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Corrupción y bienes de la mafia en Colombia: un mal difícil de extinguir

COLOMBIA / 9 NOV 2020 POR JUAN CAMILO JARAMILLO ES

El hallazgo de un nuevo caso de corrupción vinculado con el manejo de los bienes incautados a los criminales en Colombia expone, una vez más, las falencias institucionales de un modelo que no ha logrado superar los fantasmas del pasado.

Una investigación publicada por el diario El Espectador el pasado 26 de octubre, reveló detalles sobre la existencia de una red de corrupción al interior de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, de la cual serían partícipes altos funcionarios de este organismo judicial, agentes federales de Estados Unidos y abogados de reconocidos narcos.

Según las inspecciones adelantadas por la Fiscalía, el abogado Luis Valero, en complicidad con la fiscal Mónica Valencia y agentes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), habrían ofrecido una serie de beneficios al narcotraficante colombiano Javier García Rojas, alias ‘Maracuyá’, dentro de los cuales se incluía una tarjeta de salida de la Lista Clinton, a cambio del pago del 10 por ciento de los bienes expropiados en su contra.

Uno de los bienes expropiados a García Rojas fue un gran lote industrial en la zona de Mamonal, de la ciudad de Cartagena, cuyo valor se estimó en 419 mil millones de pesos colombianos (US$108 millones) y que cuenta con una aprobación preexistente para la construcción de un puerto.

Valero, quien fungió como abogado defensor en el proceso de extinción de dominio en contra de Maracuyá, fue quien le ofreció directamente la salida negociada con las autoridades estadounidenses.

El principal socio de alias Maracuyá, José Bayron Piedrahíta Ceballos, conocido con los alias de "El Árabe" o "El Patrón de Caucasia", un narco que se mantuvo invisible hasta que fue arrestado en Argentina en 2017, también confirmó la existencia del paquete de beneficios que varios funcionarios de esta dirección junto con los agentes de los Estados Unidos, estarían ofreciendo a los indiciados.

VEA TAMBIÉN: La nueva generación de narcotraficantes colombianos post-FARC: “Los Invisibles”

No obstante, el caso de Maracuyá no ha sido el único que ha llamado la atención sobre las malas prácticas de la dependencia de extinción de dominio de la Fiscalía colombiana. Acusaciones en contra de la antigua directora, Andrea Malagón, develaron una serie de maniobras de corrupción que se presentaron en el proceso de extinción de dominio del proyecto inmobiliario Meritage en la ciudad de Medellín.

Análisis Insight Crime

El proceso de incautación de dominios de la mafia en Colombia ha estado cubierto por un manto de irregularidades desde hace varias décadas. A pesar de las múltiples reformas que ha sufrido este sistema, los casos de corrupción siguen siendo un factor predominante.

En 2014, la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) fue clausurada por orden del entonces presidente, Juan Manuel Santos. Los múltiples escándalos de corrupción que involucraban a congresistas y funcionarios de la extinta entidad estatal, llevaron al gobierno a crear la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con la cual se administrarían los casi 70.000 bienes incautados a la mafia.

Con la instauración de la SAE, el gobierno tenía la intención de optimizar los procesos de extinción de dominio, mejorar las capacidades técnicas en el manejo de los bienes de procedencia ilícita y evitar la participación de políticos en dichos procesos. Sin embargo, 6 años después de su creación, la SAE se ha convertido en foco de críticas y cuestionamientos.

Un informe de evaluación realizado por la Contraloría General de la República en 2020, exhibe una serie de irregularidades que han acompañado a la SAE en el manejo de dichos bienes.

VEA TAMBIÉN: Decomiso de activos en Latinoamérica: ¿un dilema moral?

Dentro de las problemáticas encontradas por la Contraloría, se destacó la falta de presupuesto de varios programas, la inexistencia de procesos de rendición de cuentas, así como la prolongada duración de los procesos judiciales y las dificultades en el desalojo de los predios incautados, entre otros asuntos.

“Las principales problemáticas asociadas a los procedimientos de extinción de dominio en Colombia, están fundamentadas en la inexistencia de una política criminal de respaldo y la falta de un control externo que garantice las buenas prácticas. Algunos obstáculos han venido siendo superados por la SAE, sin embargo, hay una evidente falta coordinación entre las diferentes entidades involucradas en los procesos de enajenación de bienes”, explicó a InSight Crime, Jairo Ignacio Acosta, profesor y abogado experto en procesos de Extinción de Dominio.

A pesar de este panorama, Colombia sigue siendo un referente a nivel regional debido a su extensa trayectoria en el manejo de estos procesos. Asimismo, es el país en América Latina con el mayor número de bienes expropiados a organizaciones criminales y se ha venido adaptando adecuadamente a los estándares internacionales de acuerdo con reportes de Naciones Unidas.

México también ha enfrentado problemas en el manejo de bienes expropiados, que en septiembre motivaron la renuncia del director de su Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (IDPR), como muestra de su frustración ante los numerosos vehículos, joyas y otros bienes perdidos o usados de manera indebida.

Pero la región también ha visto ejemplos positivos. En Argentina, las autoridades usaron bienes expropiados a narcotraficantes para combatir la pandemia de COVID-19. Autos de lujo que pertenecieron a delincuentes se han usado para transportar pacientes y como patrullas de vigilancia, mientras que varias propiedades embargadas en operativos criminales se han convertido en instalaciones médicas.

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