionales de narcotráfico. Los fiscales estadounidenses han pasado de mencionarlo como coconspirador a nombrarlo directamente más de 50 veces en el expediente del 16 de marzo en el caso de su hermano.
Pero se ha presentado poca evidencia de peso que respalde las explosivas declaraciones de testigos acerca de los supuestos vínculos de Hernández con traficantes. Las piezas de evidencia más incriminatorias presentadas han sido datos de ubicación geográfica que muestran a Fuentes Ramírez en el palacio presidencial a mediados de 2019, y un libro de contabilidad confiscado a un importante narcotraficante. Las iniciales del presidente, “JOH”, aparecían en el libro, que detallaba cargamentos de cocaína y pagos hechos a personas específicas.
En carta enviada el 25 de marzo a InSight Crime a nombre del presidente Hernández, el ministro de comunicaciones de Honduras, Luis René Suazo Peña, señaló que las actividades de las fuerzas de seguridad, como la destrucción de laboratorios de drogas y pistas de aterrizaje usadas para recibir avionetas cargadas de cocaína, además de los decomisos de marihuana y cocaína, eran evidencia de las “acciones concretas” que el presidente ha tomado contra el narcotráfico.
Estas se “basan en hechos reconocidos internacionalmente y no en acusaciones de criminales confesos que buscan venganza contra quienes impidieron las actividades de narcotráfico en Honduras”, escribió el ministro Suazo Peña.
Pero como InSight Crime informó en una investigación en profundidad, el Partido Nacional, actualmente en el poder, se ha visto rodeado de acusaciones criminales que se remontan al menos a 2009. Queda por ver cuál será el destino del presidente Hernández a los ojos de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien como vicepresidente apoyó a Hernández entre 2014 y 2017, tras el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos.
Por lo general, el Departamento de Justicia evita formular acusaciones formales contra jefes de Estado. Aun si fueran a acusar al presidente Hernández, los costos para los intereses estadounidenses serían altos. Hernández ha trabajado de cerca con anteriores administraciones para desviar la migración de Honduras y otros países centroamericanos hacia Estados Unidos. Honduras también brinda al ejército estadounidense un bastión estratégico, aunque polémico, en Centroamérica.
Aun así, la actual administración ha dejado claro su deseo de que se conforme una comisión regional en Centroamérica para combatir la corrupción, y la creciente lista de acusaciones sugiere que el presidente Hernández sería un objetivo de dicha iniciativa.
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