El expresidente de Perú Alejandro Toledo ha sido acusado con cargos de lavado de dinero y conspiración; el tercer presidente peruano en la historia reciente en estar implicado en actividades criminales en un país en el que la corrupción rampante se mantiene arraigada en los más altos niveles.
Toledo comenzó a ser investigado en enero pasado tras la compra, por parte de su suegra belga, de una casa y una oficina en Perú por un valor de US$5 millones con de fondos de origen desconocido. Un informe, aprobado esta semana por la Comisión de Fiscalización del Congreso, afirma que el expresidente habría dado declaraciones contradictorias sobre la compra al grupo que investigaba su participación, informó Prensa Latina.
El informe sostiene que Toledo creó la firma Ecoteva Consulting Group en Costa Rica en 2012 –que se ha afirmado que es una empresa fantasma- y que usó fondos de esta empresa para ayudar a financiar la compra, informó Perú 21.
También se cree que Yosef Maiman, un millonario peruano-israelí, habría invertido dinero en la compra, usando patrones típicos en el lavado de dinero –el dinero fue transferido a través de una red de cuentas bancarias y compañías, incluyendo a la firma costarricense, según Prensa Latina. El informe también involucra a la esposa de Toledo, Eliane Karp, de ascendencia belga y polaca.
Los oponentes del informe, y el mismo Toledo, han rechazado las acusaciones, tildándolas de ser un ataque político al expresidente, quien planea postularse como candidato presidencial por su partido Perú Posible en las elecciones de 2016.
El informe ahora será pasado al congreso, y de ser aprobado, sería enviado al Ministerio Público para ser investigado.
Análisis de InSight Crime
Pese a que es posible que el caso contra Toledo tenga connotaciones políticas, ésta no sería la primera vez que es acusado por negocios corruptos. En las elecciones presidenciales de 2011, en las que también fue candidato, fue acusado de tener vínculos con una prominente familia implicada en el lavado de dinero del narcotráfico. Durante esas elecciones, todos los principales candidatos enfrentaron acusaciones de tener vínculos con actividades criminales –una clara ilustración de cuán endémica es la corrupción política en Perú, incluso en comparación con otros países altamente corruptos de Latinoamérica.
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Toledo es apenas uno de los tres presidentes peruanos que, en la misma cantidad de décadas, ha sido puesto bajo la luz pública por actividades criminales. El expresidente Alan García también ha sido acusado de transacciones ilegales de propiedad así como de enriquecimiento ilícito, y ha sido implicado en el escándalo de pagos por indultos, en el que cientos de narcotraficantes convictos se aseguraron una liberación anticipada de la cárcel. Mientras tanto, el expresidente Alberto Fujimori ha sido condenado por malversación de fondos y abusos de Derechos Humanos, y muchas personas de su círculo de allegados son buscadas por cargos de corrupción. El actual presidente Ollanta Humala también ha sido acusado de tener vínculos con dinero del narcotráfico.
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